Sri Lanka queda bajo escrutinio por supuestas violaciones de derecho humanos

Colombo, 23 mar (EFE).- El Gobierno de Sri Lanka quedó este martes bajo el escrutinio internacional por supuestas violaciones de derechos humanos y la marginación de minorías tras una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobada con el voto de 22 de los 47 miembros y que desencadenó el aplauso de activistas.

La resolución «Promoción de la reconciliación, la rendición de cuentas y los derechos humanos en Sri Lanka», aprobada hoy en Ginebra, insta al Gobierno esrilanqués a garantizar a sus ciudadanos el pleno disfrute de derechos sin distinción de religión, creencias u origen étnico.

El documento da además el mandato a la alta comisionada Michelle Bachelet de recabar pruebas sobre los crímenes cometidos durante la cruenta guerra civil que enfrentó al Ejército contra la guerrilla de los Tigres Tamiles (LTTE).

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) celebró la resolución como un «importante paso adelante» que brinda «una esperanza renovada de una justicia muy esperada» para las víctimas de la guerra de casi tres décadas que concluyó en 2009.

«Instamos a Sri Lanka a que se comprometa constructivamente con el Alto Comisionado de Derechos Humanos a implementar las recomendaciones y a permitir el acceso total y sin restricciones al país», declaró la representante internacional de AI ante la ONU en Ginebra, Hilary Power.

El Gobierno del país insular, que ha negado reiteradas veces estas acusaciones, esperaba el apoyo de varios países aliados para impedir la aprobación del documento.

«Intentamos derrotar las acusaciones falsas que se nos hacen. Muchos países amigos se han unido a nosotros en esto», dijo en las vísperas de la votación el ministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka, Dinesh Gunawardena.

Gunawardena, sin referirse a la aprobación del documento, agradeció hoy a las naciones que se opusieron o abstuvieron en la votación, entre ellas Pakistán, Bangladesh, la India, Cuba, China, y Rusia.

MINORIAS MARGINADAS

Semanas antes de la sesión del CDH, Sri Lanka anunció su decisión de permitir el entierro de los fallecidos por coronavirus, poniendo fin a las protestas de activistas de derechos humanos y la comunidad musulmana que pidieron durante un año detener la cremación forzosa.

El Gobierno «levantó esta ley draconiana para satisfacer a los miembros del CDH. Si realmente respetara a las minorías lo habría hecho antes de manera coherente y no solo para obtener el apoyo de los países miembros del CDH», dijo a Efe el exministro Ali Zahir Moulana.

La actitud del Gobierno frente a sus minorías, en este país de mayoría budista, fue cuestionada también en los últimos días después de que miembros del gabinete anunciasen su intención de prohibir el burka o velo facial como medida de seguridad nacional.

El secretario de Relaciones Exteriores, Jayanath Colombage, aclaró después en un comunicado que esta era una propuesta que está en discusión tras los atentados del Domingo de Resurrección, atribuidos a un grupo yihadista local inspirado en el Estado Islámico (EI).

El ministro de Seguridad Pública, el contralmirante Sarath Weerasekara, defensor de la propuesta sobre el burka como una medida de «seguridad nacional», dijo a Efe que «las acusaciones de violaciones de derechos humanos son historias inventadas».

En la isla «los cingaleses, musulmanes y tamiles viven como hermanos y hermanas», añadió.

A juicio del profesor de la Universidad de Jaffna, Mahendran Thiruvarangan, en el país persisten dos problemas: la falta de responsabilidades por los abusos contra la comunidad tamil durante la guerra y «las violaciones de derechos humanos en curso».

El Estado debería haber abordado estas demandas, por lo que ahora es responsable de su «internacionalización», concluyó. EFE

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