Un canal de TV de Colombia revela un video de los periodistas ecuatorianos secuestrados

Una concentración el 1 de abril de 2018 en Quito en apoyo de las familias del fotógrafo Paul Rivas, el periodista Javier Ortega y el chofer Efrain Segarra, secuestrados en Colombia afp_tickers

Un equipo de prensa ecuatoriano secuestrado hace una semana en la frontera con Colombia pidió al gobierno de Ecuador que llegue a un acuerdo con los secuestradores, en un video difundido en Bogotá por el canal de televisión privado RCN en la madrugada del martes.

La grabación supone la primera prueba de vida que se hace pública del periodista, el fotógrafo y el chofer del diario El Comercio, uno de los más influyentes de Ecuador, secuestrados por presuntos guerrilleros colombianos disidentes.

En el video de 23 segundos se ve al reportero Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el chofer Efraín Segarra (60) abrazados, con cadenas y candados al cuello.

Uno de los rehenes pide al gobierno del presidente Lenín Moreno un acuerdo para su liberación.

Según se le oye decir en el video, los captores – a quienes no identifica – exigen un intercambio por «sus tres detenidos» en Ecuador para «ir sanos y salvos» a su país, y el fin de la cooperación antiterrorista con Colombia.

RCN no reveló cómo obtuvo el video ni la fecha o lugar donde fue grabado.

El jueves el gobierno ecuatoriano, a través de ministro de Interior, César Navas, dio a conocer que estaba en negociaciones para obtener la liberación del equipo de prensa.

Ortega y sus compañeros fueron secuestrados mientras realizaban reportajes en la frontera con Colombia, donde las autoridades de ambos países persiguen a guerrilleros que se apartaron del proceso de paz con las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El Ejército colombiano señaló a los disidentes que comanda el ecuatoriano Walter Artízala, conocido como Guacho, como los responsables del primer secuestro que golpea a la prensa ecuatoriana en décadas.

Los grupos disidentes están implicados en el narcotráfico y en la minería ilegal, según ambos gobiernos.