El color del dinero

Keystone

Suiza dispone una de las leyes más estrictas en materia de blanqueo de dinero, pero su aplicación no siempre está exenta de problemas. El caso Hess, destacado político nacional, ha reavivado el debate sobre el tema.

Para impedir el lavado de dinero y la gestión de fondos de origen delictivo, se ha implementado una legislación estricta, tanto en el sector bancario como en el ámbito de los intermediarios financieros (casas de cambio, abogados, notarios, correo).

Pero las leyes no han impedido que se acuse a personalidades suizas de prácticas financieras poco transparentes, como demuestra la polémica en torno a los mandatos del presidente de la cámara baja del Parlamento federal, Peter Hess, en los consejos de administración de tres sociedades buzón domiciliadas en Panamá y las Islas Vírgenes.

Son paraísos fiscales que no cumplen todavía las normas de control que estipula la ‘Financial Action Task Force ‘ (FATF), comisión de trabajo creada por el grupo de los siete países más industrializados del mundo en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El caso Hess puso de manifiesto el malestar que existe sobre las leyes vigentes en la materia, así como la aplicación y monitoreo de las mismas.

Y aunque hasta ahora no se han encontrado pruebas que comprometan al presidente del Consejo Nacional, Peter Hess, comenzaron a circular rumores y prejuicios sobre la deficitaria implementación de la legislación contra el blanqueo de dinero.

Suiza dispone de una estricta Ley federal contra el blanqueo de dinero (LBA, en su sigla francesa), que se remonta a 1998 y que somete a los intermediarios financieros a un sistema de vigilancia que los bancos conocen ya desde hace casi diez años.

La aplicación de la ley, que se basa en un órgano de autorregulación (OAR), ha encontrado tropiezos en los últimos dos años.

Algunos expertos critican la inadecuada cooperación y coordinación entre los Ministerios de Finanzas y de Justicia que intervienen en la implementación de la LBA. No se dispone del personal suficiente y debidamente preparado para tratar los casos reportados, señalan.

Cabe recordar que en Suiza operan unos 6.000 intermediarios financieros.

Si bien la ‘Financial Action Task Force’ (FATF) elogia el cumplimiento por parte del sector bancario helvético de las normas internacionales contra el blanqueo de dinero, también señala que el sector de los intermediarios financieros suizos no acata todavía las normas establecidas por la OCDE.

La situación es compleja. Suiza es un país con un sistema federativo, tanto en su estructura política como en su esquema tributario. Los intermediarios financieros operan en un campo muy vasto de actividades.

Asesoran por ejemplo a clientes de terceros países en materia fiscal. ¿Dónde está la línea de demarcación entre la optimización tributaria en favor de un cliente y el fraude fiscal? La tarea es difícil.

Un estricto secreto bancario representa quizás una de las ventajas comparativas más importantes del sector, pero falta saber hasta cuando, dada la frágil línea divisoria entre lo que es una actividad legal y una actividad ilegal.

A ello se suman las noticias de personalidades como Noriega, Mobutu, Montesinos o Borodin con haberes dudosos depositados en bancos suizos. Esas prácticas no transparentes no favorecen a nadie y dañan el prestigio del sector bancario suizo.

Una rigorosa implementación de las leyes existentes y su monitoreo evitarán campañas contra el sistema bancario y los intermediarios helvéticos.

Erwin Dettling, Zúrich