Cómo Suiza se vio envuelta -otra vez- en el caso Magnitsky
La polémica gestión suiza del caso Magnitsky -una vasta red rusa de lavado de dinero- atrae nuevamente todas las miradas. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa presentó una resolución que criticaba la respuesta de las autoridades suizas en este caso ruso, que el Tribunal Federal Suizo declaró parcialmente inconstitucional.
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Cómo Suiza se vio envuelta -otra vez- en el caso Magnitsky
El miércoles 22 de abril, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), basada en Estrasburgo, presentó una crítica resoluciónEnlace externo sobre la gestión de Suiza en el caso Magnitsky, una vasta operación transfronteriza de lavado de dinero que involucró a numerosas personas con altos cargos en Rusia. Enlace externo
El caso derivó en un fraude por 230 millones de dólares (183 millones de francos suizos) en detrimento del Tesoro ruso, que se tejió a través de operaciones tramitadas como devoluciones fiscales que eran ilegales.
La trama delictiva fue descubierta por Sergei MagnitskyEnlace externo, el abogado de Hermitage Capital Management, la principal firma de inversiones de cartera de Rusia. Pero Magnitsky fue encontrado muerto mientras se hallaba bajo la custodia rusa después de testificar en el caso. La muerte del abogado fue el punto de partida de una serie de investigaciones internacionales y sanciones contra diversas personas en Rusia.
En el caso Magnitsky se utilizaron diversas técnicas de malversación de fondos que han sido detalladamente descritas por periodistas del Novaya Gazeta, un medio de comunicación ruso, y por el consorcio internacional de periodistas conocido como OCCRP.
Explicado en breve, agentes de la policía rusa confiscaron documentos y sellos corporativos de las filiales rusas de Hermitage Fund, una firma británica de inversiones, y los usaron para volver a registrar la propiedad de esas filiales, pero a nombre de otras personas. A partir de ahí, una serie de sociedades ficticias -controladas por las mismas personas- presentaron reclamaciones financieras a las «filiales» robadas al Hermitage Fund. Esto es, crearon un esquema de operación donde actuaban como demandados y demandantes, y convencieron a los tribunales de arbitraje rusos de dictar sentencias que reflejaban pérdidas contables masivas en estas firmas. Posteriormente, prepararon los documentos necesarios para «demostrar» que dado que no había ganancias, se reunían los requisitos para solicitar una devolución de ISR ante el fisco ruso, lo que permitió a la red delictiva recuperar 230 millones de dólares pagados previamente al Tesoro ruso por concepto de impuestos. El dinero de los reembolsos fue enviado al extranjero a cuentas operadas en paraísos fiscales.
El proyecto de resoluciónEnlace externo, del que Swissinfo obtuvo una copia, obtuvo la aprobación unánime de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la PACE el 27 de enero del 2026. El documento critica las conclusiones a las que llegaron las autoridades de Suiza en este caso.
La PACE es uno de los dos órganos estatutarios del Consejo de Europa. Es también el brazo parlamentario de la organización, encargado de la promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Suiza tiene una representación en la PACE y participa en sus actividades. Aunque las resoluciones de la PACE no son de carácter vinculante, sí tienen el peso político necesario para promover un debate internacional.
En el caso de Suiza, la resolución de la PACE planteó interrogantes de gran profundidad: ¿está respetando el sistema judicial suizo las normas internacionales? ¿Por qué un caso cerrado por la fiscalía suiza hace cuatro años sigue despertando controversias en el extranjero?
Lo que está en juego no son exclusivamente los fondos congelados. En el centro de la controversia está la forma de aplicación de las normas jurídicas cuando hay casos de complejas redes de lavado de dinero trasfronterizo, y hay cuestionamientos sobre las diferencias entre el enfoque suizo y el de otras jurisdicciones.
El inicio de la historia
En 2011, Hermitage Capital presentó una denuncia penal en Suiza. El caso suizo se convirtió en una de las primeras investigaciones internacionales que inició Hermitage en materia de lavado de dinero por actos de fraude. Fue el punto de partida de un caudal de investigaciones que se realizaron después en Estados Unidos, Francia, España, los Países Bajos, Luxemburgo y los países bálticos, entre otras naciones.
En aquel momento, las autoridades suizas congelaron fondos por alrededor de 18 millones de francos suizos (22,6 millones de dólares) que estaban depositados en cuentas bancarias controladas por tres personas rusas beneficiarias del fraude: Vladlen Stepanov, entonces esposo de la funcionaria fiscal rusa Olga Stepanova (quien autorizó la devolución ilegal de impuestos); Denis Katsyv, hijo de un alto funcionario de Moscú; y Dmitry Klyuev, un banquero ruso que ya tenía condenas previas en Rusia.
En Suiza, en julio del 2021, el Ministerio Público de la Confederación (MPC) cerró formalmente una investigación sobre lavado de dinero que prolongó durante una década, argumentó entonces que había «establecido un vínculo entre algunos de los activos embargados en Suiza y el delito subyacente cometido en Rusia», pero consideró también que «no se había obtenido ninguna prueba que justificara la presentación de cargos contra alguien en particular en Suiza».
Así que solo confiscó 4 millones de francos suizos, alegando que el dinero estaba vinculado al fraude, y devolvió los 14 millones restantes a los titulares de las cuentas.
Hermitage Capital manifestó su inconformidad e impugnó la decisión ante los tribunales suizos. Pero en enero de 2025, el Tribunal Federal desestimó su último recursoEnlace externo, lo que agotó todas las posibilidades que tenía la empresa para interponer nuevos recursos en Suiza.
La decisión de devolver alrededor del 75% de los fondos congelados a los titulares de las cuentas rusas desató la crítica a nivel internacional de organizaciones de derechos humanos, especialistas internacionales en derecho y representantes del parlamento.
En julio del 2023, la Comisión Helsinki de Estados Unidos, una entidad vinculada al Congreso estadounidense destinada a promover los derechos humanos y la seguridad, se dio a la tarea de «examinar el deficiente historial de SuizaEnlace externo en la tarea de erradicar el dinero sucio ruso». Más aún, pidió sancionesEnlace externo contra tres personas de la función pública suiza relacionadas con el expediente Magnitsky, incluidos el hoy exfiscal Michael Lauber y otro exfiscal federal.
Se cuestionaba la conducta de las figuras públicas implicadas y también los vínculos entre los intereses rusos y el Ministerio Público de la Confederación. De hecho, Vinzenz Schnell, un investigador suizo involucrado en las pesquisas de alto nivel que se realizaron sobre Rusia, fue condenado por un tribunal suizo acusado de «aceptar ventajas indebidas»Enlace externo ofrecidas por figuras rusas mientras Schnell tomaba parte de investigaciones relacionadas con este país, incluido el caso Magnitsky.
Hasta ahora, el Ministerio Público de la Confederación (MPC), en su calidad de fiscalía general, ha rechazado todas las acusaciones y las peticiones de sanciones.
Oficialmente, esta investigación está cerrada en Suiza aunque sigue generando polémica en el extranjeroEnlace externo. Una decisión que fue criticada por representantes políticos del Reino Unido y de Estados Unidos.
Haciendo cuentas sobre el dinero perdido
El eje de la controversia sobre la devolución del grueso de los fondos confiscados (14 de los 18 millones de dólares congelados) es el método elegido por las autoridades suizas para calcular qué parte de los fondos se quedaría confiscada.
El MPC utilizó el llamado «método del cálculo proporcional», que le llevó a concluir que solo 4 millones debían ser confiscados de forma permanente. Las autoridades expresaron que no correspondía atribuir el remanente al Tesoro de Rusia y debía, por lo tanto, ser devuelto.
Esta interpretación y la decisión de liberar la mayor parte de los fondos en controversia fue el eje de la disputa jurídica y política que se presentó después.
El enfoque de las autoridades helvéticas se basó en la idea de que las ganancias originales se habían ido diluyendo en diversas capas de transacciones financieras. Y tras analizar este proceso de «estratificación», determinaron qué porcentaje de los fondos originales aún podían vincularse al delito perseguido y, en función de ello, redujeron en monto confiscado.
Así, mientras la fiscalía suiza defendía su método, quienes estaban a cargo de la observación jurídica en Suiza y en el extranjero reclamaban que este esquema de cálculo no suele utilizarse en casos internacionales de lavado de dinero a gran escala. En este tipo de casos, los tribunales se enfocan en el origen ilícito general de los fondos, en vez de intentar ir segmentando matemáticamente la transformación de los recursos a lo largo de las complejas cadenas financieras que atraviesan.
Figuras como Mark Pieth, quien en el pasado fuera integrante del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del G7 y extitular de la sección de economía y delincuencia organizada de la Oficina Federal de Justicia de Suiza (OFS) han cuestionado públicamente todas las implicaciones de esta interpretación. «Si lo que dicen las personas que representan a la fiscalía (sobre este método) es acertado, entonces nosotros (Suiza) seríamos un paraíso para el lavado de dinero. O tal vez sí somos el paraíso para el blanqueo de capitales», dijo a Swissinfo en una entrevista pasada. «Si hay indicadores de que el dinero proviene de fuentes ilícitas, entonces debe ser bloqueado», añadió.
¿Quiénes son las víctimas?
La controversia en el caso Magnitsky va más allá de la cantidad de dinero que debía confiscarse. Guarda una estrecha relación también con las decisiones que se tomaron en torno a quien debía considerarse como víctima del caso. La decisión del Ministerio Público de la Confederación también se diferenció de otras jurisdicciones que tuvieron que analizar el caso porque excluyó a Hermitage Capital del proceso como «parte perjudicada», una decisión que privó a la empresa de su derecho a impugnar los resultados.
Para la fiscalía helvética, la única víctima de fraude era el Tesoro ruso, una valoración que coincidía con la postura de las autoridades rusas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos optó por una visión diferente, trató el caso como un vasto plan transaccional de fraude y lavado de dinero a nivel internacional que sí reconoció a Hermitage como víctima.Enlace externo El enfoque de las autoridades francesas fue similar al estadounidense.
El escrutinio internacional y la labor de la PACE
La controversia desatada por la gestión suiza del caso Magnitsky no se limitó a los tribunales. De hecho, fue objeto de escrutinio parlamentario internacional en Estrasburgo, a través de la PACE.
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos nombró relator al parlamentario suizo Andreas Gross, y autorizó la realización de visitas de investigación Enlace externoa Moscú, Londres, Nicosia (Chipre) y Berna.
La primera vez que Gross viajó a Moscú fue en 2013, tenía como meta conocer la posición oficial de las autoridades rusas. Posteriormente, sostuvo conversaciones con el fiscal general suizo y con el vicefiscal. También se reunió con representantes de la función pública en Chipre, pues parte de los fondos se habrían canalizado a este país a través de estructuras extraterritoriales (offshore).
Esta misión dio lugar a un informe Enlace externo y a una resoluciónEnlace externo que instaban a las autoridades rusas a investigar a fondo los antecedentes y las circunstancias que rodearon la muerte de Magnitsky, y les exhortaban a cooperar activamente con las autoridades de los países europeos que estaban involucrados en el caso, incluida Suiza, en investigar el lavado de dinero por concepto de fraude.
Una década más tarde, la PACE se dio a la tarea de estudiar el papel de Suiza en el caso. En abril de 2024, el parlamentario estonio Eerik-Niiles Kross presentó una propuesta de resoluciónEnlace externo que pedía una nueva investigación sobre la decisión suiza de liberar la mayor parte de los fondos congelados. En octubre de 2024, la PACE nombró a la parlamentaria y abogada ucraniana Lesya Vasylenko relatora especialEnlace externo, encomendándole la elaboración de un informe y un proyecto de resolución sobre este tema.
«Las ganancias obtenidas del delito denunciado por Sergei Magnitsky que fueron depositadas en Suiza no debían ser devueltas a las figuras consideradas como presuntas autoras», dijo Kross a Swissinfo cuando se le consultó que debió hacer Suiza para atacar de una forma más eficaz el lavado de dinero.
Las personas encargadas de realizar relatorías para la PACE frecuentemente tienen que realizar misiones de investigación en los Estados miembros como parte de una labor supervisora de la Asamblea. Por ejemplo, se han realizado en países como HungríaEnlace externo, GeorgiaEnlace externo, AzerbaiyánEnlace externo, Rumanía Enlace externoo TurquíaEnlace externo. Pero una misión enfocada en un país como Suiza es inusual.
Una bienvenida gélida
Vasylenko viajó a Suiza en marzo del 2025 para realizar su misión de investigación en nombre de la PACE. Para ello, se programó en Berna una jornada con múltiples reuniones entre la relatora especial y representantes del Parlamento y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza.
La parlamentaria ucraniana dijo a Swissinfo que su visita oficial a Berna no estuvo exenta de «tensión». Aseguró que durante las conversaciones que sostuvo con algunas de sus contrapartes en Suiza hubo reacciones «fuertes» e «inapropiadas» por parte de integrantes de la delegación suiza de la PACE. La cobertura periodística suiza reflejó la posición defensiva de algunas personas de la delegación suiza, que criticaron fuertemente el borrador del informe y a la propia Vasylenko, a pesar de que el documento no estaba publicado aún.
El Ministerio de Asuntos Exteriores también realizó un pronunciamiento Enlace externosobre la visita: «Suiza posee un robusto sistema de salvaguardias contra los fondos ilegales».
Un giro en los acontecimientos
En diciembre de 2025, el caso dio un giro. El Tribunal Federal suizo dictó una resolución que rechazaba el método proporcionalEnlace externo en el que había sustentado el MPC sus cálculos en el caso Magnitsky, por considerarlo incompatible con la legislación suiza. Esta resoluciónEnlace externo puso en tela de juicio los argumentos esgrimidos por Suiza para liberar la mayor parte de los fondos congelados.
La resolución, que se derivaba a su vez de un recurso interpuesto por Katsyv, uno de los ciudadanos rusos cuyos activos y los de sus empresas fueron confiscados luego de que el Tribunal Penal Federal ratificara en 2023 la orden de clausura del caso pronunciada por el MPC en 2021.Enlace externo
Las empresas de Katsyv eran una pieza fundamental en el caso suizo, ya que sus cuentas helvéticas fueron congeladas porque se sospechaba que habían sido canales activos para el desplazamiento de fondos de lavado de dinero por fraude. Tras el giro que dio el caso, el Tribunal Federal suizo ordenó que volviera a calcularse la reclamación de indemnización, pero a partir de cualquiera de dos métodos: el «correctivo intencional» o el «residual», este último también conocido como de «sedimentación».
El método correctivo intencional pone el acento en si la persona o empresa con la titularidad de la cuenta tenían una intención deliberada de blanquear capitales derivados de algún delito. Si esta intención puede demostrarse, el monto total de la cuenta puede ser confiscado.
El método de sedimentación es más restrictivo y se centra en los fondos vinculados a las transacciones ilícitas. En el presente, el Tribunal Penal Federal debe reevaluar el importe de la indemnización del Estado en función de lo que decida el Tribunal Federal.
Esta decisión es fundamental porque sentará un precedente histórico para futuras sentencias relacionadas con la confiscación de fondos ligados al fraude internacional.
«El método de cálculo utilizado en estos casos nunca había sido abordado de forma definitiva por el tribunal supremo del país», destacó Damien Cottier, parlamentario suizo y miembro de la PACE. Añadió que la sentencia establece un nuevo marco jurisprudencial de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades y tribunales con menos rango. El proyecto de resolución de la PACE -aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos-, y el informe «recibieron con beneplácito la decisión del Tribunal Federal».
Entre bastidores en Estrasburgo
En enero de 2026, la abogada Vasylenko presentó su informe y un primer proyecto de resolución ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la PACE. Fuentes involucradas con el caso en Estrasburgo dijeron a Swissinfo que el texto recibió críticas de la delegación suiza, que considera que el documento tergiversa el enfoque judicial helvético.
En los días posteriores, las gestiones y negociaciones realizadas por algunas figuras parlamentarias consiguieron que se elaborara una versión revisada del borrador, que en su segunda versión valoraba de una forma menos crítica a Suiza.
Cottier dijo a Swissinfo que realizar comparaciones con investigaciones hechas por otros países suele ser engañoso. «Los sistemas judiciales nacionales tienen diferencias considerables. En Estados Unidos, este caso se decidió a través de un acuerdo extrajudicial, no hubo sentencia, algo que es imposible en Suiza», dijo. La segunda versión de la resolución de Vasylenko fue criticada por algunas voces parlamentarias europeas durante las audiencias de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la PACE, por considerar que no reflejaba plenamente la responsabilidad que tuvo Suiza en la devolución de fondos ligados al fraude internacional.
El proyecto final de resolución integró algunas de las enmiendas propuestas por integrantes de la Comisión. El texto adoptado destaca que las autoridades de Estados Unidos y Francia concluyeron que el fraude y lavado de dinero fueron materializados por una organización delictiva en la que estaban coludidas personas del Gobierno ruso. Una conclusión distinta a la realizada por la fiscalía suiza, que no reconoció que había relación con una organización criminal.
Esta distinción no es sutil y hace una gran diferencia en la legislación suiza. Cuando el lavado de dinero Enlace externo está relacionado con una organización delictivaEnlace externo, las normas que deben aplicarse son claras: la fiscalía no tiene que demostrar que los activos son de origen ilícito. Son las personas presuntas culpables quienes deben demostrar que los fondos tienen un origen legítimo. Y cuando se trata de activos vinculados a una organización criminal, los fondos pueden ser confiscados en su totalidad, sin tener que realizar estimaciones sobre los montos parciales que tendrían que ser devueltos, como sucedió en Suiza.
La participación parlamentaria también dejó asentado en la resolución que la investigación suiza se vio ensombrecida por las graves acusaciones de que integrantes de la función pública suiza habían aceptado favores indebidos de figuras de alta responsabilidad en Rusia. E incluye recomendaciones para el sistema judicial suizo, como ampliar la confiscación, aunque no haya sentencia penal, y reformar la legislación nacionalEnlace externo para que esto sea posible.
Vasylenko declaró a Swissinfo que la fortaleza de la Asamblea radica en su capacidad para conciliar posiciones encontradas y alcanzar acuerdos que reflejen los valores compartidos por las naciones integrantes, manteniendo este esfuerzo en el marco de lo que es aceptable para las autoridades de cada país. «A veces eso requiere suavizar algunas formulaciones», afirmó, «pero, al final del día, lo que importa es mantener el principio que se defiende y que las palabras de un informe se traduzcan en acciones».
¿Cuál es el siguiente paso?
la ResoluciónEnlace externo de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa relativa al seguimiento del caso Magnitsky y la exigencia de responsabilidades a sus autores tuvo lugar el 22 de abril de 2026 durante la sesión plenaria de la PACE.
El informe de la PACE somete al escrutinio internacional la forma en la que se conducen los procesos judiciales en Suiza.
Para Vasylenko, esta resolución puede animar una revisión de la legislación suiza y también los enfoques judiciales en los casos en los que se lucha contra la corrupción. Puede conducir también a los tribunales y autoridades investigadoras, suizos y de otros países, a revisar los criterios que aplican cuando analizan casos de esta envergadura. «Cada resolución puede ser interesante para la población dentro del propio país porque puede ser usada para impulsar cambios», afirmó Vasylenko. Adicionalmente, este tipo de resoluciones pueden ser un sustento para los argumentos políticos nacionales cuando se quieren realizar cambios.
«Puede ser un apoyo para las reivindicaciones a nivel nacional», expresó Liliane Maury Pasquier, expresidenta de la PACE y delegada suiza con una larga trayectoria en esta organización.
Pero hay puntos clave del caso que siguen sin resolverse: ¿qué sucederá con el 75% de los fondos que se liberaron y se devolvieron si se recalcula la indemnización a partir de los criterios que anuncie el Tribunal Federal? ¿Afectaría esta decisión también a los fondos pertenecientes a Stepanov, el otro ciudadano ruso cuyos fondos producto del fraude están aún en cuentas bancarias suizas?
El banco suizo UBS, institución financiera que gestiona las cuentas corporativas y personales de Katsyv y Stepanov, declinó hacer comentarios.
El Ministerio Público de la Confederación (MPC) aseguró que el caso sigue en curso, pero también evitó hacer comentarios adicionales al respecto.
Editado por Virginie Mangin. Adaptado del inglés por Andrea Ornelas. Versión en español revisada por Carla Wolff.
*Este artículo fue escrito y publicado en su versión original antes de la resolución del 22 de abril de 2026.
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