Bielorrusia continúa campaña de persecución de los participantes en las protestas de 2020

Moscú, 29 abr (EFE).- Cinco años después Bielorrusia continúa la campaña de persecución de los participantes en las protestas postelectorales de 2020 y está en el punto históricamente más bajo en materia de abusos de los derechos humanos, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI).

«Las detenciones y el procesamiento de los disidentes siguieron siendo generalizados, en particular contra los participantes y simpatizantes de las masivas protestas pacíficas de 2020, cuyos familiares también fueron acosados», dice el documento.

AI sostiene que en junio la Policía registró las casas de 160 personas, «principalmente de familiares de manifestantes injustamente arrestados».

En diciembre del pasado año 1.265 personas se encontraban encarceladas por cargos políticos, mientras que otras 3.000 fueron liberadas, según datos del Centro de Derechos Humanos Viasna.

El mismo centro también afirma que hasta 55 personas fueron detenidas en 2024 al volver del país tras encontrarse en el exilio.

Bielorrusia sigue empleando métodos de torturas y otras prácticas inhumanas contra sus detenidos, como la incomunicación de algunos reclusos que son importantes opositores políticos.

Hasta cinco personas murieron durante su procesamiento, como Vadzim Khrasko y Igor Lednik, cuyas malas condiciones de salud eran conocidas por las autoridades.

A algunos casos extremos de incomunicación de reclusos Amnistía los llama ‘desapariciones forzosas’, cuando no se conoce absolutamente nada de un detenido durante un tiempo extendido, algo que pasó con los activistas políticos Serguéi Tijanovski, Ígor Losik, Maxim Znak, Mijaíl Statkévich o Víctor Babariko.

También ha seguido la persecución política contra Svetlana Tijanóvskaya, líder opositora en el exilio, y sus allegados, llegando a celebrar 20 juicios en ausencia contra analistas políticos y asesores, imponiéndoles penas de más de 10 años de prisión.

El informe señala que creció la censura, lo que se ha reflejado en el aumento de las etiquetas de ‘material extremista’ por parte de las autoridades, así como la cantidad de personas ‘involucradas en actividades extremistas’, que en diciembre de 2024 componía una lista de 4.707 personas.

A final de año también se contaron 45 periodistas encarcelados.

Otro de los colectivos más perseguidos fueron los LGBTI, después de la propuesta en febrero de imponer sanciones administrativas a la ‘propaganda de relaciones familiares no tradicionales’, lo que incluye la homosexualidad, la pedofilia y el rechazo a tener hijos. EFE

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