Chats pirateados revelan métodos cuestionables por parte de fiscales suizos y brasileños
La operación Lava Jato, lanzada en 2014, tenía como objetivo luchar contra la corrupción en las más altas esferas del poder político y empresarial de Brasil. Se cerró a principios de febrero. Ahora, unas revelaciones ponen en el punto de mira al grupo de trabajo. Esta vez no se trata de los miles de millones de dólares pagados en sobornos a grupos políticos, sino de los investigadores y jueces implicados en la operación – lo que pone en entredicho la cooperación con las autoridades suizas.
Durante los últimos seis años, Suiza ha sido una pieza clave en la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil, la denominada operación ‘Lava Jato’ (operación Autolavado). Esta operación ha sacado a la luz los negocios turbios de algunas de las principales empresas y partidos políticos del país.
En el marco del acuerdo de asistencia judicial entre Suiza y Brasil, el Ministerio Público de la Confederación (MPC, fiscalía general de Suiza) congeló más de mil cuentas en 40 bancos diferentes por un valor de 1 100 millones de dólares (970 millones de francos). Brasil envió 210 solicitudes oficiales de asistencia judicial para investigar a personas sospechosas. Sin la colaboración de Suiza, muchos casos probablemente nunca se habrían podido llevar a juicio en Brasil. En total, Suiza devolvió más de 700 millones de dólares (620 millones de francos) encontrados en cuentas bancarias en Ginebra, Lugano y Zúrich.
Sin embargo, las recientes revelaciones arrojan nueva luz sobre la cooperación entre los fiscales suizos y brasileños. Según los documentos publicados por el Tribunal Supremo de Brasil, los investigadores intercambiaron parte de la información sobre las cuentas bancarias y los nombres de las personas sospechosas a través de la aplicación de mensajería instantánea Telegram y no a través de los canales oficiales.
Estas revelaciones abren interrogantes: ¿Es legal que los investigadores de diferentes países intercambien información de manera informal? ¿Han violado los acuerdos de cooperación y minado el Estado de derecho?
Posible delito de connivencia
La historia se remonta a 2019, cuando piratas informáticos consiguieron acceder a los teléfonos de los fiscales brasileños y, en particular, a cientos de mensajes intercambiados a través de Telegram. Cuando los detalles llegaron a conocimiento de la prensa ese año, salieron a la luz las primeras evidencias de connivencia entre el entonces juez Sergio Moro, encargado de juzgar los casos, y los fiscales que debían investigar la corrupción.
Al inicio de las operaciones anticorrupción en 2014, Moro se convirtió en una especie de héroe nacional en un país sediento de cambios en su sistema político y de terminar con la corrupción endémica.
Una de sus decisiones más relevantes fue condenar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción, una condena que los juristas siguen cuestionando porque consideran que se basó en pruebas débiles o inexistentes.
Los chats filtrados -divulgados por primera vez en los medios brasileños en 2019 – confirmaron estas dudas, desatando una condena mundial de la detención de Lula.
“Nos causó estupor ver cómo se habían violado sin pudor las reglas fundamentales de debido proceso brasileñas. En un país en el que la justicia es igual para todos, un juez no puede ser a la vez juez y parte del procedimiento”, dice un comunicado conjunto firmado por Susan Rose-Ackerman (Facultad de Derecho de la Universidad de Yale), Herta Daubler-Gmelin (exministra de Justicia alemana) y Baltasar Garzón (juez español famoso por solicitar la extradición de Pinochet), entre otros.
De hecho, Lula no pudo participar en la campaña presidencial de 2018, en la que era el candidato en cabeza, dejando así el camino abierto para la elección del candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro.
Una vez en el poder, Bolsonaro nombró a Moro como ministro de Justicia. Y fue en este nuevo cargo que el exjuez autorizó una operación policial para incautar el material de los hackers y detener a los autores de los ataques de 2019. Los piratas informáticos siguen en prisión.
Tribunal Supremo autoriza acceso a los documentos
El caso dio un nuevo vuelco la semana pasada, cuando el Tribunal Supremo de Brasil ordenó que los datos incautados por la policía federal brasileña fueran puestos a disposición del equipo de defensa de Lula.
En Brasil, el caso ha hecho tambalear al alto tribunal y las revelaciones de los intercambios de información a través de Telegram han provocado indignación entre varios miembros del Tribunal, sobre todo respecto a cómo se gestionaron las investigaciones de la operación Lava Jato entre los jueces y los fiscales, y cómo se construyeron los casos
Según el equipo de defensa de Lula, los chats de Telegram pirateados revelan “canales clandestinos” de cooperación entre los brasileños y los suizos. Los fiscales brasileños sostienen que no se hizo nada al margen de la ley.
Uno de los argumentos de la defensa del expresidente es que, lejos de las vías tradicionales de la cooperación internacional, los suizos y los brasileños utilizaron chats informales durante más de un año para intercambiar nombres de sospechosos, así como información sobre cuentas bancarias y tramas de corrupción.
Intercambio constante de datos a través de chats
El 23 de marzo de 2016, por ejemplo, el entonces fiscal general de Suiza Stefan Lenz escribía a sus homólogos brasileños en el grupo de chat en Telegram: “Algunas informaciones sobre Alvaro Novis: es el beneficiario de una cuenta de Siena Assets International Corp. también en el banco PKB. Está también muy involucrado en la estafa”. El mensaje iba acompañado con hojas de cálculo de pagos realizados por Odebrecht, uno de los mayores conglomerados empresariales de Brasil.
Al día siguiente, el intercambio de nombres y cuentas continuó. Lenz preguntaba: “Tenéis alguna información sobre Jose Americo Vieira Spinola, está involucrado en la trama ODE [Odebrecht] con Erie International LLC, cuenta en el banco PKB?” También solicitaba información sobre Antonio Claudio Albernaz Cordeiro (Tonico), facilitando detalles de sus cuentas y banco.
La práctica se prolongó durante meses con muchos otros sospechosos implicados. El 25 de agosto de 2016, Lenz informaba al grupo de chat sobre un informe bancario que mencionaba a un tal Luiz Antonio Batagini. “Está implicado en vuestras investigaciones/¿Estáis interesados en él o en su cuenta bancaria?”.
Este no fue un comportamiento aislado. En 2017, después de que Walter Maeder sucediera a Lenz al frente del MPC, la práctica siguió. El 2 de febrero de ese año, Maeder se unió al grupo de chat e hizo una primera solicitud. “Tenéis algo sobre Ronaldo Cezar Coelho [banquero y miembro de la Cámara de Diputados de Brasil]? “Tenéis algún caso abierto o estáis interesados? Tengo un informe sobre dinero sospechoso. ¿Todavía hay algunos millones en ella? Si os interesa, contactarme y decidme quién es el responsable en vuestro lado”, preguntaba.
En Brasil, la respuesta fue clara: “Tiene una conexión con José Serra. Serra es, de hecho, un político brasileño. Hay un tipo de ODE [Odebrecht] que dice: Ronaldo recibe sobornos y se los da a Serra”, escribía el fiscal del caso Lava Jato, Diogo Castor de Mattos.
Serra –exgobernador de São Paolo, exministro de Asuntos Exteriores y de Sanidad, senador y candidato presidencial en varias ocasiones –ha sido una figura política de peso desde el final de la dictadura militar (1985).
Presiones en reuniones
En sus mensajes, los fiscales brasileños y suizos no se limitaron a compartir nombres o peticiones personales. Los intercambios en Telegram dejaban claro que los datos se utilizarían para presionar a los sospechosos durante las reuniones en Brasil.
El 7 de abril de 2016, el fiscal Deltan Dallagnol enviaba una petición directa a Lenz. “Stefan, ¿tienes una lista de [empresas] offshore y cuentas en paraísos fiscales de Odebrecht?”. Menos de 20 minutos después, el magistrado suizo respondía afirmativamente. “Sí, una que incautamos a FM (Fernando Miggliaccio)”. Dos meses antes, las autoridades suizas habían detenido en Ginebra a Fernando Miggliaccio, exdirigente del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y responsable de organizar el pago de sobornos.
Lenz mencionaba que un consejero de la embajada suiza en Brasilia tenía autorización para pasar los datos a los brasileños, pero solo con “fines de inteligencia”. Según los suizos, los archivos contenían no solo las empresas offshore y otras cuentas, sino también “todos los pagos realizados por las empresas offshore de ODE”.
Una vez más, el acceso a la información se compartió a través del chat del grupo el 11 de abril. Además del consejero de la embajada suiza, Lenz ofreció otra forma para que el grupo tuviera acceso a los datos.
“Si os resulta útil para la reunión de mañana, puedo daros la información sobre todas las offshore controladas directa e indirectamente por ODE en lo referente a FM (Fernando Miggliaccio) para mañana por la mañana, hora suiza”, escribía.
Sin especificar el carácter de la reunión, uno de los fiscales de Lavado Jato, Orlando Martello, respondía sobre cómo iba a utilizar los datos que el suizo le pasaría por chat.
“La información sobre cuántas [empresas] offshore están relacionadas directa o indirectamente con ODE sería útil para las reuniones de mañana”, decía Martello. “No les daré los nombres de las empresas, pero les diré que tienen que aclarar todas las operaciones que hicieron sus offshores (bajo su control) y, por lo menos, explicar y esclarecer las transacciones y los beneficiarios finales de las offshores asociadas a ella [Odebrecht]. Además, les exigiré más información [sic] que ya me has solicitado”, escribía.
Tal y como había prometido, al día siguiente, Lenz envió un archivo PDF al grupo de chat. “Aquí está la lista”, decía. “Los nombres que aparecen en ‘gestionado por’ no están en la hoja original. Nos lo ha contado FM o lo sabemos por otras pruebas que tenemos. Buena suerte en las reuniones de hoy”, escribía el suizo.
La información sobre la red de empresas se consideraba fundamental para desentrañar el caso Odebrecht. A diferencia de otras empresas investigadas por Lava Jato, Odebrecht había creado un sofisticado sistema para camuflar la trayectoria de los pagos de sobornos.
Primero se facilitaron los nombres, los datos oficiales llegaron después
Los chats muestran también cómo la operación Lava Jato proporcionó al fiscal general de Suiza los nombres de personas sospechosas de estar involucradas en casos de corrupción y que, meses después, llegaron a un acuerdo para colaborar con la justicia. La lista incluía a altos cargos de Odebrecht. Según consta en las transcripciones, los representantes del MPC suizo pidieron confidencialidad a los brasileños y sugirieron mantener en secreto el intercambio de información.
Los miembros del grupo hablaron principalmente sobre los términos de lo que sería el acuerdo de indulgencia con Odebrecht, que la empresa firmó con el Ministerio Público de Brasil (MPF) en diciembre de 2016 y la fiscalía de Suiza.
El 19 de septiembre de 2019, el fiscal Orlando Martello escribió a los otros miembros del grupo de trabajo de Lava Jato: “Chicos, le he pasado a Stefan (in off) la lista con posibles nombres para el acuerdo”, en referencia a Stefan Lenz.
Martello no explicó a sus colegas por qué utilizó el término “in off” al referirse a la cooperación con Suiza. El fiscal brasileño continuó su mensaje, explicando y copiando la respuesta que había recibido de Lenz. El suizo se quejaba de que, en la lista enviada por Lava Jato, faltaban algunos nombres.
“OK Orlando. Faltan algunas personas en la lista”, decía Lenz. “No los he verificado todos. Pero tengo en mente los siguientes nombres: [siguen diez nombres completos]. ¿Algún comentario sobre estos nombres?”, preguntaba el fiscal suizo.
Martello explicó entonces a los demás fiscales: “Todavía no le he preguntado, pero seguro que conoce a estas personas porque están implicadas en su investigación”. Prácticamente todos los nombres en la lista de Lenz eran de altos cargos de Odebrecht.
Diferentes interpretaciones de la ley
Dada la cantidad de información intercambiada, hay dos valoraciones diferentes de los mensajes. Los fiscales brasileños consideran que nada de esto puede ser considerado ilegal, ya que el intercambio de inteligencia debe formar parte de la lucha contra la corrupción internacional, que se aprovecha sistemáticamente las fronteras nacionales para entorpecer el trabajo de las autoridades públicas.
La defensa del expresidente Lula ve la situación desde otra perspectiva e insiste en que esta postura viola los acuerdos de cooperación internacional. Es la misma conclusión a la que llega el experto en Derecho Público Rafael ValimEnlace externo, abogado y profesor visitante de la Universidad de Manchester.
“Es fundamental denominar correctamente el fenómeno. No existe una cooperación internacional ‘informal’, como a veces escuchamos de boca de los fiscales y periodistas. La cooperación internacional al margen de los procedimientos legales es ilegal y debe conducir a la rendición de cuentas por parte de quienes han cometido las ilegalidades”, dice.
“La búsqueda genérica e indiscriminada de datos sobre determinadas personas, al margen de la ley, nos remite a un Estado policial, incompatible, obviamente, con las garantías de un proceso penal democrático”, puntualiza Valim.
No es la primera vez durante las investigaciones sobre Odebrecht/Petrobas que se ponen en duda los métodos del MPC helvético. En 2015, por ejemplo, el Tribunal Penal Federal dictaminó que los fiscales suizos cometieron irregularidades de procedimiento al enviar a Brasil documentos y extractos bancarios en relación con Odebrecht sin que los sospechosos implicados tuvieran la posibilidad de presentar recurso contra la entrega de los datos.
El fallo no exigía que se suspendiera la cooperación, pero solicitaba que se revisara y rehiciera el procedimiento antes de dar la autorización para que los documentos se utilizaran oficialmente en un juicio, una investigación o un procedimiento en Brasil.
El MPC, tras rehacer el procedimiento legal, obtuvo la aprobación para enviar formalmente los datos a Brasil. El asunto, sin embargo, retrasó el procedimiento y el uso de la información durante varios meses.
La divulgación de las transcripciones del chat en Telegram plantea también dudas sobre el nivel de implicación del entonces fiscal general suizo Michael Lauber, cuestionado por violar los procedimientos en otros casos de gran repercusión, como el escándalo de corrupción de la FIFA.
“No hubo prácticas ilegales”
El exfiscal Stefan Lenz niega la ilegalidad de los métodos. En una respuesta a swissinfo.ch declara: “No ha habido prácticas ilegales en el intercambio de pruebas e información entre el equipo de Lava Jato y yo”.
Por su parte, el MPC afirma que “dirige los procedimientos penales de acuerdo con los principios legales que constituyen la base del trabajo y la colaboración entre las autoridades pertinentes. (…) Respecto a la serie de casos Petrobras-Odebrecht, la cooperación entre las autoridades sigue actualmente sin interrupción. La OFJ [Oficina Federal de Justicia] ha remitido al MPC para su ejecución más de 210 solicitudes de asistencia judicial mutua por parte de diferentes países, principalmente de Brasil. El MPC ha tramitado hasta ahora aproximadamente dos tercios de estas solicitudes. (Las cifras son exactas hasta septiembre de 2020)”.
En su declaración, el MPC añade que “la buena cooperación entre las autoridades, tanto a nivel nacional como internacional, es crucial cuando se trata de una serie de investigaciones de tales dimensiones”. Por último: El MPC no ha abierto ningún procedimiento penal en relación con estos hechos”.
¿Qué establece la ley suiza?
En Suiza, los investigadores están autorizados a enviar información a las autoridades extranjeras sin necesidad de que estas lo hayan solicitado. Es lo que se denomina la “transmisión espontánea de información”. Sin embargo, esto no es sinónimo de informalidad.
La Ley Federal de Asistencia de Asistencia Judicial Mutua en Materia PenalEnlace externo establece que “una autoridad que persigue delitos puede, sin previa solicitud, transmitir a una autoridad extranjera que persigue delitos la información o las pruebas que haya recogido en el curso de su propia investigación, cuando determine que esta transmisión puede: permitir abrir un procedimiento penal o facilitar una investigación penal en curso”.
La ley federal establece también que “la información que está sujeta a las normas de secreto puede ser transmitida si puede ayudar al Estado extranjero a presentar una solicitud de asistencia mutua”. En otras palabras: los investigadores extranjeros pueden utilizar la información recibida para solicitar una plena cooperación en la materia.
Sin embargo, también establece claramente las condiciones en las que se debe proceder: “se dejará constancia de cada transmisión espontánea”. En los chats no hay ninguna indicación por ninguna de las dos partes de que exista un registro formal de los intercambios de información a través de Telegram.
Tampoco se explica si estos intercambios pueden ser utilizados para presionar a los sospechosos en Brasil, como se afirma en los chats.
Traducción del inglés: Belén Couceiro
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