Suiza busca controlar las inversiones extranjeras

La creciente rivalidad mundial está obligando a quienes legislan en Suiza a elegir entre abrise a los negocios y proteger frente a posibles adversarios las industrias clave. EPA/WU HONG

La clase política suiza se prepara para introducir su primer sistema de control de las inversiones extranjeras en industrias críticas para la seguridad. Esta postura implica una ruptura con la política de puertas abiertas que durante mucho tiempo ha sustentado la prosperidad del país.

En mayo de 2014 casi nadie se percató de que un fabricante chino de electrodomésticos de cocina adquirióEnlace externo Mistral Engines, un desarrollador y fabricante suizo de motores de aviación experimentales. Que Guangdong Elecpro comprara Mistral Engines fue solo una de las muchas compras que la empresa china hizo en el marco de un planEnlace externo para «obtener tecnología extranjera avanzada» y dedicarse a producir drones y helicópteros.  

Una operación mucho mayor tuvo lugar poco después. Entonces la empresa estatal ChemChina [China National Chemical Corporation] pagó 43.000 millones de dólares (34.500 millones de francos suizos) por Syngenta, el gigante agroquímico suizo. Aquella fue la mayor adquisición que el país hizo en el extranjero. En esta ocasión la preocupación sí surgió, especialmente en algunos estados agrícolas de Estados Unidos, que consideraban que ceder a China gran parte del mercado mundial de semillas podía amenazar la seguridad alimentaria.

El plan, sin embargo, siguió adelante con la aprobación de los reguladores de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE).

Menos de una década después, este tipo de transacciones se examinan a fondo en todo el mundo. El conflicto económico entre China, Estados Unidos y Europa —incluidas las medidas que Washington y Pekín han adoptado para restringir el suministro de chips informáticos y minerales de tierras raras— está llevando a los países a proteger sus industrias y recursos críticos. La guerra de Rusia contra Ucrania, en la que ambas partes utilizanEnlace externo drones de combate, pone de manifiesto el riesgo que implica compartir tecnología con posibles rivales.

Las crecientes sospechas entre las superpotencias económicas han dividido a la clase política suiza, que se debate entre mantener las políticas que durante décadas han contribuido al crecimiento empresarial y evitar que Estados potencialmente beligerantes se hagan con industrias y tecnologías de importancia estratégica en un mundo cada vez más competitivo.

Un año después de que ChemChina comprara Syngenta, el miembro del Senado suizo Beat Rieder presentó una moción que pedía un sistema legal para revisar y controlar la inversión extranjera directa en empresas suizas. Es lo que se conoce como «Lex China».

Finalmente, tras años de disputas y debates políticos, el Parlamento suizo ha aprobado un proyecto de ley para introducir el primer mecanismo formal de control de las inversiones extranjeras; en especial, en sectores considerados críticos para la nación. Si la ley, tal y como se ha propuesto, se aprueba el año que viene, Suiza seguirá un camino ya trillado.

¿Qué incluye el proyecto de ley?

Según la Ley de Control de Inversiones que se ha propuesto en Suiza, las adquisiciones extranjeras en determinados sectores críticos, como las redes eléctricas, la generación de energía, las infraestructuras sanitarias, las telecomunicaciones, los ferrocarriles, los aeropuertos y los principales centros logísticos, requieren que el Gobierno lo apruebe, ya que se consideran esenciales para la seguridad nacional y el orden público.

A la hora de evaluar las adquisiciones, la Secretaría de Estado de Economía (SECO) y otras autoridades competentes tendrán en cuenta si el inversor está controlado por el Estado o actúa en nombre de un Gobierno extranjero. También se tendrá en cuenta el impacto potencial en infraestructuras críticas, sectores relacionados con la defensa y otras áreas sensibles para la seguridad.

Otras consideraciones incluyen que haya motivos estratégicos no comerciales y las implicaciones para la autonomía en la toma de decisiones, el empleo y las capacidades tecnológicas. Para determinar si la adquisición puede ser aprobada, si es necesario, la SECO consultará al Servicio Federal de Inteligencia Suizo. El proceso de aprobación durará entre uno y tres meses.

¿Por qué el proyecto de ley ha sido controvertido?

El principal punto de desacuerdo en la sesión del Parlamento suizo que concluyó a principios de octubre fue si había que limitar las revisiones a los inversores controlados por el Gobierno o también incluir a las empresas privadas. Según algunos grupos —entre ellos el Consejo Federal (la máxima autoridad ejecutiva del país)—, incluir a los inversores no estatales multiplicaría casi por diez el número anual de auditorías de este tipo.

«Si se ampliara el alcance al sector privado, serían necesarias muchas auditorías adicionales», afirmóEnlace externo el ministro de Economía suizo, Guy Parmelin. «Esto perjudicaría a Suiza como lugar de negocios. Por el contrario, un alcance restringido de la selección permitiría a Suiza mantener su ventaja competitiva sobre otros Estados».

Algunos miembros del Parlamento expresaron su preocupación por el hecho de que incluso las empresas que no están directamente controladas por el Gobierno en países como China, Rusia y Estados Unidos podrían seguir estando bajo la influencia del Estado. Un análisis de la consultora holandesa Datenna indica que las autoridades chinas tenían participaciones en el 53 % de las empresas suizas que China compró entre 2010 y 2020.

«Es sabido que los multimillonarios chinos y los oligarcas rusos deben jurar lealtad a la agenda política del Estado. En Estados Unidos hay magnates económicos que ahora están sujetos a la visión política de “America First” impuesta por la administración Trump», declaróEnlace externo el senador suizo Carlo Sommaruga.

Otro ejemplo de los riesgos ha sido la dependencia alemana del gas natural ruso baratoEnlace externo. Al permitir que empresas como Gazprom compraran infraestructuras —como instalaciones de almacenamiento de gas—, Alemania quedó expuesta cuando Rusia, al inicio de la guerra de Ucrania, cortó el suministro.

A pesar de estas preocupaciones, el 2 de diciembre el Parlamento suizo aprobó una versión de la ley propuesta que limitaría su aplicación a los inversores estatales. Parmelin destacóEnlace externo que en el futuro podría ampliarse el alcance de la selección.

El proyecto de ley se someterá a votación en el Parlamento dentro de tres semanas.

«No queremos utilizar esta ley para prohibir el libre comercio. Queremos facilitar el libre comercio», señaló Rieder, cuya moción en 2018 puso al país en camino de cambiar las normas.

«En el clima geopolítico actual, esta ley es más necesaria que nunca», manifestó Rieder al periódico Tages-AnzeigerEnlace externo, haciendo hincapié en el efecto disuasorio de los controles a la inversión. «Si un Estado puede impedir tales adquisiciones cuando sea necesario, las potencias extranjeras con intenciones maliciosas ni siquiera intentarán realizar las compras», dijo.

¿Qué está pasando en otros lugares?

Mientras Suiza sigue trabajando para aprobar sus primeras leyes de este tipo, otros países están yendo más allá y endureciendo las normas existentes. Alrededor del 80 % de los Estados de la UE y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya tienen legislación que regula la inversión extranjera.

En 2017 la Administración Trump bloqueó que la empresa china Canyon Bridge comprara Lattice Semiconductor —empresa estadounidense fabricante de chips— y lo justificó por motivos de seguridad nacionalEnlace externo.

En una cumbre de la UE de aquel mismo año, Francia, Alemania e Italia pidieron un mecanismo europeo para examinar las inversiones extranjeras en sectores como la energía, la banca y la tecnología. El objetivo de las propuestas era «proteger los activos de la UE contra adquisiciones que pudieran perjudicar los intereses esenciales de la UE o de sus Estados miembros».

El gabinete alemán aprobó posteriormente normasEnlace externo que permiten al Gobierno bloquear que inversores de fuera de la UE compren participaciones en empresas nacionales que operan en sectores de infraestructura crítica.

El Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos, en 2024, reforzóEnlace externo su jurisdicción y su capacidad de ejecución, multiplicando por veinte las multas por infracciones.

El Gobierno estadounidense, en su memorándum sobre la política de inversión «America First»Enlace externo de febrero de 2025, también esbozó un nuevo enfoque sobre los controles extranjeros. Dicho documento propone hacer revisiones aceleradas y reducir las restricciones para las inversiones que soliciten determinados aliados de Estados Unidos, al tiempo que endurece las restricciones para aquellos considerados adversarios, como China, Rusia e Irán.

La UE, por su parte, en 2024 presentó una propuesta para revisar su Reglamento sobre el control de las inversiones extranjeras directasEnlace externo, en vigor desde 2020. Esta propuesta exigiría a todos los Estados miembros de la UE que establecieran sus propios sistemas nacionales e incluyeran las inversiones realizadas por entidades con sede en la UE controladas por inversores extranjeros. Se espera que las normas revisadas se adopten el próximo año.

¿Solo los países ricos aumentan las restricciones a la inversión?

Mientras que el control se ha extendido en las economías avanzadas, los países más pobres, para obtener el dinero y la tecnología que necesitan para pasar de los productos agrícolas básicos a industrias manufactureras de mayor valor, dependen mucho más de la inversión extranjera.

Estos países —entre los que se encuentran muchos de América Latina— tendrían que pagar tipos de interés más elevados para conseguir, de los mercados financieros mundiales, préstamos con los que financiar dichas inversiones. Así que, a la hora de ahuyentar a las empresas extranjeras, son más cautelosos. Además, pueden carecer de los sistemas jurídicos sólidos necesarios para hacer frente a los riesgos que la propiedad extranjera plantea en sectores sensibles.

Sin embargo, la rivalidad entre las grandes potencias por la influencia en América Latina y la importancia de la seguridad nacional han suscitado, en toda la región, debates políticos sobre evaluar la actividad extranjera.

Brasil, el mayor receptor de inversión extranjera directa de la región, desde 2006 ha recibido 57.000 millones de dólares de China, según un informe que ha publicado este año el Instituto CELISEnlace externo, con sede en Berlín. Aun así y según este laboratorio de ideas, Brasil, en los últimos años, ha reforzado la regulación de la propiedad extranjera por motivos de seguridad nacional.

En otras partes de la región, Argentina se enfrenta a la preocupación de la clase política tanto nacional como de Estados Unidos por algunas inversiones, entre ellas un observatorio espacial que desde 2012 controla el Ejército chino, según señaló el Instituto CELIS. Los legisladores chilenos, en 2020, presentaron un proyecto de ley para crear un mecanismo nacional para áreas estratégicas, pero con avances limitados.

Editado por Tony Barrett. Adaptado del inglés por Lupe Calvo. Revisado por Carla Wolff.