Salinas acusa a Paul Perraudin de ocultar información clave
Raúl Salinas de Gortari acusa al juez ginebrino de una serie de irregularidades en el manejo de su caso.
En una carta enviada al magistrado desde el centro penitenciario de Almoloya de Juárez (Estado de México), con fecha del 10 de mayo, el hermano del ex presidente mexicano (1988-1994), Carlos Salinas, califica de «arbitraria» la decisión de Perraudin de dar por concluida la causa penal en su contra y exige al juez que «libere de inmediato los fondos secuestrados en Suiza por órdenes suyas».
La misiva, de cinco páginas, y cuya copia obra en poder de swissinfo, responde a la decisión del juez de instrucción del cantón de Ginebra de solicitar a las autoridades federales helvéticas trasladar a México el caso de Salinas de Gortari.
En caso de que Berna apruebe la medida -anunciada desde enero por el entonces fiscal general, Bernard Bertossa, y ratificada el 30 de abril por el juez Perraudin-, corresponderá a las autoridades mexicanas continuar las investigaciones sobre el origen de los 130 millones de dólares bloqueados en Suiza desde noviembre de 1995.
Un recurso ocioso
Ante esa posibilidad, Raúl Salinas y sus defensores depositaron un recurso ante los tribunales de Ginebra con el objetivo de anular la decisión. Empero, fuentes judiciales consultadas por swissinfo opinaron que «ese trámite sólo es decorativo» y que los abogados buscan únicamente «ganar tiempo y vender mejor el trabajo a sus clientes».
En su carta, Salinas critica la forma y el fondo del seguimiento de su caso y acusa al magistrado de efectuar un «deficiente trabajo». Dice que «ha engañado a sus superiores y le ha mentido al pueblo suizo» y que, «movido por intereses personales, ha dispuesto de recursos públicos para alcanzar un fin que nada tiene que ver con el encargo que gobierno y pueblo suizo le encomendaron».
En su texto, el hermano del ex presidente enumera una serie de presuntas irregularidades y de errores -incluida la fecha de su nacimiento- en las que habrían incurrido las autoridades suizas a lo largo de los ocho años que duró la investigación.
En sus severos cuestionamientos, el conocido como ‘el hermano incómodo’ -que purga una condena de 27 años por homicidio- se califica de «preso político».
Información disimulada
Acusa al juez de ocultar información que lo desvincula del narcotráfico. Asienta, por ejemplo, que Perraudin omitió señalar que los responsables mexicanos de la lucha contra el crimen organizado (José Luis Santiago Vasconcelos) y el narcotráfico (Mario Estuardo Bermúdez), «afirmaron y demostraron» que «nunca he tenido relación alguna con el tráfico de drogas».
Lo mismo en torno a las investigaciones efectuadas por la sección mexicana de INTERPOL que determinaron que «ni yo ni familia (sic) hemos tenido jamás relación directa o indirecta con el narcotráfico».
Recuerda al juez que los narcotraficantes con quienes lo vinculó, entre ellos, Juan García Ábrego, Francisco Arellano Félix, Miguel Ángel Félix Gallardo, Joaquín Guzmán Loera, Oscar Malherbe de León y Héctor Jesús ‘El Güero’ Palma, «han declarado ante autoridades norteamericanas, suizas y mexicanas no conocerme y jamás haber tenido relación alguna conmigo».
Testimonios ‘a posteriori’
Salinas de Gortari asegura que el magistrado no mencionó que las autoridades mexicanas han desacreditado a los testigos en cuyas declaraciones Perraudin funda sus acusaciones.
Asimismo destaca que los testigos «anónimos» rindieron declaraciones sólo después de que se dio a conocer la existencia de los fondos.
Alude asimismo a los fondos depositados en Suiza, cuya propiedad atribuye a los empresarios mexicanos Carlos Peralta Quintero, Carlos Hank Rhon, Roberto González Barrera, quienes habrían acreditado oficialmente su origen lícito. Además, recrimina al magistrado el hecho de ocultar información que lo desvincula del ex banquero mexicano Carlos Cabal Peniche, acusado de un fraude millonario.
En su misiva, Salinas de Gortari reclama a Perraudin su negativa a concederle audiencia durante el viaje del magistrado a México en julio del 2000, y el hecho de haberle negado la posibilidad de tener un expediente en español, violando con ello las convenciones internacionales.
Para Raúl Salinas el magistrado «sin sustento alguno, acusa directamente al Estado Mexicano de ser un auténtico narcoestado» .
El otrora funcionario mexicano culpa finalmente al juez Paul Perraudin de haber emitido «afirmaciones temerarias, genéricas y falaces que no tienen ningún sustento real, lógico ni jurídico y que atentan no sólo a (sic) la dignidad humana sino al (sic) principio internacional de respeto entre Estados».
Enrique Dietiker, Ginebra
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