Suiza quiere dejar de pagar la factura forense del «turismo de la muerte»
Suiza se conoce por acoger a personas que sólo entran al país para darse muerte por sí mismas, con asistencia. El proceso forense posterior al acto cuesta a las autoridades locales aproximadamente unos 3.000 francos suizos (3.900 dólares aproximadamente). Un cantón desde 2024 se ha desecho de esta factura para que sea la propia persona afectada la que cubra ese gasto. Los detalles.
El cantón de Soleura, entre Berna y Basilea, al norte helvético, ha encontrado una manera de trasladar los costos a las personas que llegan del exterior para quitarse la vida en su territorio. Parte de la solución es filmarse durante el suicidio y permitir a las autoridades el acceso a esta vídeo.
La imagen muestra a una persona en una cama. Extiende su mano hacia una infusión, gira una pequeña rueda. Inmediatamente, la dosis letal de pentobarbital sódico fluye hacia la sangre.
Esta grabación en video es el núcleo de un acuerdo sin precedentes en Suiza, alcanzado entre la organización de ayuda al suicidio Pegasos y el cantón de Soleura (una de las 26 entidades federales de Suiza): si Pegasos proporciona la prueba en video de que el suicidio fue autoadministrado, junto a otras informaciones a las autoridades forenses locales, estas renuncian a la investigación habitual que se activa en un suicidio asistido.
Así, en lugar de que la fiscalía, la medicina forense y la policía acudan al lugar del suicidio, el cuerpo es trasladado al cercano cantón de Basilea-Ciudad y es examinado por el instituto de medicina forense de allí.
Esto reduce los costos, a entre 1.000 y 2.000 francos por caso. Y éstos son asumidos por la organización de ayuda al suicidio y, en última instancia, por la propia persona que ha deseado morir, justificando razones para hacerlo.
Según Pegasos, la organización que ofrece a personas no residentes en Suiza el suicidio asistido, estos costos se incluyen en los gastos totales a pagar por el acto, que ascienden a unos 10.000 francos por persona.
Duelo sin interrupción de las autoridades
El cantón de Soleura (Solothurn, en alemán), gracias al acuerdo que entró en vigor en 2024, se libra de altos gastos. Anteriormente, cada suicidio asistido de personas que decidían viajar a su territorio, donde opera Pegasus, para hacer uso de las posibilidades de la asistencia al suicidio aquí, le costaba unos 3.000 francos.
«Obtenemos un mejor resultado de las pruebas. Al mismo tiempo, aliviamos las arcas del Estado y conservamos los recursos de personal», resume el fiscal jefe de Soleura, Hansjürg Brodbeck. Sin embargo, se reserva el derecho de realizar controles aleatorios.
Pegasos, por su parte, ve las ventajas principalmente en un marco más digno para los familiares. El proceso de despedida y duelo ya no se interrumpe por la aparición de las autoridades de investigación penal, escribe la organización a petición. «Esto perturbaba la privacidad en un momento íntimo. La familia y los amigos tenían que esperar hasta que se completaran los actos oficiales».
Caso único en Suiza, el de Soleura
El modelo de Soleura ha atraído mucha atención en Suiza. Porque otros cantones también se quedan con los costos de investigación y ven agotados sus recursos de personal.
En promedio anual, más de 1.400 personas residentes en Suiza fallecieron por suicidio asistido ,según los datosEnlace externo más recientes de la Oficina Federal de Estadísticas del quinquenio 2019 a 2023 (La OFE presenta los datos como promedio anual para suavizar las variaciones de un año a otro.) Y cada año aproximadamente 500 personas del extranjero viajan a Suiza con este fin.
Varios cantones han intentado en el pasado encontrar formas de evitar los costes de los suicidios asistidos. Sin embargo, todos han fracasado, porque la obligación de investigar está consagrada en el Código de Procedimiento Penal suizoEnlace externo, que establece, en su artículo 253, que se debe realizar un examen médico del cuerpo «si hay indicios de que una muerte no ocurrió de forma natural». Y como el suicidio asistido se considera una muerte no natural, la interpretación habitual es que debe ser investigado de oficio.
No obstante, algunos cantones han logrado reducir sus costes de investigación, a menudo en consulta con las organizaciones de derecho a morir, que operan en Suiza, para personas residentes aquí o fuera del país. Pero el modelo de Soleura es único debido a la cobertura voluntaria de los costes por parte de Pegasos, que primeramente atiende a personas llegadas de fuera del país.
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Se necesita una solución diferente
Sin embargo, muchas organizaciones no ven esto como una solución real, ya que encarece para ellas el apoyo a los deseos de fin de vida de las personas.
La organización de suicidio asistido más grande del país, Exit, en la parte germanófona de Suiza y que sólo atiende a personas residentes en Suiza, pide, por lo tanto, que el suicidio asistido sea tratado como una categoría especial de muerte no natural.
La presidenta de otra organización de asistencia al suicidio, Lifecircle, Erika Preisig, está de acuerdo. «Es hora de dejar de criminalizar esta forma pacífica de morir con investigaciones policiales», dice. «Los costes así incurridos son innecesarios».
Lifecircle, que acepta tanto a personas residentes en Suiza o fuera de ella, también filma a su clientela durante el momento del suicidio asistido. Esto deja absolutamente clara la causa de la muerte, dice Preisig. «Nuestro objetivo es que las autoridades acepten otra forma de morir».
«Muerte natural» en Bélgica
Después de Suiza, Bélgica es el país que atrae el segundo mayor número de personas no residentes que buscan morir, pero allí se acepta la eutanasia. Recordemos que a diferencia del suicidio asistido, en el que la misma persona afectada debe suministrarse la sustancia letal, en la eutanasia es una tercera persona, un doctor o una doctora, la que administra la sustancia letal, por cierto, un acto ilegal en Suiza.
En Bélgica, muchas de personas que llegan para morir a su territorio provienen de Francia. La Ley belga de EutanasiaEnlace externo, adoptada en 2002, indica que la eutanasia es una muerte natural.
«Esto se hizo principalmente con respecto a los contratos de seguros», explica Jacqueline Herremans, abogada y presidenta de la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad Bélgica. «En realidad, es lo que el médico tiene que escribir en el certificado de defunción».
Un comité de ética elegido por el Legislativo es responsable de la supervisión de la eutanasia. Está compuesto por ocho personas licenciadas en Medicina,, cuatro en Derecho y cuatro con experiencia demostrable en el trato con personas con enfermedades terminales.
Es un proceso simplificado: el comité verifica si se han cumplido las condiciones previas. En caso de sospecha, remite el expediente al fiscal, quien también puede investigar por iniciativa propia o al recibir una denuncia.
Desde la adopción de la Ley de eutanasia en 2002, sólo ha habido un proceso en tribunales en Bélgica, dice Herremans. El resultado: «Los tres médicos que fueron citados ante el jurado en Gante fueron absueltos».
Durante los últimos dos años, más de 500 personas al año han viajado del extranjero a Suiza para terminar sus vidas con la ayuda de una organización de derecho a morir. En Bélgica, el número es de alrededor de 100. Sin embargo, no se dispone de cifras exactas, ya que el lugar de residencia de la persona fallecida no se registra estadísticamente.
En principio, ambos países permiten el turismo de la muerte para no residentes. Sin embargo, el proceso es diferente. En Bélgica, la eutanasia activa es legal, lo que significa que la dosis letal de pentobarbital sódico es generalmente administrada por un/a doctor/a. En Suiza, las personas que desean morir deben llevar a cabo el acto por sí mismas, por eso se llama suicidio asistido.
En ambos países debe participar un médico. En Bélgica, se deben consultar dos médicos, e incluso un tercero si la muerte del paciente no es inminente. En Suiza, se debe evaluar la capacidad de decisión de la persona que desea morir.
El suicidio asistido, en principio, también está disponible en Suiza para no residentes con enfermedades psiquiátricas, e incluso sin un pronóstico médico. Este no es el caso para la eutanasia en Bélgica, ya que dificultaría las discusiones en profundidad requeridas con los médicos.
En Suiza, el suicidio asistido es organizado por organizaciones privadas de derecho a morir. Algunas de ellas no aceptan solicitudes de personas que viven en el extranjero. Dignitas y Pegasos son las dos organizaciones que ayudan al mayor número de no residentes a terminar sus vidas. En Bélgica, los centros de asesoramiento sobre eutanasia remiten a los médicos que proporcionan suicidio asistido, pero no todos aceptan solicitudes del extranjero.
Fiscales suizos adoptan un enfoque defensivo
En Suiza, las principales organizaciones activas en el suicidio asistido están todas en contra de la introducción de una ley sobre el tema. Creen que la regulación minimalista del Código Penal suizo, junto con la jurisprudencia del Tribunal Federal, la máxima instancia judicial helvética, es suficiente. En Suiza, el suicidio asistidoEnlace externo no es un delito penal a menos que se realice por motivos egoístas.
Tanto la organización Exit como Lifecircle creen que el examen médico forense podría omitirse, basándose en la legislación actual.
Esto se debe a que el Código de Procedimiento Penal sólo exige un examen forense «si hay indicios de que una muerte no ocurrió de forma natural, y en particular indicios de un delito», o si la identidad del cadáver es desconocida. Ninguno de estos casos se da en el suicidio asistido, argumentan.
Una opinión legal elaborada para Exit concluye que, aparte de un examen médico del cuerpo y la verificación de la identidad de la persona fallecida, no son necesarias más investigaciones. Las y los fiscales de Suiza, por otro lado, continúan interpretando la ley de manera defensiva.
Desafortunadamente, la única opción que queda, según Preisig, es probablemente aclarar las obligaciones del fiscal —y otras preguntas abiertas relacionadas con el suicidio asistido— por «medios políticos». Pero Suiza actualmente carece del coraje para hacerlo, dice.
Hasta febrero de 2026, el modelo de Soleura es el único vigente con una autoridad cantonal. Hasta ahora no ha sentado precedente. Cuando se les preguntó, fiscales de otros cantones se mostraron evasivos, afirmando que no comentaban las medidas tomadas por otras autoridades estatales. Y no hay ninguna agencia gubernamental en Suiza que coordine el suicidio asistido a escala nacional.
Artículo editado por Balz Rigendinger y adaptado al español por Patricia Islas
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