La ministra suiza quiere reducir el número de permisos de trabajo para extracomunitarios
Una investigación de la emisora pública suiza SRF revela que la ministra de Justicia, Elisabeth Baume-Schneider, quiere reducir la cuota de trabajadores de terceros países a pesar de las críticas de cantones y empresas.
La inmigración es un tema extremadamente delicado, como han demostrado las recientes elecciones federales. Las cuotas de permisos para personas de terceros países [fuera de la Unión Europea y la AELC] son una patata caliente política. El Consejo Federal determina el número de cuotas previa consulta a los cantones.
Los cantones están descontentos con los planes de Baume-Schneider de reducir las cuotas. El presidente de la Asociación de Directores Económicos Cantonales, Urban Camenzind, declaró a SRF: “Los cantones y el director económico no pueden celebrarlo y también están un poco sorprendidos”.
El Consejo Federal ha fijado un total de 12.000 permisos para personas procedentes de terceros países y del Reino Unido para el presente año 2023. Los cantones exigían que se mantuvieran estos permisos.
Pero ahora una investigación de Radio SRF muestra que Baume-Schneider quiere combinar las dos cuotas y reducirlas considerablemente, a un total de 9.600 permisos. Ha presentado una propuesta interna a otros departamentos para que la consulten.
El Departamento de Justicia responsable no hace comentarios al respecto, sólo escribe: “El Consejo Federal determinará en las próximas semanas los contingentes de terceros países para 2024. La aprobación responde al interés económico general de Suiza”.
El Consejo Federal en pleno aún no ha tomado una decisión definitiva, pero cabe suponer que seguirá la sugerencia de Baume-Schneider, para decepción de la patronal, como subraya Daniella Lützelschwab, miembro de la dirección: “El hecho de que el Consejo Federal quiera reducir el número de cuotas para terceros países nos decepciona, porque se trata de un pequeño grupo de trabajadores especializados que no se encuentran en Suiza ni en la UE, y que por tanto son importantes.”
Si las empresas no pueden contratar a los empleados que desean porque no se les permite, también podrían marcharse, argumenta.
Los sindicatos tienen otra visión del problema. Cabe suponer que Baume-Schneider comparte esta perspectiva. Si las empresas pueden contratar menos empleados de terceros países, aumenta la presión para integrar mejor a los refugiados bien cualificados que ya están aquí.
Daniel Lampart, de la Federación de Sindicatos, constata repetidamente que muchos refugiados bien cualificados que también proceden de terceros países quieren integrarse mejor. Habla de refugiados muy cualificados procedentes de Irán, por ejemplo, que sólo hacen trabajos no cualificados en Correos y no pueden desarrollarse más porque quizá les falta el dinero y el apoyo general.
El Consejo Federal decidirá en las próximas semanas si quiere apretar las tuercas a la inmigración de personas procedentes de terceros países. Sin duda, se trata también de una reacción al debate sobre la inmigración, generalmente cargado. Para consternación de los cantones y de la economía, pero posiblemente también con vistas a una mejor integración de los refugiados.
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