Suiza retiene las ganancias derivadas del soborno extranjero. No debería hacerlo

«Suiza tendría que poner fin a esta práctica. No sólo para proteger su reputación, sino también por su propio beneficio», argumenta Andrew Dornbierer.

Desde que se reveló que los bancos suizos habían servido como escondite preferido de la fortuna ilícita del expresidente filipino Ferdinand Marcos en la década de 1980, los sucesivos gobiernos de la Confederación han trabajado arduamente para erradicar la percepción histórica de que el país se beneficia de la corrupción internacional.

Suiza se ha fijado abiertamente y en reiteradas ocasiones altos estándares éticos en este ámbito. El mensaje públicoEnlace externo transmitido durante las últimas tres décadas ha sido claro: la retención de activos provenientes de la corrupción de funcionarios extranjeros es inmoralEnlace externo y Suiza no quiere dinero corruptoEnlace externo. Para formalizar este mensaje en el plano internacional, el país ratificó varios tratados clave centrados en la lucha contra la corrupción, vinculados a las Naciones Unidas, la OCDE y el Consejo de Europa. A nivel interno, el Consejo Federal (Gobierno) introdujo por primera vez en 2021 una ‘Estrategia Anticorrupción’Enlace externo.

Es encomiable que la Confederación haya reforzado los estándares que se ha impuesto a sí misma, con resultados tangibles. Ha construido un sólido historial en la identificación y devolución de fondos procedentes de la corrupción que ingresaron en su sistema financiero. Hasta la fecha, Suiza ha incautado y repatriado más de 2.000 millones de USD (dólares) en activos ilegales vinculados a funcionarios extranjeros. Una cifra impresionante.

Sin embargo, sería erróneo afirmar que el Gobierno Federal ha completado su tarea. A pesar de estos esfuerzos y avances, el país sigue beneficiándose, sin duda, de al menos una forma de corrupción internacional: el soborno en el extranjero.

Obtener beneficios de la corrupción en el extranjero

Entre 2011 y 2024, las autoridades federales suizas resolvieron 14 casos de soborno en el extranjero que involucraban a empresas helvéticas (o a compañías internacionales con operaciones en Suiza) mediante resoluciones extrajudiciales.

En estos casos, se determinó que empresas como GlencoreEnlace externo, OdebrechtEnlace externo, KBA NotaSys y AlstomEnlace externo se habían beneficiado significativamente de esquemas de corrupción que involucraban a funcionarios públicos extranjeros. Para cerrar estos 14 procedimientos, se ordenó a estas compañías entregar al Tesoro suizo un total de aproximadamente 730 millones de francos CHF (586.128.983 CHF y 179.694.819 USD) en ganancias ilícitas.

A primera vista, esto podría parecer un resultado justo: las empresas fueron descubiertas cometiendo actos ilícitos y la transferencia obligatoria de sus beneficios al Gobierno suizo impidió que continuara lucrándose con ellos. Sin embargo, esta interpretación omite un aspecto esencial: dichas ganancias no se generaron mediante prácticas corruptas que afectaran principalmente a Suiza, sino a Estados de ingresos bajos o medios, como la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Marruecos y Brasil, que sufrieron desde pérdidas económicas concretas (por ejemplo, la venta de activos estatales a un precio subvaluado) hasta daños institucionales y sociales más amplios, como la erosión de la confianza pública, el desaliento de la inversión extranjera y el menoscabo del desarrollo económico.

En consecuencia, al retener estos fondos, el Tesoro suizo continúa siendo vulnerable a las críticas de que se beneficia de manera sustancial de actos de corrupción internacional cometidos por empresas vinculadas al país y, además, de que ese beneficio se obtiene en detrimento de Estados extranjeros.

¿Por qué Suiza retiene el dinero recuperado?

Como se mencionó anteriormente, Suiza tiene un sólido historial de compartir o devolver las ganancias derivadas de otras formas de corrupción internacional. En los últimos tres años, por ejemplo, ha transferido 444 millones USD a Uzbekistán mediante un fondo creado especialmente por las Naciones Unidas para beneficiar de manera directa a la población uzbeka.

Sin embargo, la ley clave que permitiría a Suiza compartir las ganancias derivadas del soborno en el extranjero -la Ley Federal sobre la División de Bienes Decomisados– contiene una limitación que, de manera no intencional, impide su aplicación en este tipo de casos. En concreto, la norma sólo autoriza al Gobierno a negociar acuerdos con Estados extranjeros para repartir los activos confiscados cuando el país en cuestión haya prestado asistencia a la Confederación durante los procedimientos judiciales. Se trata de una disposición comprensible, diseñada para incentivar la cooperación internacional.

Aún así, en los casos de soborno cometido en el extranjero, las autoridades helvéticas rara vez requieren -o necesitan- la colaboración de otros países. En la práctica, estos expedientes suelen resolverse mediante acuerdos extrajudiciales, en los que las propias empresas cooperan directamente con la justicia suiza y aportan la información necesaria. Como resultado, los países perjudicados por estos actos de corrupción casi nunca tienen la oportunidad de prestar asistencia y, por defecto, la Confederación no está habilitada para negociar con ellos un acuerdo de reparto una vez concluido el procedimiento.

A esto se suma que no existen vías judiciales fácilmente accesibles para reclamar una indemnización por los daños ocasionados. Esto es especialmente problemático cuando el soborno en el extranjero no produce un perjuicio claramente cuantificable para el Estado, sino únicamente daños intangibles que afectan a una víctima menos definida: la población del país. De ahí que Suiza retiene estas ganancias porque, en la práctica, no existen vías legales claramente definidas que le permitan transferir esos fondos de un modo que repare los daños ocasionados por estos delitos.

¿Qué debe hacerse?

Como punto de partida, Suiza debería emprender una política para garantizar que ya no retenga los beneficios de los casos de soborno en el extranjero, ni siquiera por defecto.

En su lugar, debería adoptar medidas legislativas que garanticen que esos fondos se destinen a reparar los daños causados a los Estados afectados. Eso podría lograrse mediante acuerdos orientados a compensar directamente los perjuicios tangibles o a través de mecanismos que aseguren que los recursos se utilicen en beneficio de las víctimas más amplias de estos actos: las poblaciones de los países perjudicados. Idealmente, dichos acuerdos deberían incluir también la financiación de iniciativas destinadas a prevenir y disuadir futuros actos de soborno internacional o, en términos más generales, a fortalecer el Estado de derecho.

Estas medidas podrían incluir enmiendas a la ley mencionada anteriormente para eliminar la limitación de cooperación aplicada específicamente a los casos de soborno en el extranjero. Alternativamente, podría contemplarse la creación de una nueva norma que permita al Gobierno federal celebrar acuerdos de reparto o colaboración en este tipo de situaciones.

Está claro que no siempre será posible ni viable negociar acuerdos de reparto en todos los casos. Las circunstancias políticas pueden generar obstáculos, y es posible que los mismos actores corruptos implicados en los hechos originales continúen ocupando posiciones de poder en algunos gobiernos. En estas situaciones, Suiza tampoco debería conservar las ganancias ilícitas. Para asegurar su correcta reasignación, sería necesario que el país adoptara medidas legislativas destinadas a crear un ‘fondo anticorrupción’ general, al cual se puedan redirigir estos recursos. Dicho fondo podría supervisar la asignación de los montos a iniciativas destinadas a combatir el soborno y la corrupción en el extranjero a escala global. Alternativamente, podría funcionar como un mecanismo de apoyo para las víctimas de otros casos de soborno internacional que necesiten asistencia financiera para afrontar los daños sufridos o para iniciar acciones judiciales de indemnización.

Cabe destacar que Suiza también se beneficiaría de estas medidas. A nivel interno, es probable que generen mayores oportunidades comerciales para las empresas que actúan conforme a la ley.

Un estudio de la Universidad de Ciencias Aplicadas de los Grisones y Transparencia Internacional reveló que casi una cuarta parte de las empresas suizas que operan en el extranjero consideran que están perdiendo negocios frente a competidores corruptos. La reasignación de las ganancias ilícitas a iniciativas que prevengan y disuadan futuros sobornos en Estados vulnerables contribuirá a crear un entorno de competencia más equitativo y, al mismo tiempo, reforzaría la posición de la Confederación como referente global en la lucha contra la corrupción.

Las autoridades federales llevan muchos años intentando dejar atrás la percepción de que Suiza se beneficia de la corrupción internacional y han dado pasos importantes en esa dirección. Sin embargo, aún queda camino por recorrer. Si incorporara herramientas legislativas que permiteran redirigir y reutilizar las ganancias derivadas de casos de soborno en el extranjero, el país enviaría un mensaje inequívoco: Suiza no quiere dinero corrupto.

Editado por Benjamin von Wyl. Adaptado del inglés por Norma Domínguez. Revisado por Carla Wolff.

Andrew Dornbierer publicó recientemente un informe sobre sobornos en el extranjero.Enlace externo

Las opiniones expresadas por el autor no reflejan necesariamente las de Swissinfo.