Suiza, pionera en compensaciones de carbono en el stand de la COP27
Suiza se encuentra entre los países que desean impulsar más acuerdos para contrarrestar las emisiones de CO₂ que se regularon durante la COP26. Pero su establecimiento está resultando no solo controvertido, sino también complejo.
Suiza anunció el lunes su primer proyecto para compensar emisiones de carbonoEnlace externo con Ghana, después de que —durante la COP26 celebrada en Glasgow el año pasado— se establecieran normas sobre cómo deberían operar los gobiernos los proyectos de compensación. El acuerdo permitirá anular las emisiones de carbono del Gobierno suizo financiando la producción sostenible de arroz en dicho país africano.
Esto viene después de un acuerdo anterior firmado con Perú en 2020 —para contrarrestar las emisiones del transporte en Suiza— que implicaba la financiación en zonas rurales de cocinas para reducir la cantidad de madera utilizada por las personas de esas áreas.
La compensación de carbono permite a los países o empresas contaminantes comprar créditos de carbono para reparar sus propias emisiones de gases de efecto invernadero. El dinero se destina a proyectos en todo el mundo que evitan o eliminan la cantidad equivalente de carbono.
A medida que estos acuerdos entre países avanzan, se han planteado cuestiones sobre la equidad del sistema, justo cuando los países en desarrollo más afectados por el cambio climático piden más fondos. Gente crítica ha afirmado que estas compensaciones, en virtud del artículo 6 del Acuerdo de París, podrían suavizar los esfuerzos de los países ricos por reducir las emisiones de carbono en sus países, al tiempo que supondrían una mayor carga para los países más pobres.
El artículo 6 del Acuerdo de París —aclarado en las conversaciones de la COP del año pasado— establece los principios sobre cómo los países pueden aplicar la cooperación voluntaria para alcanzar sus objetivos climáticos, pero podría llevar años un acuerdo detallado sobre su aplicación. Entre las cuestiones sin resolver se encuentran la falta de un marco normativo global y cómo garantizar que los países no inviertan en proyectos que se habrían llevado a cabo independientemente de los planes de compensación financiados por un país rico.
Para el año 2030 Suiza se ha comprometido a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % respecto a 1996. El Gobierno espera que gran parte de esas reducciones de emisiones provengan de acuerdos de compensación con países más pobres, entre los que se encuentran Dominica, Georgia y Senegal.
En 2021 se rechazó un referéndum sobre una nueva ley sobre el clima, que había impulsado un recorte más ambicioso, lo que ha dejado al Gobierno la posibilidad de prorrogar la actual ley del CO₂ hasta 2024. El Parlamento, recientemente, ha comenzado a debatir la revisión de la ley que habría de aplicarse durante los cinco años siguientes. En total, prevé contrarrestar hasta 12 millones de toneladas de emisiones de CO₂, un tercio de las reducciones previstas.
Equidad y complejidad
Suiza —con más acuerdos en marcha— defiende su estrategia de reducción de emisiones y su dependencia de los sistemas de compensación para alcanzar sus objetivos climáticos. Refiriéndose a las compensaciones, la ministra de Medioambiente, Simonetta Sommaruga, dijo a SWI que, más allá de las promesas “es una situación en la que todos ganan si Suiza también puede promover proyectos que son interesantes y buenos para los países en desarrollo, que representan inversiones que de otro modo no podrían lograr y que mejoran la situación climática de esos países, al tiempo que permiten a Suiza contabilizar las reducciones de carbono”.
Para Veronika Elgart, subdirectora de política climática internacional del ministerio de Medioambiente suizo, es importante que los acuerdos tengan en cuenta las necesidades y los compromisos de reducción de carbono de los países anfitriones. “Debería haber estrategias en cada país sobre la mejor manera de utilizar los mercados de carbono para apoyarse mutuamente”, declaró.
Sin embargo, David Knecht, de la ONG Swiss Catholic Lenten Fund (Acción Cuaresmal Suiza) —que apoya programas de seguridad alimentaria, desarrollo sostenible y justicia de género— tiene sus dudas sobre los sistemas oficiales de reparación.
Según sus palabras, el proyecto de Perú no es uno que Suiza deba promover. “La tecnología compartida con las comunidades se conocía desde hace muchísimos años. Ya hace siete años se nos dijo que no era innovador. Como país, deberíamos asegurarnos de que este tipo de proyectos ofrecen avances tecnológicos para los países de acogida, para que puedan beneficiarse de la transferencia de tecnología”.
También preocupa que dichos acuerdos impliquen proyectos que, en cualquier caso, hayan tenido lugar en países en desarrollo, lo que va en contra de una de las condiciones del Acuerdo de París, la de evitar lo que se denomina adicionalidad.
La complejidad de los esquemas de compensación de carbono es otra cuestión que se debatió en un panel celebrado en la COP. Christian Fleischer, un estudiante de doctorado que ha investigado en la EPFZ (Escuela Politécnica Federal de Zúrich), indicó que para los países en desarrollo es preocupante que los altos costes de participar en el proceso de compensación de carbono puedan superar los beneficios obtenidos. La participación en este tipo de esquemas es compleja —explicó— empezando por asegurarse de que los países asociados ya tienen registros para contabilizar e informar de sus propias emisiones.
Debido a estas complejidades, expertos como Fleischer —que trabaja en una consultoría llamada Perspectives Climate Group— aconsejan que los países en desarrollo lleven a cabo intercambios entre países que se embarquen en estos esquemas. Japón anunció un programa que proporcionaría apoyo técnico a los países en desarrollo para concluir acuerdos de compensación de carbono.
La colega de Fleischer en el grupo de investigación Aayushi Singh dijo que “lo tenemos todo sobre el papel (en los acuerdos internacionales), pero cuando se pone en práctica el plan no se ajusta a lo que nos gustaría ver. Necesitamos documentos que nos orienten sobre cómo poner en práctica los principios de manera que no se repita un desplome de los precios de las compensaciones de carbonoEnlace externo, y para garantizar que haya suficiente demanda en el mercado de los créditos”.
El precio de los créditos de carbono experimentó una drástica caída tras la invasión de Ucrania, cuando otros mercados financieros también se vieron afectados. La actual recesión económica mundial ha generado la preocupación de que los precios vuelvan a bajar. Desde 2015, el precio de las emisiones de carbono en la Unión Europea ha pasado de 5 euros por tonelada a unos 25 euros en la actualidad, según datos de la Bolsa Europea de la Energía. En marzo cayó hasta los 15 euros por tonelada.
El Banco Mundial calcula que al menos 46 países están fijando el precio de las emisiones mediante impuestos sobre el carbono o sistemas de comercio de emisiones. En 2015 eran 40. Algunos países en desarrollo afirman que el precio de los créditos de carbono procedentes de proyectos basados en la naturaleza, como los bosques, es demasiado bajo, y que el proceso de fijación de precios carece de transparencia.
Muchos de los planes gubernamentales que están siendo asesorados por varios grupos consultivos, como Perspectives Climate Research aquí en la COP27, han tomado prestadas técnicas de iniciativas privadas de compensación que ya se iniciaron en la década de 1990, así como los acuerdos celebrados por países, como Suiza, a raíz del Acuerdo de París.
“Lleva tiempo, pero nos gustaría que fuera más rápido. Lo que es seguro es que se necesita desarrollo de capacidad en muchos países que quieren estar seguros de que lo hacen bien”, relató sobre el proceso de establecer compensaciones para los países Hugh Galway, jefe de los mercados de carbono de Gold Standard, organización con sede en Ginebra que establece normas en los mercados de carbono.
Necesidad de normas sólidas
Antes de la cumbre sobre el clima, Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, expresó su propia preocupación por lo que —en su opinión— era una creciente “fragmentación” en el comercio de carbono y los sistemas de fijación de precios, donde varían los precios y las normas. “No podemos permitir la fragmentación tan tarde en el juego del cambio climático”, dijo.
Un informe reciente sobre el ecopostureo del anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol, Catar, que señala que utilizaba medios controvertidos para compensar las emisiones, subraya la cuestión de las dudosas normas en uso.
Galway señaló que había preocupación por la utilización de algunos sistemas, incluso en los llamados mercados voluntarios de carbono, empleados —en particular— por el sector privado. “Nos preocupan algunas organizaciones que están estableciendo normas que no piensan en la adicionalidad necesaria y que no piensan en las salvaguardias adecuadas y no consultan debidamente a las partes interesadas locales”.
Editado por Virginie Mangin
Adaptado del inglés por Lupe Calvo
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