Expertos de la ONU piden a países demandar a Nicaragua en la CIJ por tortura y apatridia

San José, 30 abr (EFE).- El abogado húngaro Reed Bródy, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, informó este miércoles que están buscando que uno o más Estados demanden al Gobierno que preside Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los delitos de tortura y apatridia, considerados como crímenes de lesa humanidad.

«Estamos intentando encontrar un Estado o un grupo de Estados que acepte de llevar a Nicaragua ante la CIJ», afirmó Bródy, conocido como el ‘cazador de dictadores’, durante el foro ´Ruta de justicia: el camino de las víctimas frente a crímenes de lesa humanidad´, organizado en Costa Rica por la ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, en ocasión de su sexto aniversario.

Explicó que el grupo de expertos, integrado por él, el alemán Jan-Michael Simon, que la preside, y la uruguaya Ariela Peralta, está «tratando de establecer la responsabilidad estatal por las violaciones» de derechos humanos sobre los nicaragüenses, «sobretodo a la Convención contra la tortura, y la Convención para reducir los casos de apatridia».

Bródy, que también tiene la nacionalidad estadounidense, advirtió que Nicaragua «es el país en el mundo donde más se utiliza la privación arbitraria de nacionalidad por razones políticas».

«No hay otro país que iguale a Nicaragua y es una violación flagrante de la Convención, tanto cuando deja a personas apatridas, como cuando se hace por motivos arbitrarios», sostuvo.

El experto de la ONU dijo que han optado por intentar llevar al Gobierno de Ortega y Murillo ante la CIJ, porque es la única institución que Nicaragua «valoriza» al convertirse en su «cliente más frecuente en el mundo».

Bródy instó a los nicaragüenses exiliados víctimas de violaciones a documentar sus casos y «hacer presión en sus países de acogida para que haya justicia».

Serían 54 los acusados, incluido Ortega y Murillo

El 3 de abril pasado, el grupo de expertos publicó una lista de 54 responsables de violaciones y crímenes en Nicaragua desde 2018, encabezada por el matrimonio formado por Ortega y Murillo, copresidentes desde la reforma constitucional de febrero.

La lista incluye autoridades como el jefe del Ejército, Julio César Avilés, el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, el director general de la Policía, Francisco Díaz, o el titular de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.

Las 54 personas citadas, según el grupo de expertos, habrían desempeñado funciones clave en relación con detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución de la sociedad civil y de medios de comunicación, así como otros delitos que en algunos casos podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad.

La lista se publicó semanas después de que el grupo de expertos presentara ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 28 de febrero, otro informe en el que denunciaba múltiples abusos del régimen nicaragüense.

Nicaragua incluso se retiró del Consejo de Derechos Humanos el 27 de febrero, mes en el que también anunció su abandono de agencias como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».

Diversos países y organizaciones internacionales han acusado al Ejecutivo sandinista de violar los derechos humanos de la población en medio de esta crisis en la que además de organizaciones, han sido cerrados por el Gobierno medios de comunicación e instituciones académicas. EFE

mg/rao/jrh