Justicia neerlandesa estudia demanda contra Países Bajos por suministro de armas a Israel

Imane Rachidi

La Haya, 22 nov (EFE).- La ONG palestina de derechos humanos Al Haq y una decena de grupos de la socieda civil exigieron este viernes en un tribunal neerlandés que Países Bajos suspenda el suministro de armas a Israel para “prevenir un genocidio”, y prohíba las relaciones comerciales con los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados.

El Tribunal de Distrito de La Haya escuchó los argumentos del Estado neerlandés y los demandantes, en un procedimiento sumario en el que más de una decena de ONG exigieron una orden legal urgente pidiendo a Países Bajos suspender el comercio de armas y la cooperación militar con Israel hasta que cesen “las violaciones de derechos humanos” en Palestina.

«La lista de víctimas palestinas crece cada día y la increíble magnitud del sufrimiento humano ya no se puede expresar con palabras», lamentó Wout Albers, abogado de los demandantes, que incluyen la organización judía neerlandesa Een Ander Joods Geluid.

Albers insistió en que Países Bajos «debe detener de inmediato» el suministro de armas y «debe hacer todo lo razonablemente posible para prevenir un genocidio», como exige la Convención sobre el Genocidio de 1948.

Política exterior

El palestino-neerlandés Ahmed Abofoul, asesor legal de Al Haq, también se dirigió al tribunal para denunciar que “las armas neerlandesas están siendo usadas para matar niños en Palestina todos los días”, incluida su propia familia, subrayó. “Cuando hay violaciones del derecho internacional humanitario, un Estado no debería enviar armas para contribuir a esas violaciones”, advirtió.

“La defensa propia no debe ser una excusa para un genocidio (…) Esta no solo es mi opinión profesional, es la opinión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su opinión consultiva, y la jurisprudencia de la CIJ es que los Estados con una influencia única tienen una responsabilidad única para prevenir un genocidio, no esperar a que ocurra”, señaló.

Sin embargo, el abogado del Estado, Reimer Veldhuis, pidió desestimar este caso y negó que Países Bajos esté cooperando a la violación del derecho internacional, advirtiendo de que un procedimiento urgente no es la vía adecuada para esta demanda.

Además, advirtió de que no le corresponde a un tribunal “dictar” la política exterior neerlandesa, “esa responsabilidad recae en el gabinete y el parlamento, un juez debe ser extremadamente prudente al emitir órdenes en este ámbito al Estado”.

También subrayó que prohibir el comercio de armas a Israel equivaldría a un “embargo”, una medida definida como “una sanción, un instrumento internacional que requiere una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU o una decisión europea”.

Abofoul alertó: “Estamos hablando de un genocidio en curso que se está retransmitiendo en directo. La implicación del gobierno neerlandés en esto solo está ayudando a mantener la situación, no solo el genocidio, sino también la ocupación más larga de la historia moderna. Una ocupación ilegal, como concluyó la CIJ”.

Crímenes de guerra

Esta audiencia se produce un día después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Nentayahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, como máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza, incluido el uso del hambre como arma de guerra, al menos desde el 8 de octubre pasado.

El ministro neerlandés de Exteriores, Caspar Veldkamp, aseguró ayer que “si (Netanyahu) pisa suelo neerlandés, será arrestado” porque Países Bajos “cumple al 100 % con el Estatuto de Roma”, el tratado fundacional de la CPI.

Prometió también que Países Bajos no mantendrá contactos “no esenciales” con él. Si se requiere una reunión esencial, dijo, se discutirá primero en el consejo de ministros.

A principios de este año, las ONG neerlandesas Oxfam Novib, PAX y The Rights Forum, apoyadas por otros grupos y más de un millar de neerlandeses, iniciaron una demanda contra el Gobierno por permitir que Israel recogiera un pedido del almacén europeo de F-35 en la base aérea de la provincia de Brabante, donde está el centro de distribución de Estados Unidos de esas piezas.

La justicia consideró que “existe un riesgo claro de que se cometan graves violaciones del derecho humanitario en la guerra en Gaza con los aviones de combate F-35″, por lo que pidió al Estado neerlandés suspender “cualquier exportación y tránsito de piezas del F-35 con destino final a Israel”.

El Gobierno neerlandés se comprometió a “implementar” el fallo, pero interpuso también un recurso. EFE

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