La política suiza no quiere prestar mucha atención al turismo de la muerte
¿Cuántas personas viajan a Suiza para quitarse la vida? La política suiza no quiere saberlo con exactitud. El Parlamento ha rechazado una propuesta para controlar el turismo de la muerte, a pesar de que los datos están disponibles. Un caso especial, el de Suiza. En España y Colombia, no acepta este tipo de «turismo».
Suiza es el único país que no limita explícitamente quién puede recibir ayuda para morir. El artículo 115 del Código Penal Suizo dice que ayudar al suicidio es punible solo si quien ayuda actúa por «motivos egoístas». Como no exige ciudadanía, residencia ni enfermedad terminal, cualquier persona —incluidas extranjeras— puede recibir esta asistencia en Suiza, siempre que quien asiste no actúe por beneficio propio.
Diferencias con España y Colombia
En Suiza sólo se permite la asistencia al suicidio, es decir, la persona que quiere morir realiza por sí misma el acto final (por ejemplo, ingerir o activar el medicamento letal). Otra persona proporciona los medios, siempre que no tenga motivos egoístas para apoyar este acto (de lo contrario sería homicidio punible). Pero Suiza no permite la eutanasia, es decir, que otra persona administre la sustancia letal.
En el mundo hispanohablante, España y Colombia han aceptado a inicios de esta década la asistencia al suicidio y la eutanasia, bajo estrictas condiciones y con el requisito de una enfermedad grave e irreversible o sufrimiento intolerable o intenso. Pero no aceptan que personas extranjeras residentes en otros países tengan acceso a este derecho sanitario. Tampoco Uruguay, que recién aceptó la eutanasia en 2025.
Críticas al caso de Suiza
Las críticas al turismo de la muerte en Suiza provienen tanto del interior como del exterior. Mientras que en el país se debate, entre otras cosas, los costes que esto supone para las autoridades forenses cantonales (es decir, estatales), en el extranjero predominan las consideraciones éticas. Se repite la acusación de que en Suiza se maneja con demasiada ligereza el acceso al suicidio asistido.
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Suiza quiere dejar de pagar la factura forense del «turismo de la muerte»
Entre otros, causaron titulares negativos los casos de personas del Reino Unido que, sin el conocimiento de sus familiares, solicitaron ayuda para suicidarse en Suiza. Entre ellos se encontraba una mujer de poco más de cincuenta años que sufría depresión tras la muerte de su hijo.
La organización implicada no cometió ningún delito al prestar asistencia al suicidio a esta mujer. En Suiza, este respaldo no requiere que la persona implicada tenga una enfermedad terminal, ni existe la obligación de informar a los familiares.
El suicidio asistido está regulado por un artículo del Código PenalEnlace externo. Según este, el suicidio asistido no es punible si no se realiza por motivos egoístas de la persona que asiste este suicidio, es decir, se prohíbe todo provecho personal de la persona asistente. A esto se suman las directrices profesionales del colectivo médico y las normas que se imponen a sí mismas las organizaciones de eutanasia.
Sin regulación, sin comentarios
Hasta ahora, todos los intentos políticos de regular más estrictamente el suicidio asistido en Suiza han fracasado. El rechazo más reciente se produjo en el Parlamento suizo.
Tras muchas discusiones, lo que quedó fue una especie de propuesta mínima de la Comisión Jurídica de la Cámara Alta, llamada en Suiza Consejo de los Estados. La mociónEnlace externo exigía, como mínimo, observar toda la evolución de esta práctica en Suiza, registrando y publicando estadísticamente también los casos de ayuda al suicidio de personas extranjeras.
Hoy en día, esto sólo se hace en el caso de personas residentes en Suiza, no para el denominado turismo de la muerte llegado del extranjero.
Una mociónEnlace externo que buscaba también recopilar datos sobre las personas que vienen del extranjero para morir fue rechazada en la pasada sesión de invierno por la Cámara Baja, (denominada en Suiza como Consejo Nacional). Casi nadie quiere comentar al respecto en el Legislativo. La única excepción fue el diputado Ueli Schmezer (Partido Socialista), que defendió el rechazo de la Comisión Jurídica del Consejo Nacional en el Parlamento.
Según Schmezer, hay tres consideraciones que se opusieron al seguimiento o monitoreo de estos datos.
En primer lugar, ya se dispone de datos sobre los suicidios asistidos, ya que se tratan como casos de muerte excepcionales y se investigan en consecuencia; y el mundo de la política también puede hacerse una idea de los suicidios asistidos de personas venidas del exterior a Suiza a través de los datos de las organizaciones de ayuda al suicidio que las asisten.
En segundo lugar, la administración federal helvética ha señalado que la recopilación de datos supondría un esfuerzo considerable, en un momento en el que la Oficina Federal de Estadística tiene que prescindir de estadísticas importantes por motivos de ahorro.
Y, en tercer lugar, Suiza podría poner fin al turismo de la muerte en cualquier momento si lo deseara, incluso sin necesidad de realizar un seguimiento o monitoreo de casos.
Los datos ya están disponibles
La ministra suiza responsable, Elisabeth Baume-Schneider (Partido Socialista), había argumentado de forma casi idéntica en las deliberaciones de la comisión.
Entre otras cosas, dijo que no se trataba simplemente de añadir un campo adicional a una estadística existente, sino de crear un nuevo marco para la recopilación de datos. Sería necesario impartir formación y, en su caso, desarrollar una solución informática específica.
Pero ¿por qué es necesario tanto esfuerzo para registrar unos pocos cientos de casos? El legislador Schmezer no se pronunció al respecto y remitió a la Oficina Federal de Estadística (OFE).
Así que Swissinfo solicitó una explicación detallada del proceso de recopilación de datos por la OFE. De ello se desprende que los datos de los cantones sobre el suicidio asistido de personas residentes en el extranjero ya se envían actualmente a las autoridades federales.
Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la investigación de los casos calificados como muertes extraordinarias. Los datos son recopilados por la Oficina Federal de Estadística mediante el denominado certificado de causa de muerte, al igual que en el caso de las personas residentes en Suiza y de las muertes normales.
«Por motivos de recursos y dado que las estadísticas oficiales se centran en la población residente en Suiza, no se realizan consultas», escribe la OFE. Por eso los datos no se consideran verificados sistemáticamente y no se publican las cifras.
Erika Preisig, de Lifecircle, la única organización importante de ayuda al suicidio en Suiza que aboga por una mayor regulación, no entiende por qué no se pueden añadir simplemente algunos puntos al formulario de la OFE.
Según Preisig, el esfuerzo adicional para las personas ocupadas en la medicina forense o la medicina judicial sería mínimo, sobre todo si se compara con el esfuerzo total que supone cada suicidio asistido en sí mismo.
En Suiza, estos casos se investigan de oficio, con las consecuencias económicas mencionadas. «En comparación con la inspección legal y el informe, rellenar este formulario posteriormente es una minucia», afirma Preisig. Además, no es necesario formar al sector médico para ello.
¿Solución sin mandato político?
Tras un intercambio de correspondencia digital, la Oficina Federal de Estadística escribe de repente que, aunque no existe un mandato político al respecto, ahora está considerando la posibilidad de elaborar estadísticas sobre el turismo de la muerte.
«Por nuestra parte, estamos examinando de forma proactiva este asunto para encontrar una posible solución que no se base necesariamente en la formulación de la moción y que sea realista en el marco de las posibilidades financieras», se afirma en el correo enviado a Swissinfo.
La Oficina Federal de Estadística se esfuerza continuamente por mejorar su oferta.
Editado por Balz Rigendinger, adaptado por Patricia Islas
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