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Una marcha en Bogotá el 8 de junio de 2016 contra la política económica del gobierno colombiano y en apoyo a la protesta de campesinos y huelga en el sector de transportes

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La protesta campesina que se desarrollaba desde hace 14 días en Colombia se suspendió este domingo tras la firma de acuerdos entre voceros de los manifestantes y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se confirmó oficialmente.

El ministro del Interior Juan Fernando Cristo anunció a medios de comunicación que se logró un pacto para que los campesinos e indígenas que protestaban en el sur del país levanten el movimiento.

Cristo añadió que los acuerdos "nos permitirán garantizar una paz estable y duradera acabando con la desigualdad".

"Hemos tomado la decisión de suspender la Minga (protesta) y volver a nuestros territorios y a prepararnos para una nueva jornada más adelante", aseguró por su parte Luis Fernando Arias, vocero nacional de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Arias añadió que se produjeron avances en materia de "acuerdos incumplidos (tras dos paros de fuerte impacto en 2013 y 2014), tierras, victimas, derechos humanos, reconocimiento de la autoridad económica y ambiental".

Los campesinos, que bloquearon durante 11 días la carretera Panamericana al sur del país, manifestaron contra el aumento de las importaciones de alimentos, que atribuyen a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa, y la pobreza rural, entre otros aspectos.

Las conversaciones con el gobierno se realizaron en medio de un clima tenso por brotes de violencia, pese a lo cual la vía fue desbloqueada gracias a un acuerdo parcial, el pasado miércoles.

El acuerdo alcanzado este domingo incluye la instalación de una mesa temática de negociación el próximo 17 de junio.

Los ministerios del Interior y de Agricultura agradecieron a las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y la iglesia católica, garantes en las negociaciones.

Jimmy Moreno, vocero nacional de la Cumbre Agraria, que agrupa a diversas organizaciones sociales, aseguró que se logró avanzar en la "construcción de una ruta que no criminalice la protesta social".

Los organizadores que participaron de las movilizaciones también resaltaron que los recursos del Estado que reciben los resguardos indígenas se duplicarán una vez que se trámite una ley al respecto en el Congreso de la República.

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