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El presidente chino, Xi Jinping, abandona el estrado después de dar un discurso, este jueves 28 de abril en Pekín

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El parlamento chino, controlado por el Partido Comunista, adoptó un controvertido proyecto de ley que impone nuevas restricciones a las organizaciones no gubernamentales extranjeras, desatando inquietudes en instituciones de cooperación y en los gobiernos extranjeros.

El texto fue aprobado casi por unanimidad por la Asamblea Nacional Popular (ANP) pese a la protesta de organizaciones caritativas y de gobiernos extranjeros, preocupados por el creciente control policial.

El portavoz de la asamblea He Shaoren dijo en una conferencia de prensa que 147 parlamentarios votaron a favor y uno en contra.

Al menos un millar de organizaciones están presentes en China, entre instituciones de beneficencia, ambientalistas y cámaras de comercio, además de estructuras universitarias.

La nueva ley, que entrará en vigor en enero, estipula que la policía será la única institución habilitada para inscribir a las organizaciones extranjeras, según una copia del documento distribuida por la ANP.

La policía podrá anular el registro de cualquier organización que considere que alienta la "subversión del poder del Estado" o el "separatismo", con lo que se prohibiría su actividad en China, según la misma fuente.

"Las oenegés extranjeras han previsto u organizado actividades que amenazan la estabilidad social y la seguridad nacional", declaró por su lado Zhang Yong, un importante miembro de la ANP.

- '¿De qué tienen miedo?' -

La agencia oficial Xinhua había anunciado a principios de semana que esta tercera versión del proyecto de ley conservaría algunas de sus disposiciones más polémicas.

Según Xinhua, las ONG deberán estar "asociadas" a una agencia controlada por el gobierno chino y rendir cuentas sobre sus actividades.

La ley no establece un marco claro de lo que constituye una ONG, pero la definición probablemente englobe a las instituciones de beneficencia y a las asociaciones profesionales.

En tanto, las instituciones universitarias presentes en el país y los hospitales internacionales no estarán concernidos.

"Nuestra primera reacción es la decepción por ver que serán las agencias de seguridad pública van a gestionar el proceso de registro", declaró Jake Parker, vicepresidente de la Cámara de Comercio estadounidense en China.

La ley fue votada en un momento en que el presidente chino Xi Jinping supervisa una vasta operación de represión de la sociedad civil, que ha afectado a abogados, intelectuales y activistas de derechos humanos, que han sido detenidos o encarcelados.

Otro miembro de la ANP Guo Linmao rechazó en una conferencia de prensa las críticas.

"Si no han infringido la ley, ¿de qué tienen miedo?", dijo.

A partir de ahora las ONG extranjeras deberán comunicar su programa anual de trabajo y sus cuentas financieras al gobierno y no van a poder reclutar a miembros chinos, salvo si las autoridades les dan una autorización especial.

Además se prohibirá la recolección de fondos en China.

- 'Poderes ilimitados' -

En enero Pekín detuvo y después expulsó a un activista sueco de derechos humanos que había formado a abogados chinos y los miembros de ONG operan cada vez con más restricciones.

Antes de la votación del jueves, diplomáticos extranjeros en el país habían escrito al gobierno para expresarle sus inquietudes.

Esta ley "probablemente va a dificultar los contactos entre los pueblos, los intercambios universitarios y las actividades comerciales, que son elementos cruciales de nuestras relaciones bilaterales", dijo en una carta consultada por la AFP Hans-Dietmar Schweisgut, embajador de la Unión Europea en China.

La Casa Blanca expresó este jueves su "preocupación" por la adopción en China de la polémica ley y llamó a Pekín a respetar "los derechos y libertades" de los defensores de los derechos humanos.

Varias organización de derechos humanos criticaron también severamente la ley.

"Las autoridades, especialmente la policía van a tener en la práctica poderes ilimitados sobre las ONG, para restringir sus actividades y en definitiva ahogar a la sociedad civil", declaró William Nee, investigador de Amnistía Internacional especialista en China.

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