El pacto con las FARC rechazado por Colombia
El acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC en Colombia, que fue rechazado el domingo, “no es perfecto, pero es el mejor que se ha logrado”, ha repetido incansablemente en las últimas semanas el presidente Juan Manuel Santos.
De 297 páginas y firmado el 26 de septiembre entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), Rodrigo Londoño, más conocido como ‘Timochenko’, el acuerdo busca poner fin a 52 años de conflicto armado. Consta de seis puntos.
– Fin del conflicto –
Tras el alto al fuego bilateral y definitivo en vigor desde el 29 de agosto, las FARC debían comenzar a agrupar a los 5.765 combatientes armados que declararon tener en 27 sitios acordados para la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil.
El proceso iba a ser supervisado por Naciones Unidas y se realizaría en 180 días a partir del 26 de septiembre, día de la firma del acuerdo.
– Justicia para las víctimas-
Reparar a las víctimas del conflicto, que ha dejado 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados, era el objetivo del sistema de justicia negociado, que tenía previsto juzgar en tribunales especiales los crímenes cometidos por todos los actores del conflicto -guerrillas, paramilitares, agentes estatales-, tanto uniformados como civiles.
Una ley de amnistía había sido pactada para los rebeldes acusados de delitos políticos, como rebelión, pero no cobijaría a los responsables de masacres, torturas y violaciones.
Quienes confesaran crímenes atroces ante un tribunal especial podrían evitar la cárcel y recibir penas alternativas.
Si no lo hacían, y eran declarados culpables, serían condenados de ocho a 20 años de prisión.
– Solución al narcotráfico-
Las FARC habían aceptado en mayo de 2014 poner fin a la producción de drogas ilícitas en territorio bajo su control y desvincularse del negocio del narcotráfico.
El pacto contenía un plan de sustitución de cultivos ilícitos en zonas de influencia guerrillera, donde el gobierno se había comprometido a brindar alternativas de sustento a los campesinos que aceptaran el reemplazo.
Las autoridades de Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, seguirían combatiendo el narcotráfico, que desde la década de 1980 ha sido combustible para el conflicto armado.
– Participación en política –
Con el acuerdo, las FARC se convertirían en un movimiento político legal y el gobierno se había comprometido a garantizar su seguridad para evitar que sus militantes fueran asesinados, como ocurrió a manos de paramilitares y fuerzas estatales en los años 1980 y 1990, después de un fallido proceso de paz.
Además, a las FARC se les asignarían 10 escaños en el Congreso de 268 miembros por dos periodos legislativos consecutivos, cada uno de cuatro años, si no lograban los votos suficientes.
– Desarrollo agrario –
Las partes firmaron en mayo de 2013 un acuerdo en el que el gobierno se comprometía a otorgar más acceso a tierras, créditos y dotar de servicios básicos los territorios rurales asolados por la conflagración interna.
La repartición de tierras y una reforma agraria son reivindicaciones históricas de las FARC, nacidas en 1964 de una sublevación campesina.
– Refrendación –
Para hacerse efectivo el acuerdo debía ser refrendado en el plebiscito de este domingo, que había sido aceptado como método de consulta popular por la Corte Constitucional.
Los colombianos, sin embargo, votaron contra el pacto. Con el 99,89% de las mesas escrutadas, el “No” tenía el 50,22% de los sufragios y el “Sí”, el 49,77%.
