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Marcha en San Salvador, el 16 de junio 2006, contra las concesiones y la explotación minera en El Salvador

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Miembros de organizaciones sociales protestaron este viernes frente a la sede del Banco Mundial en San Salvador para exigir a un tribunal de ese organismo que no condene a El Salvador a pagar una millonaria suma a una minera canadiense.

"Fuera de El Salvador empresas mineras violadoras de derechos humanos" se leía en una gran pancarta colocada frente al edificio donde se aloja la oficina local del Banco Mundial, portada por miembros de la denominada Mesa Nacional Contra la Minería, que reúne a organizaciones comunales y ambientalistas.

"Exigimos al CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones) del Banco Mundial no condenar a El Salvador por no permitir la minería metálica", dijo a la AFP Videlina Morales, representante de la mesa, en la marcha que agrupó a un centenar de personas.

Varios niños que acompañaban a sus padres en la protesta mostraban pequeños carteles con mensajes contra la explotación minera.

En 2009, la minera canadiense Pacific Rim presentó una demanda contra el Estado salvadoreño en el CIADI, alegando que se le había bloqueado su derecho a invertir para extraer oro y plata de una mina ubicada en el nororiental departamento de Cabañas y que con ello había sufrido pérdidas económicas.

La demanda interpuesta por Pacific Rim, que en 2013 fue adquirida por la firma canadiense-australiana OceanaGold, ronda los 250 millones de dólares, según cifras del gobierno.

Tanto el anterior gobierno salvadoreño, que encabezó el izquierdista Mauricio Funes (2009-2014), así como el actual, del también izquierdista presidente Salvador Sánchez Cerén, se han negado a permitir la explotación de metales preciosos, alegando que la industria puede causar una grave contaminación por el uso de químicos en el proceso.

"Exigimos que el CIADI no demore más la resolución de la demanda y no se condene al país", expresó Morales.

Entidades como la estatal Universidad de El Salvador (UES) y la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), así como la Iglesia católica, se han declarado opuestas a la explotación minera.

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AFP