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Simpatizantes de la presidenta suspendida Dilma Rousseff protestan en la Explanada de los ministerios en Brasília, el 10 de junio de 2016

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La presidenta brasileña Dilma Rousseff, suspendida del cargo mientras encara un juicio político, fue llamada a declarar como testigo de la defensa del empresario Marcelo Odebrecht, condenado por la trama de corrupción en Petrobras, según los documentos judiciales.

Conforme a la decisión del juez investigador, Sergio Moro, Rousseff podrá elegir si acude a declarar al tribunal o responde el interrogatorio por escrito, como había informado inicialmente el sitio G1 del canal Globo.

Odebrecht, que fue presidente del gigantesco grupo empresarial de su familia, ya fue condenado a casi 20 años de cárcel por su participación en el caso Petrobras, una trama corrupta entre políticos y empresarios que costó más de 2.000 millones de dólares a la empresa estatal.

Rousseff será testigo en un caso de corrupción contra el empresario, en el que también están involucrados Joao Santana, el publicista que dirigió su campaña electoral, y su esposa.

Odebrecht habría confesado a la justicia, en el marco de un acuerdo para colaborar con la investigación del caso Petrobras, que Rousseff le pidió 12 millones de reales (unos 3,5 millones de dólares al cambio actual) en 2014 para traspasar a Santana y al partido PMDB del presidente interino Michel Temer, entonces su vicepresidente y aliado, dijo la revista Istoé el fin de semana.

Según otro reportaje de la revista Veja, el empresario habría dicho a las autoridades que la reelección de Rousseff fue financiada con dinero depositado en cuentas en el exterior y no declarado a las autoridades electorales.

La AFP intentó contactar sin éxito el despacho del juez Sergio Moro, que lleva la causa.

Junto a otras grandes compañías brasileñas, Odebrecht es acusado de formar un cártel para amañar contratos con la petrolera a través del pago de sobornos a altos jefes de Petrobras y a políticos, en un caso que tiene contra las cuerdas a buena parte de la élite política y empresarial local.

Aunque el juicio político a Rousseff es distinto al escándalo de Petrobras, las acusaciones sobre el supuesto rol que jugó en el periodo de los delitos, cuando era presidenta del consejo de administración de la compañía, crecen.

El sábado, Veja también reportó que uno de los involucrados en el escándalos, el extesorero del Partido de los Trabajadores, Joao Vaccari Neto, se prepara para acordar una negociación con el fiscal acusador que podría resultar en nuevos alegatos contra Rousseff y sus aliados.

El juicio político a Rousseff se resolverá en agosto, con un voto en el Senado que decidirá si es destituida definitivamente como presidenta. La decisión podría coincidir con la inauguración de los Juegos Olímpicos, que arrancan el 5 de agosto en Río de Janeiro.

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