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El líder de la mayoría republicana en el Senado de EEUU, Mitch McConnell, ofrece una rueda de prensa en el Capitolio, en Washington, el 8 de marzo de 2016

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Docenas de senadores del opositor partido Republicano presentaron el lunes un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos contra las medidas de alivio migratorio decretadas en 2014 por el presidente Barack Obama, objeto de un litigio en el máximo tribunal.

Un total de 43 parlamentarios señalaron en su recurso que, al decretar las medidas, el presidente pretendió tener la "discreción sin control" para "reescribir" políticas migratorias sin que el Congreso se lo autorizara.

El documento está firmado por Mitch McConnell, líder republicano en el Senado y un fuerte crítico de Obama, así como diversos detractores de las políticas migratorias de la Casa Blanca, incluyendo el aspirante presidencial Ted Cruz y su excontrincante Marco Rubio.

"Existe poca duda que el Ejecutivo adoptó el programa DAPA como parte de un esfuerzo explícito para evadir el proceso legislativo", afirmaron en el documento los senadores.

Los republicanos tienen 54 de los 100 escaños del Senado.

Obama autorizó en 2014 medidas para regularizar a entre cuatro y cinco millones de inmigrantes clandestinos, entre ellos padres o residentes de ciudadanos estadounidenses o DAPA.

Pero hace un año, Texas y otros 25 estados lograron exitosamente mantener el bloqueo de las medidas ante un tribunal federal de Apelaciones de Nueva Orleans (sur), una decisión que la administración de Obama apela ante el Tribunal Supremo.

"La decisión del Tribunal de Apelaciones debe ser ratificada", concluyeron los senadores.

La medida en el Senado se une a la decisión a mediados de marzo de la Cámara de Representantes (cámara baja), controlada por los republicanos, de interceder oficialmente como un todo, del lado de los estados y en contra de las medidas presidenciales.

Algunos congresistas demócratas también han presentado recursos a favor de los decretos.

La Casa Blanca ha insistido en que los decretos de regularización fueron una necesidad, después que un extensivo proyecto de reforma migratoria, que proponía una vía a la ciudadanía a los 11 millones de indocumentados, fuera sepultado por la Cámara de Representantes en 2013.

Específicamente, los decretos presidenciales permitirían a extranjeros cuyos hijos nacieron en Estados Unidos o que ya regularizaron su situación mediante un procedimiento abierto en 2008 tramitar su permanencia en el país y obtener un permiso temporal de trabajo.

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