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Australia rechaza el acuerdo sobre migración de la ONU denunciado por EEUU

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, asiste a la cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico (APEC) en Port Moresby, el 18 de noviembre de 2018 afp_tickers

El gobierno de Australia, conservador, anunció el miércoles que rechazaría un acuerdo de Naciones Unidas sobre migración que ya denunciaron Estados Unidos y varios países europeos.

Adoptar este acuerdo “podría animar [a personas a] entrar ilegalmente en Australia y terminar con (…) éxitos que costaron de lograr en materia de tráfico de personas”, dijo el primer ministro, Scott Morrison, en un comunicado conjunto firmado también por los ministros de Interior y de Relaciones Exteriores.

Morrison fue uno de los artífices de la dura política migratoria de Australia, que prevé la detención de solicitantes de asilo que intenten llegar al país por barco en remotas islas del Pacífico.

Esta política atajó el tráfico de personas y provocó la muerte de cientos de personas en el mar que trataban de llegar a Australia.

Desde entonces, cientos de personas han estado detenidas durante años en Papúa Nueva Guinea y Nauru en virtud de este programa, vivamente criticado por Naciones Unidas y oenegés de defensa de derechos humanos.

“Creemos que el acuerdo es incompatible con nuestras políticas establecidas y no va en el interés de Australia”, indicaron los ministros.

Además, añadieron que el acuerdo “también podría ser utilizado por quienes trataron de socavar las fuertes leyes y prácticas de protección de las fronteras de Australia”, refiriéndose a los partidos de la oposición, que reclaman la liberación de los refugiados detenidos en Nauru y en Papúa Nueva Guinea.

El acuerdo de la ONU sobre la migración fue alcanzado en julio tras 18 meses de negociaciones y está previsto que sea adoptado el mes próximo.

Recoge 23 objetivos para facilitar la migración legal y un mejor manejo de los flujos migratorios, en un momento en el que 250 millones de personas han abandonado sus hogares, un 3% de la población mundial.

El texto fue rechazado por el gobierno estadounidense y los Ejecutivos de Polonia, Austria, Hungría y República Checa, conservadores.

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