El ejército birmano desafía a la ONU por la crisis de los rohinyás
La ONU “no tiene derecho a interferir” en los asuntos birmanos, afirmó el lunes el jefe del ejército Min Aung Hlaing, a quien Naciones Unidas quiere ver ante la justicia internacional por el “genocidio” de los musulmanes rohinyás.
El hombre más poderoso de Birmania reaccionaba por primera vez al informe de una misión de investigación de la ONU, publicado la semana pasada, que acusa igualmente a los militares birmanos de “crímenes contra la humanidad” y “crímenes de guerra”.
“Ningún país, ninguna organización y ningún grupo tiene derecho a interferir” en la política de nuestro país, afirmó Min Aung Hlaing, de 62 años, en el diario oficial del ejército.
También descartó la hipótesis de una posible retirada de los militares de la vida política, como pedía la misión de la ONU.
“Los países de todo el mundo eligen el sistema democrático que les conviene (…) Birmania está en camino hacia el multipartidismo democrático”, explicó el general, y aseguró que el ejército seguirá estando muy implicado mientras no se hayan resuelto las rebeliones en el país, algunas de las cuales duran desde hace casi 70 años.
Pese a la llegada al poder en 2016 del gobierno civil de Aung San Suu Kyi, los militares conservan un lugar central en el régimen político birmano.
Controlan tres ministerios —Defensa, Interior, Fronteras— y ocupan cuatro escaños en el parlamento, lo que les permite bloquear cualquier enmienda constitucional que pueda limitar sus poderes.
Los investigadores de la ONU pidieron que seis altos responsables del ejército, incluido Ming Aung Hlaing, sean llevados ante la justicia internacional.
Más de 700.000 rohinyás, una minoría étnica musulmana, huyeron en 2017 de la violencia de los militares birmanos y de las milicias budistas hacia el vecino Bangladés, donde viven desde entonces en inmensos campos de refugiados.
En Nueva York, al margen de la Asamblea General Anual de la ONU, el jefe de la diplomacia británica, Jeremy Hunt, reunió a una decena de ministros de Relaciones Exteriores para hablar de Birmania.
“Si de aquí a un año no hemos modificado de forma significativa la vida del millón de personas afectadas” por la crisis de los rohinyás, “entonces habremos fracasado como comunidad internacional”, declaró Hunt.
Durante el mismo encuentro, Estados Unidos anunció una ayuda de 185 millones de dólares para los refugiados rohinyás.
– Examen de la CPI –
“Asesinatos”, “desapariciones”, “torturas”, “violencia sexual”, “trabajos forzados”: el informe de la ONU enumera una larga lista de abusos contra los rohinyás que constituyen “los crímenes más graves según el derecho internacional”.
El ejército birmano rechaza estas acusaciones, asegurando que su campaña iba dirigida contra los rebeldes rohinyás, tras sangrientos ataques a comisarías de policía en agosto de 2017.
Las declaraciones de Min Aung Hlaing llegan en un contexto de gran tensión entre Birmania y la comunidad internacional.
Además del informe de la ONU, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, anunció la semana pasada la apertura de un examen preliminar sobre este caso, primera etapa de un proceso que puede conducir a una investigación formal del tribunal con sede en La Haya y a posibles acusaciones.
Los expertos consideran sin embargo que este procedimiento será largo y estará lleno de obstáculos.
Aung San Suu Kyi no reaccionó todavía al último informe de la ONU, que lamenta que la premio Nobel de la Paz, muy criticada por sus silencios sobre la crisis de los rohinyás, no haya “utilizado su posición de facto de jefe del gobierno, ni su autoridad moral, para combatir o impedir” la violencia.
Unos días antes del informe final de la ONU, Aung San Suu Kyi se limitó a decir que el ejército podría haber “gestionado mejor” la crisis.
