Los habitantes de la colonia israelí de Amona rechazaron este jueves una oferta del gobierno para realojarlos, a pocos días de que se cumpla el ultimátum de la justicia que exige la evacuación de este asentamiento de la Cisjordania ocupada.

El futuro de las cerca de 40 familias de Amona está en el centro de una batalla con factores políticos, diplomáticos y humanos, desde que el Tribunal Supremo israelí sentenció que la colonia debería ser destruida antes del 25 de diciembre, porque se construyó en tierras palestinas privadas.

Los residentes de Amona rechazaron por amplia mayoría una propuesta del gobierno que ofrecía realojarlos a cambio de que abandonaran el asentamiento de forma pacífica.

La oferta estipulaba que sólo 12 familias podrían permanecer en la misma colina de Amona, pero en otros terrenos vacantes, explicó a la AFP Eliana Passentin, portavoz de la subdivisión administrativa local.

Y las otras 28 familias serían trasladadas a la colonia vecina de Ofra, a la espera de encontrar una solución.

"El Estado no hace ningún compromiso (...) Si se compromete expresamente a construir nuestras nuevas casas aquí en Amona y a aplazar la evacuación hasta esa construcción, estamos dispuesto a aceptarlo", declararon los habitantes de la colonia.

Éstos se niegan a ser expulsados, alegando que llevan años viviendo en el asentamiento, que el Estado apoyó su instalación y que los judíos mantienen un vínculo milenario con esas tierras.

Amona vivió una noche agitada tras el rechazo de la propuesta gubernamental y los rumores propagados en las redes sociales avivaron el temor a una evacuación inminente.

Decenas de jóvenes de las colonias cercanas fueron a dormir ahí en señal de apoyo a los habitantes.

El asentamiento se considera "salvaje", es decir, ilegal para el derecho israelí, que se aplica en la mayoría de Cisjordania, un territorio palestino ocupado desde 1967.

- Precedente de 2006 -

La ONU y gran parte de la comunidad internacional consideran ilegales todas las colonias en los territorios ocupados por Israel y creen que son un gran obstáculo para la paz entre palestinos e israelíes.

Este caso pone a prueba la cohesión de la coalición gobernante de Benjamin Netanyahu, al que presionan los defensores más fervientes de la colonización, empezando por sus ministros de Hogar Judío, un partido nacionalista y religioso.

Hogar Judío aprovechó el contexto para promover un proyecto de legalización de 4.000 viviendas construidas, como las de Amona, en tierra palestinas privadas y diseminadas en 55 colonias en Cisjordania.

El Parlamento adoptó el texto en primera lectura el 7 de diciembre, pero se necesitarán otras dos lecturas para su aprobación definitiva. Y hay muchas posibilidades de que el Tribunal Supremo invalide la ley.

Muchos países, incluido el gran aliado estadounidense, ya han mostrado su preocupación ante el precedente que crearía esa ley.

Los defensores de Amona tuvieron que resignarse a que una cláusula retroactiva que habría salvado el asentamiento fuera retirada del texto.

El gobierno intenta evitar la repetición de la situación que vivió en 2006, cuando la demolición de nueve edificios en Amona provocó enfrentamientos con la policía, que acabó sacando a los colonos israelíes a la fuerza.

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