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Las minas antipersona camino del colegio son una realidad cotidiana en Colombia

Unos desminadores colombianos comen junto a una señal en la que se advierte sobre la existencia de minas antipersona en el lugar, en La Virgen (Carmen del Viboral, departamento de Antioquia), el 26 de mayo de 2015 afp_tickers

Sebastián Duque camina a la escuela sin desviarse ni un metro del camino. Su madre lo ha persignado antes de recorrer el medio kilómetro de trayecto sembrado de minas antipersona, una realidad cotidiana en Colombia tras más de 50 años de conflicto armado.

La escuela de Sebastián, ubicada en el municipio de Cocorná, Antioquia, a unos 80 kilómetros de Medellín, se construyó donde antes había un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal y más antigua guerrilla del país.

Un batallón del Ejército trabaja ahora para despejar el área de explosivos, que desde 1990 han dejado más de 11.000 víctimas (unos 2.000 muertos y 9.000 heridos) en Colombia, segundo país con mayor cantidad de damnificados por minas después de Afganistán, el 10% de ellos niños.

“Yo le advierto mucho antes de salir. Que no se me vaya a meter en ninguna parte fuera del camino”, cuenta a la AFP Argiro Duque, padre de Sebastián, un campesino que confiesa tener “mucho miedo” a estos artefactos.

Sebastián, de nueve años, es fanático del fútbol, y juega con sus compañeros en la escuela. El único requisito es no salirse del campo, pues tras las rejas, carteles rojos con una calavera les recuerdan cada día la amenaza. “Muchas veces que se nos ha caído el balón, le hemos pedido el favor a los soldados que nos lo saquen, y hay veces que se queda dos o tres días ahí”, cuenta. Sebastián y sus amigos saben que si salen a buscarlo, pueden quedar “sin piernas, sin cabeza, sin vida”.

Para alejarlos del peligro, su profesor Edwin Ramírez les dijo que entre los arbustos había animales que podían hacerles daño. Pero se dio cuenta de que todos en la clase sabían cuál era la amenaza real. El patio se ha convertido en “un espacio que es de ellos y no es de ellos”, asegura.

– Desminar, primer paso –

Guerrillas, paramilitares, agentes del Estado: todos los actores del conflicto armado colombiano han utilizado minas antipersona. Sin embargo, las fuerzas militares renunciaron a este método desde que en 1997 Colombia suscribiera la Convención de Ottawa, que prohíbe su uso.

De los 1.123 municipios de Colombia, 688 están sembrados de minas, según los datos oficiales. En el de Carmen del Viboral, vecino de Cocorná, por ejemplo, la ONG internacional Halo Trust encontró dos artefactos junto a una escultura de la Virgen, al margen de una carretera. Allí, uno de los pocos puntos con cobertura de móvil en el camino, había instalada una botella de refresco, con un explosivo y una jeringa dentro, y otro dispositivo de PVC, ambos listos para estallar cuando alguien los pisara. Según los expertos, frascos de café, envases de abono u otros recipientes llenos de clavos y tuercas, a los que se les conectan sistemas de activación, sirven para preparar explosivos artesanales que luego se entierran.

En el cercano municipio de Sonsón, Jaime, un guerrillero desmovilizado que prefiere no dar su verdadero nombre, aparta ramas y pasa un detector de metales sobre el terreno. Tenía 15 años cuando las FARC aparecieron en su casa para llevárselos a él y a su hermana. Su padre, al intentar evitarlo, fue asesinado frente a los hijos. Nueve años después, logró escapar y hoy trabaja como desminador junto a otros jóvenes, “orgulloso de saber que una persona se va a parar en un metro que yo despejé y no le va a pasar nada”.

– ¿Dónde están? –

Antioquia, una región de verdes y fértiles montañas famosa por su café y sus flores, es uno de los departamentos más afectados por el drama de las minas antipersona en Colombia. Allí empezó a aplicarse estos días un plan de desminado conjunto entre el Gobierno y las FARC, acordado en medio de los diálogos de paz que se desarrollan desde noviembre de 2012 en Cuba.

Militares y guerrilleros trabajarán codo a codo para limpiar el terreno, con apoyo de la agencia especializada noruega APN y del Comité Internacional de la Cruz Roja, una difícil labor a la que ya se dedican varias ONG.

Marta Quintero, desminadora de Halo Trust, supervisa el trabajo junto a una escuela cerca de Sonsón, abandonada tras el asesinato de una maestra por paramilitares. De niña, Marta pisó una mina que no explotó porque estaba mal sellada. Ese día, dice, volvió a nacer. Pero uno de sus vecinos, de 13 años, no tuvo la misma suerte. “Se fue a contar vacas, se paró en una mina y lo encontraron muerto desangrado”, recuerda.

Desminar Colombia será difícil, según Marta. Quienes pusieron los artefactos pueden haber muerto o haberse olvidado donde están o cuántas hay. “Nadie sabe dónde están las minas y, desafortunadamente, a nosotros, los campesinos, nos tocó la peor parte, (cuando) no teníamos nada que ver con esta guerra”, afirma.

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