Buscan frenar un acuerdo del gobierno argentino con negocio de los Macri
El acuerdo tentativo entre el gobierno de Mauricio Macri y la empresa de su padre, que implicaría la condonación de una deuda millonaria con el Estado tras la quiebra del Correo Argentino hace más de 15 años, provocó duros cuestionamientos el jueves.
El rechazo expresado por una fiscal a este acuerdo, que consideró “abusivo”, “ruinoso” e “inadmisible”, se sumó la resolución de un juez federal que se negó a invalidar un decreto presidencial que permite a familiares de funcionarios públicos beneficiarse de una amnistía fiscal, contrario a lo que establece la ley.
Desde el gobierno, Juan Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, afirmó que “no existe ninguna condonación ni quita”. “No le perdonamos ni un mango a Macri, nada, ni siquiera los intereses”, dijo, argumentando que el monto en cuestión es mucho menos de lo que plantea la fiscal.
“La fiscal tiene errores groseros. Nos ha sorprendido este dictamen”, finalizó Mocoroa.
La oposición también reclama la invalidación del acuerdo.
“No se sabe si gobierna el (partido gobernante) Pro o la familia Macri”, lamentó el diputado opositor Felipe Solá, del partido Frente Renovador (peronista de centroderecha).
Solá, que presentó en la justicia el amparo contra el decreto de Macri sobre la amnistía fiscal, consideró que estas acciones socavan la institucionalidad y transparencia que prometió este gobierno al asumir en diciembre de 2015.
El consorcio Socma de Franco Macri, acaudalado empresario en múltiples rubros, se hizo cargo del Correo Argentino en 1997 tras su privatización hasta 2003, cuando fue estatizado por quiebra.
Según un cálculo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) de la Procuración General de la Nación, con el acuerdo que rechazó una fiscal, se condonarían hasta 70.000 millones de pesos (4.375 millones de dólares), según la actualización a 2033, indicó en primicia el sitio Nuestras Voces.
“Con acciones como la que los parientes de funcionarios puedan blanquear y regalar el 98,8 por ciento de la deuda del Correo a Socma demuestra que el que manda es Franco y eso es muy grave”, afirmó Solá sobre este caso.
De su parte, la diputada Graciela Camaño, también del Frente Renovador, sostuvo: “Parecería que los Macri llegaron al poder para resolver los problemas de los Macri”. Además, comparó este caso con otros que tanto criticaron Macri y sus seguidores a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).
– Perdones –
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, que accedió al acuerdo entre el gobierno y el Grupo Macri, concluyó que el acuerdo “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva”.
El acuerdo establece un pago a 15 años, con una tasa de interés del 7% anual, que representa un descuento de 98,87% de la deuda del grupo Macri con el Estado por la quiebra del Correo.
El Estado había rechazado varias propuestas de pago desde que se inició este pleito.
Ante la polémica, el Ministerio de Comunicaciones explicó que “la deuda que mantenía el viejo Correo con el Estado se había congelado y se iba licuando por inflación. Por eso se tomó la decisión de tratar de cerrar la discusión y de recuperar algo de dinero”, citó el diario La Nación.
Según un informe de la DAFI, la deuda original era por 296 millones de dólares, en momentos que Argentina tenía una paridad (1-1) entre el peso y el dólar estadounidense, antes de la gran devaluación de 2002.
La fiscal también advirtió que el representante del Estado en este caso fue un funcionario del Ministerio de Comunicaciones “sin competencia para hacerlo”.
Ahora es la Cámara de Apelaciones en lo Comercial la que deberá resolver si rechaza o acepta el acuerdo tentativo.
– Blanqueo familiar –
La controversia por la deuda del Correo Argentino se conoció poco después de que un juez rechazara suspender la aplicación de un decreto presidencial que permitía a familiares de funcionarios públicos beneficiarse de una amnistía fiscal.
El cuestionado decreto emitido a finales de 2016, especifica que podrán sincerar activos sólo aquellos familiares que puedan probar que esos bienes fueron incorporados en su patrimonio con anterioridad a la asunción en el cargo de su familiar, lo cual favorecía al padre del presidente Mauricio Macri.
Franco Macri aparece como dueño y su hijo, como principal ejecutivo de empresas familiares radicadas en los paraísos fiscales de Bahamas y Panamá. Mauricio Macri es investigado por la justicia por las revelaciones del escándalo de los papeles de Panamá.
