Los partidarios de Aung San Suu Kyi, que defenderá en La Haya los intereses de su país, acusado de "genocidio" contra los rohinyás, se organizan para apoyar a su líder con manifestaciones de solidaridad y hasta carísimos viajes para acompañarla ante la justicia.

El 20 de noviembre, la jefa de facto del gobierno birmano anunció que iría personalmente en diciembre a Holanda para "defender el interés" de Birmania por las acusaciones de abusos contra la minoría musulmana.

El anuncio sorprendió a los observadores internacionales, muy críticos con la que fue un ícono de la paz, acusada ahora de no haber defendido a los rohinyás.

Pero los partidarios de Aung San Suu Kyi todavía son muy numerosos en el país. Unas 3.000 personas se reunieron el domingo en la ciudad de Monywa (centro) y están previstas otras manifestaciones de apoyo.

Frases como "Estamos a vuestro lado" aparecen en las calles, mientras que otros mensajes de aliento florecen en las redes sociales para que "Madre [Suu Kyi] gane este caso".

Una agencia de viajes de Rangún ofrece incluso un viaje a La Haya para los simpatizantes que deseen asistir a las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y aportar apoyo moral a la dirigente birmana.

"Arreglamos todo el viaje, visado y transporte incluido", cuenta a la AFP el empleado Ma July. La estancia cuesta casi 2.000 euros, una fortuna para el país, uno de los más pobres del Asia sudoriental.

El presentador de televisión Mg Mg Aye, conocido en Birmania, y Pencilo, de 29 años, seguida por más de un millón de personas en Facebook, no dudaron en viajar.

"Es nuestro deber como ciudadanos", subraya esta última, exhortando a sus seguidores que tengan medios a hacer lo mismo. "Es importante que el mundo sepa que sus compatriotas la apoyan de todo corazón".

Gambia, con el mandato de los 57 estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica, inició una acción judicial contra Birmania por "actos de genocidio" ante la Corte Internacional de Justicia.

Desde agosto de 2017, unos 740.000 rohinyás se refugiaron en Bangladés para huir de las acciones del ejército birmano y de las milicias budistas, calificadas de "genocidio" por los investigadores de las Naciones Unidas.

Las autoridades birmanas sostienen, por su parte, que los militares no han hecho más que reaccionar ante los ataques de la rebelión rohinyá y que no ha habido ni depuración étnica ni genocidio.

También insisten en que han establecido sus propios comités encargados de investigar posibles abusos, comisiones cuya parcialidad es cuestionada por los observadores internacionales.

Aung San Suu Kyi goza de un apoyo considerable en Birmania entre la población, la mayoría de la cual considera a los rohinyás como inmigrantes ilegales.

La iniciativa de Gambia no es el único procedimiento judicial en curso en este caso. La Corte Penal Internacional (CPI), también con sede en La Haya, dio luz verde a mediados de noviembre a una investigación de los presuntos crímenes cometidos contra los rohinyás.

Aunque Birmania no es un estado miembro del Estatuto de Roma, tratado fundador de la Corte, ésta se declaró competente para investigar la presunta deportación de la minoría a Bangladés, que sí es estado parte.

Por su parte la justicia argentina presentó una denuncia contra Birmania, especialmente contra Aung San Suu Kyi, invocando el principio de justicia universal.

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