Amnistía denuncia que abusar de detenidas es estrategia “habitual” en México
Amnistía Internacional (AI) denuncia este martes el “habitual” abuso sexual por parte de agentes policiales y militares de México contra mujeres que son arrestadas, en un informe que dibuja al cuerpo femenino como un “blanco de agresión” para obtener confesiones a través de la tortura.
La oenegé con sede en Londres documentó los casos de 100 mujeres recluidas en prisiones federales de México. Todas ellas afirmaron haber sido víctimas de acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio y muchas sufrieron además violaciones, asfixias, palizas y choques eléctricos a manos de policías o miembros del Ejército y la Marina.
“Según su relato, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores y 33 habían sido violadas”, indica el informe de AI, que además denuncia “la sofisticación de los métodos”.
Según la oenegé, algunas víctimas señalaron que sus agresores las violaron con los dedos enguantados para no dejar rastros biológicos o realizaron descargas eléctricas en los genitales.
“Cuando se habla de la tortura a la mujer, el método preferido por las fuerzas del Estado es la violencia sexual. Fue un hallazgo escalofriante”, dijo a AFP Madeleine Penman, autora del informe, al estimar que “el cuerpo de las mujeres es un blanco de agresión” utilizado por autoridades.
Las mujeres embarazadas no escapan a esta violencia: ocho de las mujeres entrevistadas por AI dijeron haber sufrido un aborto a consecuencia de la tortura.
“Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso”, estimó en un comunicado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, para quien “la violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”.
Según la oenegé, otros estudios han demostrado que las mujeres han denunciado el uso de la violencia sexual casi cuatro veces más que los hombres.
– Guerra contra el narco –
Entre los casos documentados por AI figura el de Mónica, de 26 años y madre de cuatro hijos.
A ella la violaron en grupo seis policías, que también le aplicaron descargas eléctricas en los genitales, la asfixiaron con una bolsa de plástico y le hundieron la cabeza en un cubo con agua en Coahuila (norte) en 2013.
Hasta la fecha no se ha inculpado a ninguno de esos policías, que obligaron a Mónica a mirar cómo torturaban a su hermano y a su esposo, quien falleció horas después “en sus brazos debido a las torturas sufridas” mientras eran trasladados a la fiscalía general, relató AI.
Según el testimonio, los funcionarios buscaban que Mónica -quien continúa en prisión esperando un juicio- confesara que pertenece a un cártel.
Las fuerzas de seguridad de México han sido blanco de numerosas denuncias sobre abusos y violaciones a derechos humanos, sobre todo desde que el Gobierno desplegó en 2006 un combate militarizado en las calles contra el narcotráfico.
En 2014, la ONU denunció una situación “generalizada” de tortura por parte de militares y policías en un ambiente de “impunidad”.
Según AI, casi el 7% de la población de las prisiones federales son mujeres, la mayoría acusadas por delitos relacionados con drogas, y con poco acceso a una defensa efectiva debido a su condición económica.
Estas mujeres “sufren abusos sexuales habituales a manos de las fuerzas de seguridad, que buscan obtener confesiones y elevar las cifras para hacer ver que están combatiendo una delincuencia organizada desenfrenada”, asegura la ONG.
En abril, el Ejército mexicano ofreció disculpas públicas cuando se hizo viral un video que muestra a dos militares y una policía federal torturando a una mujer, pero aseguró se trataba de un caso “aislado”.
– Crímenes “en la oscuridad” –
De las miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, sólo 15 han resultado en fallos condenatorios federales, aseguró AI.
En 2012, cuando Peña Nieto asumió su mandato, hubo 287 denuncias de tortura a nivel federal. Para 2014, sumaban 2.403, según datos la fiscalía general que AI obtuvo mediante una petición de información pública.
“A partir de 2014 ya no tenemos más información” oficial sobre denuncias ni sobre fallos condenatorios, lamentó Penman, quien estima que el Gobierno busca mantener el tema “en la oscuridad”.
“En lugar de intentar encubrir miles de casos de tortura y otros malos tratos, las autoridades deberían centrar sus energías en garantizar la erradicación definitiva de la tortura”, afirmó Guevara-Rosas.
El presidente Enrique Peña Nieto envió en diciembre del año pasado dos nuevos proyectos de ley al Congreso para prevenir y sancionar la tortura.
