Amnistía denuncia una “justicia paralela” en Egipto al servicio de la represión
Las autoridades egipcias recurren a un sistema de “justicia paralela” para reprimir cualquier tipo de oposición al presidente Abdel Fatah al Sisi, asegura Amnistía Internacional (AI) en un informe publicado este miércoles.
“En Egipto, la situación empeora, la represión se endurece”, afirmó el martes Katia Roux, de Amnistía Internacional Francia, durante la presentación en rueda de prensa del informe en París.
“En el Egipto de Al Sisi, todos los detractores del gobierno son vistos como posibles terroristas”, estimó Roux.
La organización de defensa de los derechos humanos, con sede en el Reino Unido, ha pedido una comisión independiente para investigar el papel de la fiscalía general de la seguridad del Estado (SSSP), un instrumento, según ella, de la política represiva actual del gobierno egipcio.
Este órgano judicial especial se ocupa de las actividades consideradas amenazantes para la seguridad nacional. Investiga sobre todo a activistas políticos o a personalidades islamistas, algunas de ellas de la cofradía de los Hermanos Musulmanes, prohibida en Egipto.
En su informe de unas 60 páginas, titulado “Estado de excepción permanente”, Amnistía interrogó a decenas de exdetenidos y a sus abogados. También tuvo acceso a los documentos oficiales de los 138 casos de personas que fueron investigadas por la SSSP entre 2013 y 2019.
La organización observó un aumento del número de dosieres tratados por la SSSP: 1.739 en 2018 en comparación con los 529 de 2013.
Según Amnistía, las autoridades arrestaron a los sospechosos y los tuvieron en prisión preventiva durante el período de investigación.
Estas detenciones duran meses, o años, según Amnistía, que agrega que muchos de los sospechosos fueron perseguidos por sus labores políticas o a favor de los derechos humanos.
– Represión –
Otros fueron arrestados y detenidos por compartir opiniones en las redes sociales. El año pasado el país aprobó una ley para frenar la libertad de expresión en internet.
Y a otros les reprochaban haber participado en manifestaciones, un derecho suspendido en 2013 por las autoridades egipcias.
Además de una investigación pública sobre el papel de la SSSP, Amnistía pide que todas las decisiones de “detención preventiva” sean emitidas por jueces y no por un fiscal especial.
Amnistía también reclama “juicios justos”, con la posibilidad de que los sospechosos puedan acceder a abogados y a los dosieres de investigación.
Finalmente, la organización de defensa de los derechos humanos pide al presidente Al Sisi que establezca un sistema de “vigilancia nacional independiente para todos los lugares de detención, incluidos los gestionados por la Agencia Nacional de Seguridad”.
Las organizaciones de derechos humanos suelen acusar a las autoridades egipcias de confiscar las libertades individuales y de reprimir cualquier forma de oposición religiosa o liberal.
El estado de emergencia se renueva regularmente en el país desde 2017.
Las autoridades han arrestado recientemente a unas 4.000 personas tras manifestaciones en El Cairo y otras ciudades contra el presidente Al Sisi.
El domingo, la policía egipcia registró las oficinas del medio de comunicación egipcio independiente Mada Masr, y detuvo brevemente a tres de sus periodistas.
Las organizaciones de derechos humanos denuncian la falta de respuesta de la comunidad internacional a la represión en Egipto.
“Pedimos a los aliados internacionales de Egipto, y en particular a Francia, que no se queden callados. Deben presionar a las autoridades egipcias y denunciar públicamente estos abusos”, estimó Roux.
