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El secretario de Finanzas argentino Luis Caputo sale del despacho del mediador Daniel Pollack tras las negociacones con los acreedores de Argentina en Nueva York el 5 de febrero de 2016

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El gobierno argentino pidió el jueves al juez estadounidense Thomas Griesa que levante la orden que impide su acceso a los mercados de financiación y el pago de parte de su deuda reestructurada, para avanzar con su oferta a fondos especulativos y resolver el litigio por títulos en default desde 2001.

El pedido fue presentado en un escrito por el abogado Michael Paskin y el juez Griesa decidió dar plazo a los querellantes hasta el 18 de febrero para responder a la demanda, según documentos del expediente en los tribunales federales de Manhattan.

La movida legal tiene lugar luego de que enviados del nuevo gobierno argentino del presidente de centroderecha Mauricio Macri y representantes de los fondos especulativos y otros acreedores negociasen la semana pasada en Nueva York una propuesta para poner fin al litigio que lleva más de una década.

Al final de cinco días de arduas tratativas, Argentina presentó una oferta que incluye una quita del 25% sobre una deuda reconocida de 9.000 millones de dólares en sentencias del juez Griesa, es decir 6.500 millones de dólares, que serían pagados en efectivo.

Dos de los seis principales fondos especulativos que ganaron el juicio en Nueva York aceptaron la propuesta, aunque los dos más duros, NML Capital y Aurelius, que en 2012 lograron la sentencia favorable para cobrar una deuda que hoy asciende a 1.750 millones de dólares, la rechazaron.

"La República ha alcanzado principios de acuerdo con querellantes en cinco de las causas mencionadas y se necesita una resolución rápida de esta moción para completar estos acuerdos", afirma Paskin, del nuevo estudio de abogados Cravath contratado esta semana por el gobierno argentino.

El pedido de Argentina busca que Griesa levante la orden del 'pari passu' o tratamiento equitativo, que en julio de 2014 congeló un pago de 539 millones de dólares en Nueva York a bonistas que habían adherido a los canjes de deuda de 2005 y 2010, provocando un default parcial del país, además de privarlo de financiación externa.

Esas reestructuraciones, rechazadas por los denominados fondos "buitres" y otros querellantes, fueron aceptadas en su momento por 93% de los acreedores e incluyeron importantes quitas.

- Respuesta hasta el 18 de febrero -

La orden también ha hecho "imposible" que Argentina acceda a los mercados internacionales, y por ello "será muy difícil reunir fondos con los cuales pagar esos acuerdos" recientes con los querellantes, escribió en una declaración adjunta el subsecretario de Financiamiento del ministerio de Hacienda, Santiago Bausili.

En respuesta al pedido argentino sobre una de las condiciones necesarias para avanzar a un acuerdo, el juez Griesa instó a los querellantes a presentar hasta el 18 de febrero su respuesta de "por qué no debería" cancelar las órdenes que dieron lugar al 'pari passu'.

El escrito de Griesa está dirigido tanto a los fondos especulativos que iniciaron el juicio como a otros querellantes tenedores de bonos impagos llamados "me too" (yo también), que se sumaron a la demanda a partir de mediados de 2014 llevando el monto total a unos 9.000 millones de dólares.

El precedente gobierno de centroizquierda de Cristina Kirchner (2007-2015) se había negado a aceptar los fallos de Griesa y calificaba de "buitres" a los fondos especulativos por haber comprado bonos en default a precio de remate para buscar recuperar su valor nominal por vía judicial.

La oferta a los acreedores en Nueva York se suma al anuncio de un preacuerdo con 50.000 bonistas italianos para pagar al contado 150% del importe original del capital de 900 millones de dólares por títulos en default, es decir un total de "1.350 millones de euros", según su representante Nicola Stock.

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AFP