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Guillermo Acha, director ejecutivo de la petrolera estatal YPBF, en rueda de prensa en La Paz el 26 de abril de 2017

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Bolivia comunicó a la petrolera italiana Drillmec la disolución de un contrato por casi 149 millones de dólares para la provisión de equipos de perforación, tras denuncias de presuntas irregularidades en su adjudicación, informó este miércoles una alta fuente oficial.

"Nosotros ya hemos hecho la disolución de este contrato, hemos notificado a la empresa Drillmec y esperaremos una respuesta oficial de esa instancia (empresa)", afirmó Guillermo Achá, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien sortea un fuerte embate político a causa de este asunto.

Achá advirtió que YPFB tampoco asumirá los gastos realizados por Drillmec, que se adjudicó en febrero pasado la provisión de tres taladros por 148,8 millones de dólares, en la construcción de estos equipos.

En caso de que Drillmec pudiera iniciar un litigio por la resolución del contrato, Achá señaló que "nosotros tenemos las instancias correspondientes para defender a la empresa (YPFB) en este caso".

Achá recibió la advertencia esta semana del Ministerio de Justicia de que debe asumir su responsabilidad por un probable daño económico al Estado. La Fiscalía inició procesos en cambio a un vicepresidente de YPFB, a 14 funcionarios y al representante de la empresa petrolera, por presuntas irregularidades en el contrato.

La Fiscalía no incluyó a Achá, mientras éste indicó que está disponible para cualquier investigación y que facilitará toda la información que se le requiera.

Entre tanto, la oposición señaló que Achá, quien aún goza de la confianza del presidente Evo Morales, es el directo responsable por el contrato e incluso por haber elevado el monto de contratación en 60 millones de dólares, según el senador opositor Oscar Ortiz.

"¿Cómo es que se elevó el precio de referencia en más de 60 millones de dólares y firma semejante resolución, el señor Achá?", cuestionó el legislador.

El presidente de YPFB señaló que no tuvo conocimiento del proceso de contratación, de acuerdo a normativas internas y que todas las etapas estuvieron a cargo del personal identificado por el Ministerio de Justicia y que todos fueron cesados en sus funciones.

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AFP