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Bruselas lleva a España y Portugal ante la justicia por no reformar la ley hipotecaria

Un obrero desmonta un andamio en un edificio en construcción en Barcelona el 10 de junio de 2016 afp_tickers

La Comisión Europea anunció este jueves que llevó a España y Portugal, así como a Croacia y Chipre, ante la justicia europea por “no incorporar plenamente la normativa de la UE en materia de créditos hipotecarios”, un año después de que terminara el plazo.

La “no aplicación” de esta normativa europea “significa que los consumidores de esos Estados no pueden disfrutar de la protección que la misma garantiza cuando suscriben sus préstamos hipotecarios, o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos”, subraya el ejecutivo comunitario en un comunicado.

Con esta decisión, Bruselas cierra la puerta del diálogo político en el marco de un proceso de infracción y lleva el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podría desembocar en multas económicas por no cumplir con el derecho comunitario.

La cuestión hipotecaria se ha vuelto un asunto central en los últimos años en España, especialmente respecto a las denominadas ‘cláusulas suelo’ que, aplicadas en los préstamos hipotecarios de interés variable impedían que la tasa de interés descendiera por debajo de un cierto límite, aunque las tasas reales del mercado siguieran bajando.

Los bancos obtenían así más rendimiento del que deberían sin que sus clientes lo supieran en muchas ocasiones, dada la opacidad de los contratos.

El TJUE condenó a finales de diciembre a los bancos españoles que utilizaron estas cláusulas a reembolsar el dinero obtenido con ello a sus clientes. La cifra total se acerca a los 4.000 millones de euros.

La directiva europea, que los países debían integrar a su legislación antes del 21 de marzo de 2016, busca crear “un mercado de crédito hipotecario en la UE con un nivel de protección de los consumidores”, que incluye entre otros “normas de conducta para los proveedores”, apuntó el ejecutivo comunitario.

Los bancos españoles concedieron en los años 2000 muchas hipotecas a familias sin capacidad de reembolsarlas en un momento de frenesí en la construcción, contribuyendo a la creación de una burbuja inmobiliaria.

Duramente golpeados por el estallido de esta burbuja en 2008, los bancos tuvieron que ser rescatados de la quiebra en 2012 con 41.300 millones de euros provenientes de fondos europeos.

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