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CIDH advierte grave crisis de derechos humanos en México; gobierno lo rechaza

Parientes y allegados a los 43 estudiantes desaparecidos esperan la llegada del presidente y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 29 de septiembre de 2015 en la escuela rural de Ayotzinapa, México. afp_tickers

El caso de los 43 estudiantes desparecidos en 2014 es un patrón de la grave crisis de derechos humanos que vive México, señaló este viernes el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), conclusión que de inmediato rechazada por el gobierno

“Crisis es la palabra para describir la situación de derechos humanos en México (…). La problemática de las desapariciones en México es alarmante”, dijo Rose Marie Belle-Antoine presidenta de la CIDH en una conferencia de prensa a la que también acudieron familiares de los 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa, en Guerrero (sur).

La CIDH “constató en el terreno la grave crisis” que vive México por la extrema inseguridad y la violencia, dijo la diplomática al rendir un informe preliminar de una misión de cinco días por diferentes regiones del país.

“No vemos la tragedia de los 43 como un hecho aislado sino como un patrón de lo que pasa en México”, comentó Belle-Antoine mientras padres de los jóvenes desaparecidos mostraban imágenes de sus hijos.

Según la “verdad histórica” defendida por la fiscalía general, los 43 estudiantes fueron atacados la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías de Iguala, quienes los habrían entregado a narcotraficantes que a su vez los mataron e incineraron.

Sin embargo, un grupo de expertos de la CIDH que realizó una investigación independiente que desestima la versión oficial.

Este caso ha desatado una ola de indignación dentro y fuera de México y ha empañado la imagen del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y su compromiso con los derechos humanos.

— Rechazo gubernamental —

Las conclusiones del pleno de inmediato fueron rechazadas por el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación (Interior), Roberto Campa, quien dijo no “compartir” la visión de la CIDH basada en una visita a sólo 6 de las 32 entidades que integran el país y que son de las más afectadas por la presencia de grupos criminales

“El caso de Ayotzinapa es una situación extraordinaria, no hay posibilidad de compararla con ninguna otra en el país y mucho menos plantear que esta es la situación generalizada en el país”, dijo en rueda de prensa realizada poco después de que miembros de la CIDH presentaran sus conclusiones.

“No compartimos que un informe preliminar realizado en un plazo de cinco días pueda reflejar la situación general (de derechos humanos) del país. No refleja la situación del país, se circunscribe a zonas, a regiones, donde sabemos que tenemos retos. En Guerrero tenemos los principales retos del país”, recalcó.

La CIDH pidió un nuevo fiscal especial que tenga a su cargo esta investigación y pidió a las autoridades mexicanas cumplir las recomendaciones de los expertos independientes.

Campa sostuvo que el gobierno mexicano ha venido trabajando con los expertos de la CIDH desde que presentaron su informe en septiembre pasado y que incluso han solicitado la ampliación por seis meses más de su investigación, pagada por el Estado.

Por otro lado, la CIDH señaló que en esta visita también obtuvo indicios de que en el caso de Tanhuato, donde 42 pistoleros y un policía murieron en mayo en un supuesto enfrentamiento en Michoacán (oeste), se habría tratado de ejecuciones extrajudiciales.

“Los indicios sugieren que hubo ejecuciones extrajudiciales”, dijo James Carvallaro, primer vicepresidente de la CIDH, quien pidió investigar el caso, igual que del enfrentamiento ocurrido en enero en Apatzingan, Michoacán, entre autodefensas y policías.

Ante investigaciones periodísticas que apuntan a que en los dos casos policías dispararon contra civiles, las autoridades mexicanas han negado que se haya tratado de ejecuciones extrajudiciales.

En México mas de 80.000 personas han muerto y 22.000 han desaparecido desde que inició la llamada guerra del narcotráfico con la estrategia militarizada para combatir al crimen organizado en diciembre de 2006.

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