CIDH denuncia una aguda crisis financiera interna sin los aportes de la UE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este viernes un agravamiento de su estado financiero, tras perder los aportes de la Unión Europea (UE) sin una compensación acorde de los países miembros del organismo americano.
La reducción del financiamiento es uno de los “más serios desafíos” que enfrenta actualmente la CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo su presidente, James Cavallaro.
“La situación financiera de la CIDH, que es muy grave desde hace muchos años, se ha agudizado este año”, añadió Cavallaro, quien llamó a los 34 países de la OEA a inyectar más recursos al sistema interamericano de derechos humanos.
La CIDH obtiene parte de sus recursos a través de la OEA, que le destina un 6% de su presupuesto: unos 4,8 millones de dólares en 2015 para un organismo que requiere seis veces esa cifra, según un plan preparado por la secretaría ejecutiva.
El plan prevé la revisión efectiva de los casos de víctimas, las visitas a los países, la conformación de una relatoría especial sobre desarrollo social y la presencia permanente de los comisionados en la sede de la institución en Washington.
Más allá de la OEA, otros recursos provienen de donaciones de organismos internacionales como Acnur y Unicef, pero sobre todo de la Unión Europea y Estados Unidos, que destina unos dos millones de dólares, explicó el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez.
El aporte adicional de los países latinoamericanos alcanza solo 214.000 dólares.
Esa situación se agravó después de que la UE desviara el año pasado dos millones de dólares de la Comisión a otras iniciativas, ante la necesidad de atender otras crisis más cercanas, como la situación de los refugiados o el conflicto en Siria.
“Perdimos dos millones de dólares de la contribución europea (…), y no están siendo reemplazados por los (países) latinoamericanos”, dijo Álvarez. “Ese es el problema”, apuntó.
La reducción de los recursos podría afectar el funcionamiento y alcance de un organismo ya enfrentado a fuertes retrasos en la atención de víctimas de abusos de derechos humanos.
Según Cavallaro, ante el presente estado de sus cuentas, la Comisión no puede garantizar su cronograma de visitas para evaluar la situación de los derechos humanos a lo largo de la región, y la reproducción de iniciativas novedosas, como el grupo de expertos conformado para investigar la desaparición de 43 estudiantes en México, podrían estar en peligro.
“Nuestro trabajo está en riesgo en función de la situación financiera”, dijo.
