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Oficinas de la consultora Pricewaterhouse Coopers (PwC) en construcción en Luxemburgo el 10 de noviembre de 2014

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El escándalo 'LuxLeaks' llega el martes a los tribunales en Luxemburgo en donde comienza el juicio contra los informantes que revelaron los cuestionados acuerdos fiscales de las multinacionales para evadir impuestos, a sólo semanas de que estallara la polémica por la opacidad fiscal con los Panama Papers.

Tres personas estarán en el banquillo de los acusados por haber revelado miles de páginas de documentos fiscales de la sede de Luxemburgo de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) que exponían en la arena pública las prácticas fiscales utilizadas por las multinacionales para evadir impuestos.

Antoine Deltour, empleado de PwC, es acusado de haber organizado la fuga al entregar una serie de documentos al periodista francés Edouard Perrin que reveló el escándalo en mayo de 2012 en el programa galo "Cash Investigation" difundido por el canal público France 2.

Perrin fue acusado en abril de 2015 de complicidad de robo, violación del secreto profesional, violación del secreto comercial y lavado. Se le acusa asimismo de haber manipulado a otro empleado de PwC, Raphael Halet, para organizar una segunda filtración de documentos.

Los documentos fueron luego publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) en noviembre de 2014 durante los primeros días en función del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, exprimer ministro de Luxemburgo durante casi 20 años (1995-2013).

Bajo su gobierno el Gran Ducado firmó numerosos acuerdos fiscales con las multinacionales, conocidos como "tax ruling" o decisiones fiscales anticipadas.

Se trata de un mecanismo, legal pero sujeto a polémica, que consiste en acuerdos entre la administración fiscal de un país y empresas multinacionales que permiten a las compañías reducir la imposición a los ingresos si declaran sus beneficios en esa jurisdicción.

- Apple, Pepsi, IKEA, Fiat o Starbucks -

Las revelaciones expusieron a la luz las prácticas de empresas como Apple, IKEA, Pepsi, Fiat o Starbucks.

Deltour, Perrin y Halet tienen los mismos cargos en su contra. La consultora PwC se constituyó como parte civil al presentar una querella en junio de 2012 luego de la difusión de la investigación por la televisión francesa.

La pena puede ir de cinco a diez años de prisión. El juicio durará hasta el 4 de mayo.

El martes por la mañana los tres acusados recibirán el apoyo de un grupo de manifestantes reagrupados en un colectivo de unas veinte organizaciones no gubernamentales y sindicatos franceses.

Tres eurodiputados del grupo de los Verdes también anunciaron su presencia. Su bancada en el Parlamento Europeo se opuso a la reciente directiva (ley) adoptada hace unos diez días "sobre el secreto comercial".

El texto, destinado a luchar contra el espionaje industrial, fue ampliamente criticado por la prensa y ONG que estiman que pone en peligro a los informantes y a los medios que les dan voz.

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AFP