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El expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva en rueda de prensa en Sao Paulo el 13 de julio de 2017

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El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva proclamó este jueves su intención de presentarse a las elecciones de 2018 pese a su condena a casi 10 años de prisión por corrupción, dando un nuevo giro a la dilatada crisis política de Brasil.

"Si alguien quiere sacarme de juego con esa sentencia, tiene que saber que sigo en el juego", aseguró en tono combativo Lula, un día después de que Sergio Moro, el juez de primera instancia encargado de la operación Lava Jato, hiciera pública su sentencia.

Negando todas las acusaciones y considerándose víctima de una "cacería" judicial, el ícono de la izquierda latinoamericana reafirmó en una rueda de prensa en Sao Paulo que no tirará la toalla.

"A partir de ahora, voy a reivindicar del PT [Partido de los Trabajadores] el derecho de postularme a la candidatura de 2018", declaró el exmandatario (2003-2010) aclamado por sus simpatizantes.

El expresidente, que enfrenta otras cuatro causas penales, puede apelar la sentencia en libertad y sólo vería impedida su candidatura si fuera condenado en segunda instancia.

Lula encarna la alta polarización en el gigante latinoamericano, dado que es tanto el favorito para los comicios de 2018 como el político con mayor rechazo entre los precandidatos: el salvador de los pobres para algunos o el líder de la red corrupta en Petrobras para otros.

Vestido con su habitual polo rojo del PT, Lula volvió a demostrar que mantiene la energía e ironía de siempre.

Hablando de sí mismo en tercera persona, el exdirigente sindical que enfrentó a la dictadura militar (1964-85) y colocó a Brasil en el mapa, logrando sacar a 30 millones de la pobreza, declaró: "Lula, con 71 años, cerca de cumplir 72, está decidido a pelear de la misma forma que cuando tenía 30 años".

"El único que tiene el derecho a decretar mi fin es el pueblo brasileño", manifestó.

- "Golpe" -

Sergio Moro, para muchos un emblema de la lucha anticorrupción, condenó a Lula a nueve años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero; la acusación afirma que es el propietario de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo) ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras.

Pero para el exmandatario, las investigaciones que desde hace más de tres años golpean a la élite política y empresarial con un amplio uso de las prisiones preventivas y las delaciones premiadas han convertido a Brasil en un "Estado casi de excepción, en el cual los derechos democráticos están siendo tirados la basura".

Su condena respondería, según él, a una estrategia para destruir al PT, que en 2016 cerró un ciclo de 13 años de gobierno cuando su sucesora y ahijada política, Dilma Rousseff, fue destituida por el Congreso acusada de manipular las cuentas públicas, y reemplazada por el conservador Michel Temer.

- Un punto para Temer -

Sin embargo, ni siquiera está claro si Brasil celebrará sus elecciones previstas en octubre de 2018. La presidencia de Temer se vio fragilizada después de que el jefe de Estado fuera grabado dando su aparente aval al pago de un soborno.

La fiscalía general lo denunció por corrupción y su futuro está en manos de la Cámara de Diputados.

Pero el mandatario se anotó el jueves un punto, cuando la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) de la Cámara votó contra la recomendación de enviar el caso a la corte suprema para examinar si cabe juzgarlo.

El informe debe ser votado aún en el plenario de la Cámara de Diputados, donde Temer tiene en principio mayoría.

Pero nadie pierde de vista que el fiscal general se guardó otras dos denuncias en la manga.

- El FMI alerta sobre "incertidumbres políticas" -

Temer promulgó el jueves la reforma del código laboral, que flexibiliza las normas de contratación y da primacía a los acuerdos por empresas sobre las leyes.

Esa reforma integra un paquete de ajustes con los que Temer espera recuperar la confianza de los mercados para sacar al país de la recesión.

Temer reivindica en sus catorce meses de gobierno el control de la inflación y el inicio de la recuperación económica.

En el primer trimestre de este año, el PIB brasileño creció un 1% respecto al trimestre anterior, rompiendo una racha de ocho trimestres sucesivos de contracción.

El FMI tomó nota de esa evolución y elevó de 0,2% a 0,3% su proyección de crecimiento de la mayor economía latinoamericana este año, aunque rebajó de 1,7% a 1,3% las de 2018.

La institución financiera multilateral alertó además sobre los riesgos de la inestabilidad política.

"La profunda recesión de Brasil parece estar cerca del fin", pero "el aumento de las incertidumbres políticas arroja una sombra sobre las previsiones", señaló.

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AFP