Diecinueve ex dirigentes socialistas de Andalucía (sur) fueron condenados este martes en uno de los mayores escándalos de corrupción de la España moderna, en el momento en que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, negocia para intentar ser investido presidente del gobierno, anunció el tribunal.

En su fallo, la Audiencia Provincial de Sevilla impuso seis años de cárcel por malversación y 15 de inhabilitación al ex presidente regional andaluz José Antonio Griñán (2009-2013).

Igualmente impuso nueve años de inhabilitación por prevaricación a su predecesor Manuel Chaves (1990-2009), dirigente histórico del socialismo español moderno y ex ministro.

La Audiencia Provincial de Sevilla entregó la esperada decisión, en un macroescándalo en el que se juzgaba el reparto discrecional de cientos de millones de euros de ayudas públicas, procedentes de un fondo para desempleados y empresas en crisis.

Los hechos se prolongaron durante una década, entre 2000 y 2010, y giran en torno al manejo de un fondo público dotado de 854 millones de euros, y destinado a financiar despidos colectivos de trabajadores por parte de empresas en dificultades, en los llamados Expedientes de Regulación de Empleo (EREs).

Sin embargo, ese dinero se concedió discrecionalmente, "eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos", según el tribunal.

"No fue fiscalizado ni uno sólo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas", afirma la sentencia, que habla de "descontrol absoluto" en el manejo de esos fondos públicos.

"Ese fue el efecto buscado" con el entramado de pagos que se creó, apostilla la sentencia.

El resultado de todo esto es que recibieron ayudas para prejubilarse personas por completo ajenas a las empresas beneficiarias, se abonaron comisiones irregulares a mediadores, y se perjudicó a muchos otros trabajadores que sí precisaban esas ayudas.

La fiscalía llegó a cifrar el fraude en 741 millones de euros, un montante que en sus conclusiones definitivas redujo a 680 millones.

La Audiencia condenó finalmente a 19 de los 21 enjuiciados, en un caso cuya instrucción arrancó a inicios de 2011, y dio lugar a un juicio oral de un año, entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018.

Chaves y Griñán, este último consejero regional de Hacienda entre 2004 y 2009, defendieron su inocencia en el juicio oral, asegurando que el control del gasto público no figuraba entre sus competencias.

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, en Madrid.

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