Dos nuevas agresiones reavivan la cólera de los guardias penitenciarios en Francia
Las protestas de trabajadores penitenciarios franceses, que exigen mejores condiciones de trabajo y de seguridad, se intensificaron este martes después de dos nuevas agresiones cometidas por detenidos sospechosos de radicalización.
Un preso, que presenta riesgos de radicalización, agredió el lunes a siete guardias en la cárcel de Mont-de-Marsan (suroeste). El martes se produjo un hecho similar en la prisión de Tarascon (sureste), en donde una un preso presuntamente radicalizado golpeó a una agente del establecimiento.
El movimiento de protesta nació a raíz de una primera agresión, ocurrida el jueves pasado. Un detenido islamista, Christian Ganczarski, atacó con arma blanca a tres guardias en una cárcel en Vendin-le-Vieil (norte). El agresor fue inculpado el lunes por intento de asesinato.
Todo esto “no ayuda a calmar nuestra cólera”, dijo el martes Hervé Ségaud, del sindicato Fuerza Obrera (FO) de la prisión de Grasse (sureste).
Tras una primera jornada nacional de protesta, en la que los guardias bloquearon la entrada de varias cárceles del país, el movimiento continuó el martes, pese al anuncio del presidente, Emmanuel Macron, de un “plan global” para las cárceles.
A las reivindicaciones sobre condiciones de trabajo y seguridad se sumó el problema de la gestión en cárceles sobrepobladas de detenidos radicalizados, en momentos en que Francia aguarda el regreso próximo de Siria de varios de sus ciudadanos que combatieron junto a islamistas.
“No estamos formados para manejar a presos radicalizados”, explicó otro sindicalista, Guillaume Pottier.
Alrededor de 500 presos en Francia están tras las rejas por terrorismo y unas 1.200 son considerados radicalizadas, según cifras oficiales. Además unos 3.000 son vigilados porque plantean algún tipo de riesgo particular.
El único sobreviviente de los comandos yihadistas que perpetraron los atentados del 13 de noviembre 2015 en París (130 muertos), Salah Abdeslam, será próximamente trasladado a la cárcel de Vendin-le-Vieil, para su juicio en Bélgica en febrero. La ministra de Justicia, Nicole Belloubet, estimó “que no hay motivos para dar marcha atrás sobre esta decisión”.
