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Ecuador da por terminados pactos de inversión con 12 países, incluido EEUU

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, habla con medios internacionales el 22 de febrero de 2017 en Quito afp_tickers

El Congreso de Ecuador, de mayoría oficialista, aprobó el miércoles dar por terminados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) con doce países, incluido Estados Unidos y China, por los que ha sido sometido a millonarios arbitrajes internacionales.

La Asamblea Nacional resolvió denunciar acuerdos de protección de inversiones que mantiene con China, Chile, Venezuela, Holanda, Suiza, Canadá, Argentina, Estados Unidos, España, Perú, Bolivia e Italia, los cuales son inconstitucionales según la Corte Constitucional ecuatoriana.

La presidenta de la comisión legislativa de Relaciones Internacionales, la oficialista María Augusta Calle, indicó que los TBI contradicen la Constitución nacional, que prohíbe al país celebrar tratados en los que ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitrajes internacionales en controversias contractuales o de índole comercial, de acuerdo a un comunicado del Parlamento.

Los acuerdos de protección de inversiones con esas 12 naciones se mantendrán aún en vigencia por varios años, como establecen las condiciones, y eran los últimos que a Ecuador le restaba dar por terminados.

Ecuador negoció TBI con 30 países desde 1965, sin que entraran en vigencia con Panamá, Costa Rica y Rusia.

El presidente Rafael Correa, en el poder desde 2007 y cuyo mandato concluirá el próximo 24 de mayo, promovió una Carta Magna en vigencia desde 2008, a raíz de la cual denunció los demás tratados con estados como Alemania, Gran Bretaña, Suecia y Francia.

La diputada Calle señaló que bajo los TBI Ecuador ha sido llevado por petroleras -como las estadounidenses Chevron y Oxy- y otras empresas a una treintena de arbitrajes ante cortes internacionales por unos 12.000 millones de dólares, de los cuales ha enfrentado fallos en su contra por 1.828 millones.

En 2006, Quito debió pagar unos 1.000 millones de dólares a Oxy como indemnización porque su contrato fue cancelado en 2006 por el gobierno ecuatoriano aduciendo la venta ilegal de acciones.

Correa es un duro crítico de los TBI y ha sostenido que sentencias internacionales producto de esos acuerdos podrían “quebrar” al país y que muchos “son un asalto a nuestra soberanía”.

Ecuador promueve la creación de instancias regionales para la solución de controversias en materia de inversiones.

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