Contenido externo

El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Vista de la planta industrial de la petrolera estadounidense Oxy en Lago Agrio, amazonia ecuatoriana, el 24 de mayo de 2006

(afp_tickers)

Ecuador, que enfrenta una millonaria demanda de la petrolera estadounidense Oxy, recibirá a fines de este mes el laudo definitivo por el supuesto incumplimiento de un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI), anunció este sábado el presidente Rafael Correa.

Oxy (Occidental) pretende recibir una indemnización de 1.700 millones de dólares -de una aspiración inicial de 3.300 millones- a raíz de que su contrato fue cancelado en 2006 por venta ilegal de acciones, según autoridades ecuatorianas.

"Nos informó el tribunal que antes de fin de mes va a haber un laudo definitivo. El laudo anterior nos condenó a pagar 1.700 millones (de dólares) más intereses", dijo Correa durante su informe semanal de labores.

El presidente resaltó que a Oxy "se le aplicó la caducidad del contrato" y argumentó que esta medida "no es materia de arbitraje, sin embargo el Ciadi (del Banco Mundial) se declaró competente para tratar ese caso".

Ecuador pidió la nulidad del fallo que lo condenaba a pagar la millonaria indemnización, explicó el gobernante, quien la consideró "absolutamente injusta, improcedente".

"Hemos pedido la nulidad del laudo. Vamos a ver qué logramos, pero hay que estar preparados para cualquier escenario", advirtió Correa.

La sentencia llega en medio de la caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar, que han golpeado a la economía ecuatoriana.

El mandatario anticipó que ha tomado "todas las precauciones que el caso amerita".

Ecuador enfrenta otro proceso en la Corte de La Haya por el caso de la petrolera Chevron, que fue condenada por la justicia ecuatoriana a pagar 9.500 millones de dólares por daño ambiental.

Chevron rechaza su responsabilidad y atribuye el daño a la estatal Petroecuador, con la que operó en consorcio su filial Texaco entre 1964-1990, y busca que el Tribunal de La Haya obligue al Estado ecuatoriano a asumir la indemnización.

AFP