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Ivanka Trump y el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, al pronunciarse sobre el informe sobre tráfico de personas el 27 de junio de 2017 en Washington

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La diplomacia estadounidense asestó un duro golpe a China al incluirla en la lista negra de países traficantes de personas, en el mismo rango que Siria, Rusia, Corea del Norte o Venezuela, pese a los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, por acercarse a Pekín.

En su informe anual sobre tráfico de personas publicado el martes, el primero del gobierno de Trump, el Departamento de Estado coloca a China entre los 23 países del mundo con los peores registros en materia de tráfico de personas.

El Departamento de Estado degradó a China "en parte porque no ha tomado medidas serias para poner fin a su complicidad en el tráfico de seres humanos, incluyendo a los norcoreanos sometidos a trabajos forzados en China", explicó el jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson.

Gracias a estos trabajadores forzados enviados a China y a Rusia, "Corea del Norte recibe cientos de millones de dólares por año (...). Eso no puede continuar", agregó.

El informe apunta que los uigures, una minoría musulmana asentada en el noroeste de China, también son sometidos a trabajos forzados en beneficio de autoridades chinas.

Pekín "no logra alcanzar los estándares mínimos de eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos por alcanzarlos", dice el "Trafficking in Persons Report".

Se trata del primer reclamo significativo sobre el historial de derechos humanos de China por parte de la administración Trump, que ha evitado hacer críticas duras a Pekín en aras de trabajar las profundas diferencias comerciales y el programa nuclear de Corea del Norte.

- Toda Latinoamérica menos dos -

Estados Unidos mantuvo por cuarto año consecutivo a Venezuela en el grupo de países con los peores registros de trata, denominado Grupo 3.

Sin embargo, el texto reconoce que "el gobierno [venezolano] dio algunos pasos contra el tráfico, incluyendo el arresto de por lo menos siete individuos bajo sospecha de tráfico de personas".

De acuerdo con el Departamento de Estado, en América Latina solo Chile y Colombia cumplen con los estándares en materia de combate al tráfico de personas.

Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay están en el Grupo 2, que reúne a los países que no cumplen plenamente con los estándares estipulados por el Departamento de Estado pero han mostrado "progresos".

En tanto, Bolivia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Surinam fueron incluidos en la lista "bajo observación" entre el Grupo 2 y el Grupo 3.

En el caso del controvertido Grupo 3, el Departamento de Estado apuntó en su Informe que esos países "pueden ser objeto de restricciones en asistencia".

Por estar en ese grupo, el presidente estadounidense puede "determinar que se retenga ayuda no humanitaria", así como fondos para capacitación o intercambio cultural.

Además, la Casa Blanca puede instruir a sus representantes "en cada banco multilateral de desarrollo y en el FMI a votar contra y hacer esfuerzos para negar préstamos o acceso a fondos" a los países del Grupo 3 en casos que no constituyan una cuestión humanitaria.

- Reconocimiento -

"Poner fin al tráfico de seres humanos es una gran prioridad de la política exterior para la administración Trump", sostuvo Ivanka Trump, una de las hijas del presidente, quien asistió a la ceremonia del Departamento de Estado organizada con ocasión de la publicación del informe.

El informe hace un aparte para reconocer a quienes luchan contra la trata de personas.

Entre ellos, la activista argentina Alika Kinan y el periodista, bloguero y activista brasileño Leonardo Sakamoto fueron distinguidos con el Premio a los Héroes Contra la Esclavitud Moderna.

Kinan, de 41 años, fue explotada sexualmente en su país durante buena parte de su vida, y tras su liberación y años de lucha se convirtió en la primera víctima que llevó a juicio a sus explotadores y al Estado por facilitar ese delito.

Sakamoto, de 40 años, creó en 2001 la ONG Repórter Brasil, dedicada a monitorear y combatir el trabajo forzado en Brasil, además de impulsar la investigación periodística sobre el tema, destaca el informe.

AFP