El “problema” de las reformas judiciales en Polonia, lejos de una solución para Bruselas
La Comisión Europea estimó este lunes que todavía queda “mucho por hacer” para solucionar el “problema” de las controvertidas reformas del sistema judicial de Polonia, cuyo presidente, Andrzej Duda, propuso modificaciones antes de dar marcha atrás parcialmente horas después.
“Todavía queda mucho por hacer antes que podamos decir que se solucionó el problema”, aseguró el vicepresidente del ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, al término de una reunión de los ministros de Asuntos Europeos del bloque con el Estado de derecho polaco sobre la mesa.
Polonia está en el punto de mira de Bruselas desde el regreso al poder del Partido Ley y Justicia (PiS, nacionalista conservador) en 2015 y, especialmente, por su controvertida reforma global del sistema judicial que, a juicio de la Comisión, perjudica al Estado de derecho y a la independencia judicial.
Después de una primera reforma del Tribunal Constitucional, Bruselas decidió abrir en 2016 un, por el momento infructuoso, diálogo con el gobierno polaco, ya que desde entonces Varsovia ha aprobado otras reformas en el ámbito judicial que han hecho saltar las alarmas en Bruselas.
A finales de julio, Timmermans, encargado del diálogo con Varsovia, expresó incluso la disposición de la Comisión a activar “inmediatamente” el artículo 7 de los tratados europeos, un procedimiento inédito en el bloque, que podría conducir a la suspensión del derecho a voto de Polonia en el seno de la UE.
– Sin mayoría para reformar –
En este contexto, el presidente polaco presentó este lunes modificaciones a dos de las reformas criticadas por Bruselas -la del Consejo Nacional del Poder Judicial y la del Tribunal Supremo- y, ante las cuales Duda, próximo al partido gobernante de la primera ministra Beata Sdzylo, ya había impuesto su veto.
El jefe del Estado polaco propuso así reforzar sus poderes en el procedimiento de nombramiento de magistrados, máxime cuando Bruselas ya había criticado el poder otorgado al ministro de Justicia en la propuesta del gobierno vetada por Duda.
“Llegado el caso de que en un plazo de dos meses la Dieta [la Cámara baja] no designase, por una mayoría de tres quintos, a los miembros del Consejo Nacional del Poder Judicial, entonces el presidente podrá elegir a sus miembros entre los candidatos presentados”, explicó Duda.
Esta alternativa necesitaba, a su juicio, de una reforma de la Constitución, que no contaría finalmente con la mayoría necesaria, por lo que Duda dio marcha atrás.
“No hay posibilidad de que se apruebe esta enmienda”, ya que los dos principales partidos opositores, Plataforma Cívica (PO, centrista) y Nowoczesna (Liberal), se negaron a ello, explicó horas después.
Respecto al Tribunal Supremo, su propuesta consiste en reforzar sus poderes para mantener en actividad a los jueces que alcancen la edad de jubilación.
– Sin elección para sancionar –
Independientemente del contratiempo, Timmermans ya había anunciado que podría tomar una decisión respecto a Polonia “más tarde este año”, si Varsovia sigue desoyendo los consejos de Bruselas y no pone fin a las “amenazas sistémicas” contra el Estado de derecho y la independencia de los jueces.
“Hay un amplio apoyo del Consejo [de la UE] para tratar de hallar una solución”, agregó en un contexto en que París y Berlín elevan el tono contra la “política preocupante” de Varsovia, en palabras del presidente galo Emmanuel Macron.
Según una fuente diplomática, “la Comisión no tiene realmente elección y tendrá que activar el artículo 7”, aunque las medidas de sanción previstas en el marco del diálogo sobre el Estado de derecho tienen pocas posibilidades de prosperar ya que necesita la unanimidad del resto de socios europeos y Hungría ya anunció su veto.
Polonia se ha convertido en la piedra en el zapato de una UE que enfrenta su mayor crisis política con la retirada prevista a finales de 2019 de Reino Unido, el primer país en marcharse en seis décadas de proyecto europeo.
Bruselas mantiene abiertos también varios procedimientos de infracción contra Polonia por su reforma de los tribunales ordinarios, por su negativa a acoger refugiados y a paralizar la tala de árboles en un bosque protegido, que podrían saldarse con duras sanciones económicas.
