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Una imagen tomada el 4 de agosto de 2017 y difundida por la empresa minera rusa Alrosa muestra la operación de rescate en la mina de diamantes Mir, en la República de Sajá, a unos 4.000 kilómetros al este de Moscú

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El nivel del agua subía este jueves en la mina siberiana inundada donde ocho empleados están desaparecidos desde el viernes, complicando la labor de los socorristas, informaron las autoridades y la compañía Alrosa, propietaria del yacimiento.

"El nivel del agua (...) sigue subiendo. El agua subterránea está llenando las canteras", informaron este jueves Alrosa y la oficina siberiana del Ministerio de Situaciones de Emergencia en un comunicado conjunto.

El pasado viernes, 300.000 metros cúbicos de agua contenidos en una cantera adyacente inundaron los túneles de la mina Mir, en la República de Sajá, unos 4.000 kilómetros al este de Moscú.

Había 151 trabajadores en la mina en el momento de los hechos, pero 142 pudieron ser evacuados inmediatamente, y otro apareció un día después con síntomas de hipotermia.

Los intentos de comunicarse con los ocho desaparecidos han sido infructuosos hasta el momento. Los socorristas instalaron potentes bombas de extracción para intentar impedir la subida del agua.

"La situación es complicada: hay muchos derrumbes, grandes tapones de barro. La mayoría de las canteras están inundadas pero seguimos con las operaciones de rescate", explicó un ministro adjunto del Ministerio de Situaciones de Emergencia, Vladlen Axionov, citado en el comunicado.

La mina subterránea Mir se sitúa en un yacimiento explotado desde 1958 en la República de Sajá, en el extremo oriental de Rusia.

Inicialmente, el yacimiento de Mir era una cantera de 1,3 km de profundidad y con un diámetro de más de 500 metros, hasta que se convirtió en un yacimiento a cielo abierto en 2001. En 2009, se abrió en el lugar una mina subterránea, y ahora produce un millón de toneladas anuales de mineral.

El comité de investigación ruso, que se encarga de los principales casos en el país, anunció el lunes la apertura de una investigación para identificar posibles violaciones de las medidas de seguridad, un delito que se castiga con hasta tres años de cárcel.

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AFP