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El coronavirus refuerza el autoritarismo en Medio Oriente y el norte de África

Un miembro de las Fuerzas Auxiliares del ministerio del Interior de Marruecos patrulla el 27 de marzo de 2020 en el barrio de Takadum para evitar que los habitantes de Rabat salgan de sus casas afp_tickers
Este contenido fue publicado el 29 marzo 2020 - 11:30
(AFP)

Los derechos humanos, maltratados ya en Medio Oriente y norte de África, se ven aún más fragilizados por las drásticas medidas tomadas para hacer frente a la epidemia del coronavirus.

Ante la pandemia, cerca de la mitad de la humanidad está confinada y a veces estrechamente vigilada.

La población apoya mayoritariamente las medidas adoptadas, aunque algunas voces se elevan para advertir sobre sus repercusiones en los derechos humanos.

Esta preocupación vale particularmente para Medio Oriente y África del norte (Mena), donde mas precarios son esos derechos, numerosos los regímenes autoritarios y escasos los contrapoderes democráticos.

En varios de esos países, contrastan las imágenes de avenidas vacías recorridas por vehículos militares encargados de hacer respetar los confinamientos, con las de los movimientos populares que, en 2019, provocaron la caída de gobiernos y jefes de Estado en Argelia, Irak, Líbano o Sudán.

Hasta ahora se han registrado oficialmente 42.000 casos de covid-19 y 2.600 fallecimientos en la región Mena, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que exhortó a las autoridades a adoptar drásticas medidas contra la epidemia y a ser transparentes.

La primera parte del mensaje parece haber sido mejor comprendido que la segunda.

- Ejército en la calle -

En Jordania, el rey Abdalá firmó un decreto otorgando poderes excepcionales al gobierno. Los blindados han sido desplegados en las calles, y centenares de personas detenidas por no respetar el toque de queda.

En Marruecos el ejército también hizo su aparición en Rabat para garantizar sin miramientos el respeto al "estado de urgencia sanitaria".

"La gente pide más orden (...). Asistimos a una gran operación para relegitimar políticamente (...) al rol del Estado en tiempos de coronavirus", estima un periodista marroquí que requiere el anonimato.

En Israel suscita debate que el servicio de seguridad interior Shin Beth, habitualmente centrado en el antiterrorismo, esté ahora autorizado a recolectar datos sobre los ciudadanos para luchar contra el virus. Esta decisión del primer ministro Benjamin Netanyahu ha generado polémica en un contexto de crisis política.

En un editorial en el Financial Times, el antropólogo israelí Yuval Noah Harari afirma que "la epidemia podría suponer un hito decisivo" ya que "el recurso a instrumentos masivos de vigilancia" expone a los ciudadanos a un control cada vez más intrusivo.

- Máquina judicial -

En Argelia, un año después del inicio de un inédito movimiento de protesta popular, la emergencia de la pandemia ha puesto fin --¿temporalmente?-- a las manifestaciones semanales, pero no a la maquinaria judicial, según temen las ONGs.

"El Hirak (movimiento argelino de protesta) ha suspendido su movilización debido al coronavirus pero el gobierno no ha suspendido su represión", afirma en Twitter el director adjunto para la región Mena de Human Rights Watch, Eric Goldstein.

Cambien en Líbano el movimiento de protesta es víctima colateral del virus: tras meses de movilización, los campamentos instalados en el centro de Beirut han sido desmantelados por la policía en la noche del viernes al sábado.

La situación en Túnez, joven y frágil democracia, genera interrogantes, pues el país es también un antiguo Estado policial cuyas fuerzas de seguridad han sido poco reformadas.

La Liga tunecina de derechos humanos (LTDH) pidió aclaraciones sobre las medidas de confinamiento, para limitar acciones arbitrarias, tras la denuncia en internet de duras intervenciones policiales contra personas que alegaron salir con motivos justificados a la calle.

- Presos de conciencia -

En Egipto, un país desprovisto de prensa y de una justicia independientes, las familias de presos de conciencia han alertado ante la posible irrupción del virus en las atestadas prisiones del país, de muy escasa higiene.

Según las ONGs, Egipto tiene unos 60.000 presos políticos. Amnistía Internacional ha pedido la liberación "inmediata e incondicional" de los detenidos de opinión, pero solamente 15 disidentes políticos han sido liberados.

En el Golfo varias ONGs también han instado a liberar a defensores de derechos humanos, como Ahmed Mansour en los Emiratos, o Nabil Rajab en Bahráin. Según HRW las cárceles están superpobladas, y en ellas reina la insalubridad y un acceso limitado a los cuidados médicos.

"Ante la pandemia ¿no es acaso momento para liberar a los presos de opinión?", se interrogó en Twitter el militante kuwaití Anwar al-Rashid.

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