El decreto de Trump deja en el limbo a los refugiados butaneses en Nepal
Tras dos décadas esperando, la butanesa Kalimaya Magar había regalado sus pertenencias y estaba a punto de dejar su campo de refugiados en Nepal para empezar una nueva vida en Estados Unidos. Antes del decreto de Donald Trump.
Kalimaya pertenece a una etnia de origen nepalí y, junto a su marido y sus hijos, tenía previsto viajar esta semana al estado estadounidense de Vermont.
Pero el decreto firmado el 27 de enero por el nuevo presidente estadounidense, que prohíbe la entrada en el país de refugiados, ha frustrado su futuro.
“Ahora mi esperanza de libertad en una vida nueva de refugiada es solo un sueño”, lamenta Kalimaya ante un periodista de AFP en el campo de Beldangi.
A principios de los años 1990, más de 100.000 miembros de esta etnia nepalí mayoritariamente hindú huyeron de Bután, un pequeño país situado entre India y China.
Los refugiados se sentían entonces perseguidos por las nueves leyes destinadas a reforzar la identidad budista de Bután.
Desde 2007, tras el fracaso de las negociaciones entre los dos países limítrofes, 90.000 de esos butaneses fueron acogidos en Estados Unidos pero 100.000 de ellos todavía viven en campos de refugiados en Nepal.
Aunque el decreto de Trump está de momento suspendido, su futuro parece más incierto que nunca.
“Hemos oído rumores pero no tenemos ninguna información sobre si podremos irnos o no, ni tampoco cuándo”, dice Kalimaya Magar.
El portavoz del departamento de Estado estadounidense tampoco precisó cuáles serán las consecuencias del decreto para los refugiados butaneses. “Estamos trabajando estrechamente con nuestros juristas, las distintas agencias y nuestros socios en el extranjero para aplicar la decisión”, indicó.
– Con las bolsas preparadas –
El decreto de Trump, que ha desatado una ola de protestas en todo el mundo, suspende durante 120 días la acogida de refugiados (en el caso de los sirios, de manera permanente) y cierra las puertas durante 90 días a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.
Según datos de la Agencia de la Onu para los Refugiados (ACNUR), al menos 20.000 refugiados tenían previsto viajar Estados Unidos en los 120 días posteriores al decreto, dentro del plazo durante en el que en principio debía aplicarse.
El pasado viernes, sin embargo, un juez federal suspendió temporalmente la orden y el domingo un tribunal federal rechazó un recurso del Gobierno para que la prohibición volviera a aplicarse.
Para Aitemaya Tamang, esta batalla judicial no cambia nada al hecho de que un día antes de su viaje le dijeron que ni ella ni su familia podían pisar suelo estadounidense.
“Estoy estupefacta y preocupada”, dijo a AFP esta mujer de 26 años. “Quería ir [a Estados Unidos] para trabajar, para alimentar a mi familia y para enviar a mi hijo a una buena escuela. Ahora no sé lo que va a pasar”.
Aitemaya ya había preparado sus bolsas, que siguen en el suelo de su tienda del campo de refugiados. Las etiquetas llevan el nombre de su destino, Carolina del Norte, que ahora parece más lejano que nunca.
