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El Gobierno francés aprobará la reforma laboral sin que vote el Parlamento

Manuel Valls anuncia el uso del polémico artículo 49.3 en la Asamblea Naciona, este martes 10 de mayo en París afp_tickers

Confrontado a la rebelión de diputados de izquierda, el Gobierno de Francia decidió este martes aprobar sin voto del Parlamento una nueva ley laboral, contra la cual se multiplican las manifestaciones desde hace dos meses.

El presidente galo, el socialista François Hollande, convocó a primera hora de la tarde un Consejo de Ministros extraordinario, que autorizó el recurso a un artículo de la Constitución, el 49.3, que permite evitar el voto parlamentario invocando la responsabilidad del Gobierno.

En tal caso, según la Constitución, la ley es aprobada salvo si se presenta y adopta una moción de censura al Gobierno. El primer ministro Manuel Valls anunció poco después en la Asamblea Nacional (la Cámara baja) el recurso a ese artículo, argumentando que “la reforma debe hacerse” y “el país debe avanzar”.

Esta reforma laboral, presentada como el último proyecto importante del mandato de Hollande, desató las mayores protestas sociales desde que asumió la presidencia, en 2012.

Desde el 9 de marzo, sindicatos de asalariados y de estudiantes organizaron media docena de manifestaciones nacionales, algunas de las cuales dieron lugar a enfrentamientos con la policía.

Compartiendo las inquietudes de los manifestantes, varias decenas de diputados de izquierda indicaron que no votarían a favor del texto.

Dado que sin ellos no tendría mayoría, el gobierno decidió recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, que había utilizado ya en 2015 para hacer adoptar otra reforma económica que no recogía la mayoría requerida en la Asamblea.

La oposición de derecha ya anunció que está preparada para presentar una moción de censura y exhortó a los diputados de izquierda hostiles al proyecto a ser “coherentes” y a votarla. Los comunistas y el dirigente de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon llamaron también a censurar al Gobierno.

Los diputados socialistas llamados “rebeldes”, por oponerse al giro liberal de la política de Hollande, podrían ser reticentes a hacer caer al Gobierno, pero esa hipótesis no está totalmente excluida. Uno de ellos, Christian Paul, indicó que van a reunirse para decidir “colectivamente” su posición.

Según el Gobierno, el proyecto de ley laboral apunta a dar mayor flexibilidad a las empresas para luchar contra el desempleo. El texto da mayores poderes a las empresas en materia de organización del tiempo de trabajo y de despidos.

Sus detractores consideran que aumentará la precariedad laboral y que la primacía dada a la negociación por empresas sobre las negociaciones por ramas profesionales significará que la ley no será la misma para todos los asalariados.

Fuentes del Gobierno anunciaron el martes que una de las medidas más polémicas del proyecto de ley, el despido por motivos económicos, no será finalmente incluido.

Las grandes empresas francesas no podrán por lo tanto, como estaba inicialmente contemplado, limitarse a presentar dificultades en sus filiales dentro del país para despedir a sus trabajadores.

– “Insulto al pueblo” –

Desde hace dos meses, sindicatos de asalariados y de estudiantes se manifiestan contra el proyecto. En el marco de esa movilización, nació el movimiento ciudadano Noche en Pie, que ocupa la emblemática plaza de la República de París y otras plazas en diversas ciudades del país.

Ni bien se anunció la decisión del gobierno, Noche en Pie afirmó en un comunicado que la adopción de la ley laboral sin voto del Parlamento es “un insulto al pueblo”.

“Esta denegación de democracia después de un movimiento social que ha agrupado a cientos de miles de personas en las calles, en las empresas, en las universidades, en los institutos secundarios y en las plazas de Francia, es un insulto al pueblo”, dijo el movimiento en un comunicado.

Con la decisión tomada el martes de imponer la ley eludiendo el debate parlamentario, el Gobierno francés, ya impopular, corre el riesgo de aumentar el descontento de sus propios electores.

Y compromete con ello aún más las posibilidades de la izquierda para la elección presidencial de 2017, cuando el presidente Hollande bate récords de impopularidad en las encuestas de opinión.

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