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El poder iraní, dividido sobre cómo responder a las protestas

Hasan Rohani, durante una reunión con sus ministros el pasado 31 de diciembre en Teherán, en una imagen divulgada por la presidencia iraní afp_tickers

Las autoridades iraníes aparecen divididas sobre qué medidas tomar para dar respuesta al descontento popular que originaron las recientes protestas: el presidente Hasan Rohani aboga por mayores libertades, pero choca con la resistencia de un campo conservador reticente.

“Decir que las reivindicaciones de la población se limitan a cuestiones económicas (…) es errar el tiro”, declaró este lunes Rohani, citado en un comunicdo de la presidencia.

“El problema que tenemos es la distancia que separa a los dirigentes de la generación joven. Nuestra manera de pensar es diferente de su manera de pensar (…) El problema es que queremos que la generación de nuestros nietos viva como nosotros”, agregó el presidente.

Del 28 de diciembre al 1 de enero, hubo manifestaciones acompañadas de violencia en decenas de ciudades del país para protestar contra la carestía de la vida y el poder. Dejaron 21 muertos.

Las autoridades, de todas las tendencias, hablan de “reivindicaciones legítimas” contra la carestía y el desempleo, al tiempo que condenan “la violencia”.

– ‘Libertades civiles’ –

Los manifestantes corearon consignas contra el poder en su conjunto, metiendo en el mismo saco a los conservadores y al presidente Rohani, un moderado reelecto en mayo con el apoyo de los reformistas.

“La gente tiene reivindicaciones económicas, políticas, culturales y sociales”, afirmó este lunes Rohani, que tiene un poder limitado frente al Guía Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y las otras instituciones controladas por los conservadores.

“Aunque las cuestiones económicas tienen un gran rol en las protestas, la solución a estos problemas pasa por reformas políticas (…) y más libertades civiles”, afirmaron dieciséis responsables reformistas en una carta abierta.

Este lunes, los periódicos reformistas y el diario gubernamental Irán dedicaron sus portadas a la decisión del Consejo municipal de Teherán, controlado por los reformistas, de designar un lugar público para las concentraciones y protestas, siguiendo el modelo de Hyde Park en Londres.

Pero el diario ultraconservador Kayhan denunció esta iniativa y criticó a los “pretendidos reformistas que quieren cambiar la naturaleza del problema”. “Han olvidado que la gente (…) protestó primero contra ellos”, afirmó el diario.

Más allá de los ataques, las decisiones económicas del gobierno están en el corazón del debate, en un momento en que el Parlamento examina el proyecto de ley de finanzas presentado por Rohani para el año iraní que comienza el 21 de marzo.

La comisión presupuestaria especial del Parlamento ya excluyó aumentar los precios de la gasolina y los suministros de agua, electricidad y gas, como quería el gobierno.

– ‘Interés del país’ –

Un aumento de precios no juega “en absoluto en interés del país”, consideró el presidente del Parlamento, Alí Lariyani, que abogó por medidas de ayuda a los sectores sociales más desfavorecidos, cuando el desempleo alcanza oficialmente el 12% (casi un 30% entre los jóvenes de 15 a 24 años).

Rohani criticó al Parlamento, considerando que no es su función cambiar los objetivos presupuestarios.

No se puede “no corregir los precios y no aumentar los impuestos” y al mismo tiempo “aumentar los salarios y ocuparse de los pobres”, afirmó el presidente, acusado por los conservadores de deriva liberal.

Rohani construyó su campaña electoral sobre la promesa de una mejora económica gracias al levantamiento parcial de las sanciones extranjeras contra Teherán, tras el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní alcanzado en julio de 2015, obra maestra de su primer mandato (2013-2017).

Pero las consecuencias económicas concretas de este acuerdo -criticado por una parte de los conservadores- tardan en dejarse sentir. Y la incertidumbre provocada por la actitud del presidente de EEUU, Donald Trump, que amenaza periódicamente con sacar a su país del acuerdo, contribuye a enfriar un poco más el ardor de los inversores extranjeros interesados por Irán y que el país necesita para relanzar su economía.

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