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El Supremo de EEUU rechaza una demanda de Arkansas para llevar a cabo una ejecución

Prisioneros en el corredor de la muerte, en una composición difundida el 17 de marzo de 2017 por la prisión estatal de Arkansas. Don Davis es el primero de la izquierda de la fila superior afp_tickers

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el lunes una solicitud de última hora de las autoridades del estado de Arkansas para llevar a cabo su primera ejecución en más de una década.

La decisión supone un nuevo revés para este estado sureño, donde se planeaban ocho ejecuciones entre el 17 y el 27 de abril, una secuencia a un ritmo sin precedentes.

El Supremo rechazó un recurso de la fiscal general del estado de Arkansas con el objetivo de obtener permiso para proceder a la ejecución de Don Davis, el primero de los presos que iba a ser ejecutado este mes de abril.

El Tribunal Supremo de Arkansas había bloqueado el lunes las ejecuciones de Don Davis y de otro condenado, programadas para esa noche, tras un recurso de sus abogados solicitando que fueran postergadas.

Pero a su vez la fiscal general del estado, Leslie Rutledge, interpuso rápidamente un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos pidiendo permiso para ejecutar a Davis.

Estas decisiones tienen lugar después de que el estado de Arkansas sufriera una serie de reveses legales en su empeño de apresurar las ejecuciones, pues uno de los medicamentos usados, el midazolam, estaba a punto de caducar.

Davis cenó el lunes por la noche la que, de no mediar la decisión del Tribunal Supremo del país, pudo haber sido su “última comida” en la unidad donde está situada la cámara de ejecuciones, según el Departamento Correccional de Arkansas.

El condenado cenó pollo frito, pan, frijoles, puré de patatas y pastel de fresas.

La serie de impedimentos legales constituye un gran retroceso para el gobernador de Arkansas, el republicano Asa Hutchinson, quien ha presionado por acelerar las ejecuciones mientras se acerca la fecha de caducidad del midazolam.

Las drogas usadas en las inyecciones letales en varios estados estadounidenses -19 de 50 ya no ejecutan presos- se han vuelto cada vez más difíciles de conseguir. Muchas compañías farmacéuticas, particularmente de Europa, prohíben venderla para ejecuciones.

Aunque las inyecciones letales son indoloras, los oponentes a la pena de muerte dicen que se corre el riesgo de complicar las ejecuciones, con los condenados agonizando durante largos minutos, lo que es inaceptable.

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