El Supremo inflige un revés a la administración Obama con un fallo sobre información privilegiada
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rehusó revisar el lunes un notorio caso de delito de iniciados, infligiendo un fuerte revés a la administración del presidente Barack Obama en su lucha contra la delincuencia de cuello blanco.
Esta decisión del alto tribunal podría alentar una serie de anulaciones de resoluciones contra, empresarios, banqueros, operadores y gerentes de portafolios inculpados por haber obtenido o recibido informaciones confidenciales sobre una empresa que les reportaron importantes beneficios.
En efecto, el departamento de Justicia (DoJ) había recurrido al Supremo para solicitarle revertir una decisión de diciembre de 2014 de un tribunal de apelaciones que daba la razón a Todd Newman y Anthony Chiasson, gerentes de los fondos de inversión estadounidenses Diamondback Capital Management y Level Global Investors respectivamente, ambos con sede en Connecticut (noreste). El tribunal de apelaciones había estimado que los argumentos en que se basaban las condenas de los dos hombres por delito de iniciados no eran suficientemente sólidos.
Los ejecutivos habían sido considerados culpables de haberse beneficiado con información privilegiada sobre las empresas Dell y Nvidia, brindada por empleados de estas empresas. Pero el tribunal de apelaciones había considerado que la fiscalía no había demostrado que Newman y Chiasson sabían que esos individuos habían actuado en su beneficio personal.
En consecuencia, anuló la decisión adoptada en primera instancia, anulando prácticamente los esfuerzos del fiscal de Nueva York Preet Bharara, quien en los últimos años había logrado una serie de victorias en la lucha contra la delincuencia de cuello blanco.
Con esta decisión, “estamos persuadidos de que habrá una categoría de comportamiento que permanecerá impune en el futuro”, comentó el lunes Bharara, en una conferencia telefónica con los periodistas. Según él, esta decisión será un “golpe de suerte para los amigos y familias de personas afortunadas”, que con frecuencia detentan información a la que la gente común no tiene acceso.
Afectará, según Bharara, a cerca de 10% del centenar de condenas dictadas en casos de delitos de iniciados. En efecto, la decisión del Supremo era muy esperada por acusados y abogados de importantes delitos cometidos por uso ilegal de información privilegiada.
