El Tribunal de la UE rechaza el acuerdo UE-Canadá sobre datos de pasajeros aéreos
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rechazó este miércoles el acuerdo previsto entre la UE y Canadá sobre la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros aéreos (PNR) firmado en 2014.
“El acuerdo sobre el PNR no puede celebrarse en su forma actual, dada la incompatibilidad de varias de sus disposiciones con los derechos fundamentales reconocidos por la Unión”, declaró el dictamen del TJUE.
El acuerdo, que apunta a luchar contra el terrorismo y las formas graves de criminalidad internacional, permite la transferencia sistemática y continua de datos del conjunto de los pasajeros aéreos de la UE a una autoridad canadiense.
También contempla la eventual transferencia posterior de esos datos a otras autoridades o países y su almacenamiento durante cinco años.
Para el tribunal, “la transferencia de datos del PNR de la Unión a Canadá así como las normas del acuerdo previsto sobre la conservación de los datos, su utilización y su eventual transferencia posterior a autoridades públicas canadienses, europeas o extranjeras implican una injerencia en el derecho fundamental al respeto de la vida privada”, según el comunicado publicado.
“Asimismo, el acuerdo previsto implica una injerencia en el derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal”, indicó el comunicado.
El Parlamento Europeo, al que el Consejo de la UE había pedido que aprobara el proyecto de acuerdo, había decidido solicitar la opinión del TJUE antes de pronunciarse.
Esta decisión del TJUE era muy esperada pues la UE acaba de crear su propio registro europeo de datos de pasajeros aéreos tras cinco años de ásperos debates.
La Comisión Europea indicó en un comunicado que toma conocimiento de la opinión del TJUE y aseguró que examinaría “minuciosamente su potencial impacto” con respecto a Canadá, pero también en relación a sus otros socios internacionales.
“Los intercambios de información, como en este acuerdo, son cruciales para la seguridad de nuestros ciudadanos”, estimó sin embargo el comisario europeo encargado de las cuestiones de seguridad, Julian King, citado en el comunicado.
Los Estados miembros tienen dos años para transponer la directiva en su legislación.
